Vanti debe reembolsar a los usuarios parte del dinero que cobró desde enero en las facturas de gas natural

Este año, más de 2,5 millones de hogares del centro de Colombia debieron asumir un aumento de la tarifa de gas natural de hasta un 36%. El alza de las facturas de Vanti, la mayor distribuidora del país, desajustó las finanzas familiares y volvió a poner el foco en la escasez de este hidrocarburo. La compañía aseguraba que el aumento se debía, entre otros factores, a su necesidad de importar gas, mientras que el Gobierno sostenía que no era necesario. En febrero, el presidente Gustavo Petro pidió investigar lo ocurrido, y este miércoles la discusión quedó zanjada con la decisión de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios), que es parte del Ejecutivo, de ordenarle a la distribuidora que ajuste sus tarifas hacia abajo y compense a los usuarios por el cobro, que considera indebido.

La Superintendencia ha dado a conocer su decisión en un comunicado de prensa difundido este miércoles, en el que explica una resolución expedida el pasado 6 de mayo. Señala que un contrato con Ecopetrol demuestra que Vanti “disponía de suficiente gas, pero que decidió reportar de forma irregular una disponibilidad menor e insuficiente con el propósito de justificar la importación de gas con destino a la demanda residencial”. La entidad encargada de vigilar a las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios encontró que el incremento, de 4,95% en enero y 35,5% en febrero, fue injustificado, “puesto que la empresa contaba con las reservas suficientes de gas natural nacional para suplir la demanda esencial”.

“Dado que el gas importado tiene un precio mayor, este hecho le sirvió [a Vanti] de argumento para incrementar las tarifas a las familias y demás personas naturales”, explica la Superservicios, que considera que esta conducta “constituye un incumplimiento de la obligación de prestar de forma eficiente el servicio público”. Por tanto, le impone a la compañía un programa de gestión, una figura creada en 2015 como un nuevo un mecanismo de control y vigilancia para mejorar la prestación de los servicios públicos, pero que no se había aplicado nunca. La Superintendencia ha ordenado que “la devolución o compensación a más de 2,5 millones de usuarios en Bogotá y Cundinamarca deberá ser del 100% del valor total cobrado indebidamente”, e incorpora disposiciones para que Vanti no vuelva a incurrir en esos cobros. También ha aclarado que la medida no constituye una sanción, aunque ordena que se remitan copias a los entes de control y a la Fiscalía, para que determinen si deben investigar a la compañía, que tiene como accionista mayoritario al fondo canadiense Brookfield.

Horas después de conocerse la decisión de la Superintendencia, Vanti emitió un comunicado en que rechaza lo que considera unas medidas “injustificadas” que, según dice, fueron tomadas “con desconocimiento de la regulación vigente”. Afirma también que en la postura del ente regulatorio hay una “violación al debido proceso” y reclama por una desatención a las respuestas que ha dado las veces en que se les ha pedido requerimientos. En el comunicado anuncia también que interpondrá acciones legales contra la Superintendencia y pedirá el acompañamiento de la Procuraduría.

La compañía asegura que la decisión “genera inestabilidad en la prestación del servicio”, y añade que se tomó en un momento en que ya está trabajando junto a otras entidades del Gobierno para paliar las consecuencias del déficit de gas natural en Colombia. En el texto, la empresa reitera su intención de mantener una audiencia con la Superintendencia (según dice, no acogida todavía) o con la Presidencia para explicar su actuación, que considera que está “dentro del marco legal y regulatorio vigente”.

Vanti no es la única distribuidora de gas natural domiciliario que ha aplicado alzas en las tarifas. La compañía Alcanos, propiedad de la petrolera de mayoría estatal Ecopetrol, cubre el suministro de departamentos como Tolima, Huila, Caquetá y Cauca, y ha aumentado los precios entre el 40% y el 50%. Y Empresas Públicas de Medellín ha adelantado que hará un ajuste del 20% o 22%. Tanto expertos como la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) han venido alertando que el aumento de las tarifas es efecto de “una muerte anunciada”, pues no hay suficiente extracción en Colombia para suplir la demanda de los próximos años.

Las primeras alertas del problema las emitió el Ministerio de Minas y Energía en 2007; y en 2016, durante la Administración de Juan Manuel Santos, se empezó a importar de forma muy esporádica. Gran parte de ese gas extranjero se ha comprado durante las temporadas de sequía, para potenciar el funcionamiento de las plantas termoeléctricas que se prenden ante el desabastecimiento de las hidroeléctricas, pero no ha ido al consumo de los hogares.

Aunque la falta de preparación se remite a Gobiernos anteriores, los gremios del ramo señalan que el Gobierno Petro, en su proyecto de transición energética, ha aplazado la firma de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. Varios actores apuntan a que 2026 puede ser un año crítico, en el que probablemente subirán las tarifas. Lo que establece la decisión de la Superintendencia es que, mientras haya suficiente gas natural, los usuarios no deben pagar el precio de la poca previsión.