Un tribunal de apelaciones permite a Trump revocar el TPS de más de 60.000 hondureños, nicaragüenses y nepalíes

En un golpe más contra las comunidades migrantes de Estados Unidos, una corte federal de apelaciones ha permitido que la Administración de Donald Trump avance con la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para más de 60.000 migrantes originarios de Honduras, Nepal y Nicaragua. El fallo, emitido este lunes, representa una victoria clave para el Gobierno en su intento de desmantelar uno de los programas humanitarios más antiguos del sistema migratorio estadounidense.

En una decisión no firmada, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito levantó una orden judicial que había bloqueado la medida y concluyó que el Gobierno probablemente pueda demostrar que existían razones legítimas para poner fin a las protecciones. El tribunal se apoyó en un fallo reciente del Tribunal Supremo que permitió a la Administración Trump dejar expirar el TPS para cientos de miles de migrantes venezolanos.

“No estamos escribiendo sobre una pizarra en blanco”, opinaron los jueces, al explicar que, aunque las órdenes del máximo tribunal no ofrecieron razonamientos detallados, sí deben “informar” las decisiones de las cortes inferiores.

El TPS permite a personas provenientes de países afectados por guerras, desastres naturales u otras crisis extraordinarias vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos sin temor a la deportación. Según datos oficiales, alrededor de 51.000 hondureños, 7.000 nepalíes y casi 3.000 nicaragüenses están actualmente amparados por el programa.

Los migrantes de Honduras y Nicaragua obtuvieron esa protección tras un devastador huracán en 1999, mientras que los de Nepal fueron incluidos luego del terremoto de 2015 que provocó deslizamientos e inundaciones masivas. En muchos casos, el estatus fue renovado durante años debido a la persistencia de la inestabilidad en esos países.

La decisión judicial llega tras una ofensiva sostenida del Departamento de Seguridad Nacional para reducir drásticamente el alcance del programa. En total, la Administración Trump ha avanzado para eliminar el TPS de más de un millón de personas de al menos ocho países.

En respuesta al fallo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, celebró la decisión en redes sociales. “El TPS nunca se diseñó para ser permanente, pero las Administraciones anteriores lo han utilizado como un programa de amnistía de facto durante décadas”, escribió en X. “Dada la mejora de la situación en cada uno de estos países, estamos concluyendo sabiamente lo que se pretendía que fuera una designación temporal”.

Sin embargo, jueces federales de primera instancia habían ofrecido una visión muy distinta. En diciembre, la jueza Trina Thompson, del Distrito Norte de California, bloqueó la revocación del TPS y sostuvo que la Administración no evaluó adecuadamente las condiciones actuales en los países afectados. También señaló que las decisiones podían estar motivadas por prejuicios raciales.

Thompson escribió en una orden previa que “al estereotipar el programa TPS y a los inmigrantes como invasores que son delincuentes, las declaraciones de Noem promueven la creencia discriminatoria de que ciertas poblaciones de inmigrantes reemplazarán a la población blanca”.

Sin embargo, el Noveno Circuito determinó que el Congreso ha limitado la capacidad de los tribunales para revisar decisiones relacionadas con el TPS. Según el panel, la secretaria de Seguridad Nacional no estaba obligada a considerar “condiciones intermedias” en los países de origen antes de concluir que las emergencias ya no justificaban la protección.

Dos de los jueces que integraron el panel fueron designados por presidentes republicanos —Donald Trump y George W. Bush— mientras que el tercero fue nombrado por el demócrata Bill Clinton. Este último, el juez Michael Hawkins, señaló que su voto se basó exclusivamente en los precedentes recientes del Tribunal Supremo.

Organizaciones defensoras de los migrantes condenaron el fallo y advirtieron sobre su impacto. “La decisión de hoy permite que madres, padres, estudiantes y trabajadores que han vivido legalmente en este país durante décadas sean despojados de su estatus sin siquiera reconocer el daño causado a ellos y a sus familias, ni las contribuciones que han hecho a sus comunidades”, dijo Jessica Bansal, abogada del National Day Laborer Organizing Network, una de las entidades que representan a los beneficiarios del TPS.