Trans adultas mayores argentinas exigen una reparación histórica: “Seguimos siendo parias”

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Es un sábado soleado en la Plaza de Mayo, en la explanada de cemento rodeada de pasto siempre recién cortado que fue escenario de gran parte de la historia argentina. Entre turistas que pasean y toman fotos del palacio de Gobierno, una fila de mujeres trans lidera a unas tres decenas de personas. Sostienen un cartel enorme y caminan alrededor de una pirámide en medio de la plaza. Es el mismo monumento donde hace más de 40 años, madres de personas desaparecidas a manos de la dictadura cívico-militar caminaban reclamando información sobre sus hijos e hijas. Las Madres de Plaza de Mayo se movían porque las reuniones públicas de más de tres personas estaban prohibidas.

Hoy las que caminan son mujeres trans adultas mayores, sobrevivientes de violencia a manos de aquella dictadura, de la policía durante gobiernos democráticos que le siguieron y de la discriminación, que nunca se detuvo. Son las que, contra todo pronóstico, superaron la cifra que estima la expectativa de vida del colectivo en 37 años.

Caminan alrededor de la pirámide, sobre los pañuelos blancos de las madres pintados sobre las pequeñas baldosas rojas, porque el año pasado, cuando hicieron el recorrido de siete cuadras desde la plaza hacia el Congreso, en el marco de la segunda protesta nacional por la reparación histórica en la misma fecha, fueron reprimidas por la policía.

“Nos han tratado mal toda la vida, nos han golpeado, nos han maltratado,” dice Claudia Susana Cepeda, de 69 años, quien llegó a Buenos Aires a los 18 y sobrevivió durante décadas ejerciendo trabajo sexual y ahora, cuando la fuerza se lo permite, limpia casas para comer. “Queremos por lo menos vivir nuestros últimos años tranquilas, disfrutar un poco después de tanto mal”.

Cepeda es una de las fundadoras de Las Históricas, un movimiento nacional que exige que el Estado Argentino les brinde una reparación por los abusos que sufrieron durante décadas. “Toda nuestra vida nos han expulsado del sistema educativo, del sistema de justicia, nos han matado, nos han expulsado de lo privado, cuando ni siquiera podíamos sentarnos en un restaurante a comer. Es por todo eso y más que exigimos una reparación,” dice Erika Noely Moreno, de 50 años, quien vive desde hace 30 años en Ushuaia, en el extremo sur del país, y vino a Buenos Aires a participar de la protesta.

“Queremos una vejez digna, no morir en la pobreza, invisibilizadas y en la miseria. Eso es lo único que buscamos. La reparación histórica es cuidar nuestras vejeces trans,” explica Dana Valiente, de 53 años, otra de las fundadoras de Las Históricas que llegó a Buenos Aires desde Misiones, una provincia al norte del país.

La comunidad LGBTI+ en Argentina, con las mujeres trans a la cabeza, ha sido pionera en la conquista de derechos de las diversidades de género a nivel mundial. En las últimas dos décadas han logrado la aprobación del matrimonio igualitario; la ley de identidad de género que permite, entre otras cosas, el cambio del género en documentos de identificación sin necesidad de reasignación sexual y el acceso a tratamientos hormonales en el sistema de salud pública así como el cupo laboral trans dentro de dependencias estatales.

Pero en los últimos años ha habido retrocesos. Desde que llegó al poder, en diciembre de 2023, Javier Milei impulsó una agenda regresiva, en particular, frente a los derechos del colectivo LGBTI+. El Gobierno modificó por decreto la Ley de Identidad de Género, limitando el acceso a tratamientos hormonales y de reasignación de género para personas menores de 18 años. También estableció que, en el ámbito penal, las personas cumplan sus penas en línea con el sexo asignado al nacer, lo que puede impactar en los lugares en los que las personas trans son detenidas. Milei también llevó adelante un recorte masivo de programas sociales, en particular áreas de género y diversidad.

El endurecimiento del discurso público antiderechos – acusando públicamente, incluidos en foros internacionales como el de Davos, a personas de la comunidad trans de promocionar el abuso infantil—también ha calado profundo en la comunidad que ha vuelto a ser blanco de campañas públicas de odio.

Erika, quien fue la primera mujer trans en Ushuaia en cambiar el género en su documento en 2012, dice que nada le asusta. “Soy una sobreviviente, todas somos sobrevivientes. Hemos luchado por cada uno de nuestros derechos y hemos conseguido mucho. Lo que me preocupa es que hay muchas compañeras que todavía no consiguen trabajo, que no tienen jubilación, que no llegan a fin de mes, que tienen que seguir intercambiando sexo por dinero a los 60, a los 70 años. Después de tanto, seguimos siendo las parias de la sociedad, de una sociedad que nos sigue castigando por lo que somos, por nuestras identidades,” explica.

“Yo tengo 51 años, pero a veces siento que tengo 300, con todo lo que he pasado, imaginate las que tienen 60 y 70. Pero las travestis no tenemos nada que perder, porque ya perdimos todo. Sin la fuerza que tenemos no hubiésemos sobrevivido, somos indomables y nunca nos van a callar”, dice, y se prepara para subir, una vez más, al gran escenario, esta vez, frente a la casa de Gobierno.

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