La captura de Maduro reactiva la batalla por el TPS para los venezolanos

La captura de Nicolás Maduro en Venezuela ha reactivado la presión en Washington para restablecer el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos en Estados Unidos. Legisladores demócratas, líderes comunitarios y activistas advierten que las condiciones en el país se han vuelto “aún más peligrosas”, que el poder continúa en manos de actores señalados por abusos y violaciones de derechos humanos, y que la represión contra la disidencia se ha recrudecido tras la acción militar estadounidense, mientras el Gobierno de Donald Trump explora vías para negociar la producción de petróleo del país sudamericano.

Un grupo de 70 legisladores demócratas pusieron de relieve la tensión de fondo en una carta a la Administración Trump hace poco más de una semana, donde señalaron que Estados Unidos ha comenzado a negociar con el Gobierno interino de Delcy Rodríguez e indicaron la necesidad de mantener protecciones humanitarias para cientos de miles de venezolanos en el país. Que Washington haya sacado a Maduro y esté redefiniendo su relación con Caracas, sostienen, no es garantía de mayor seguridad para quienes serían forzados a regresar.

“Las condiciones en el país son profundamente inestables y peligrosas, y el régimen venezolano —que permanece intacto—, envalentonado por el respaldo del presidente de Estados Unidos, ha redoblado la represión y la brutalidad desde que se afianzó en el poder”, dice la misiva. “La desastrosa decisión de la Administración Trump de poner fin al TPS para los venezolanos en enero de 2025 se basó en la determinación de que las condiciones en el país habían mejorado. Esa afirmación carecía de fundamento en ese momento y, con el régimen aún en pie, resulta hoy claramente falsa”, agregaron. Ningún legislador republicano firmó la carta.

Al frente de la iniciativa estuvo la congresista demócrata de Florida Debbie Wasserman Schultz, quien señala a EL PAÍS que muchos de sus electores le han dicho que la represión ha aumentado. “A sus familiares en Venezuela los obligan a permanecer en sus casas y tienen que borrar el contenido de sus teléfonos celulares, porque la presidenta interina Delcy Rodríguez ordenó a las fuerzas de seguridad registrar y arrestar a cualquier persona que apoye la salida de Maduro”.

“Hasta que la seguridad y la estabilidad se restablezcan verdaderamente en Venezuela bajo un liderazgo democrático, Estados Unidos debería proteger a los venezolanos que cumplen la ley. En cambio, la Administración Trump les dice a los estadounidenses que no es seguro estar en Venezuela, pero envía a los venezolanos de regreso a la misma dictadura brutal que los obligó a huir”, apunta.

“La captura de Maduro no significó el fin de la dictadura. El aparato represivo permanece intacto”, sentencia Helen Villalonga, venezolana presidenta de la organización pro derechos humanos AMAVEX. Villalonga explica que tras la captura de Maduro, la Asamblea Nacional de Venezuela promulgó decretos que otorgan “amplios poderes a las Fuerzas Armadas y a los organismos coercitivos del Estado para perseguir, detener y castigar a quienes hayan celebrado o apoyado la incursión militar estadounidense”.

Por otra parte, señala que el Gobierno chavista criminaliza a venezolanos deportados simplemente por su percepción política de que son opositores o por haber sido considerados “colaboradores” o “simpatizantes” del operativo que acabó con Maduro tras rejas, agrega Villalonga. Mientras, “figuras centrales del poder señaladas por graves violaciones de derechos humanos continúan ejerciendo control sobre el Estado y sus fuerzas represivas. Eso confirma que no existe una transición democrática ni garantías mínimas de seguridad para quienes regresen”.

Los esfuerzos de los legisladores demócratas no son nuevos. En mayo, por ejemplo, más de un centenar se sumaron a una impugnación judicial para revertir la decisión de poner fin al TPS para los venezolanos. Pero ahora han aprovechado el nuevo escenario para empujar la batalla por los migrantes al centro del debate geopolítico.

Los republicanos de Florida, donde vive la mayor diáspora de venezolanos en Estados Unidos, han impulsado acciones por años defendiendo el TPS, y el Deferred Enforced Departure (DED) —una medida temporal que protege de la deportación— como parte de una agenda dura contra el chavismo. Entre algunos persiste el consenso. La congresista republicana de Miami María Elvira Salazar dijo a EL PAÍS que “Venezuela aún no es un país seguro”, y que “aunque la Administración está trabajando hacia una transición democrática, los tentáculos del régimen siguen en el poder. Mientras Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y la cúpula corrupta sigan controlando el país, ningún venezolano debe ser obligado a regresar”. “El propio Departamento de Estado mantiene a Venezuela bajo alerta máxima de viaje. El TPS para los venezolanos no es una concesión política; es una necesidad humanitaria”, agregó.

En mayo, Salazar y Wasserman Schultz propusieron de forma bipartidista una ley para otorgar TPS a los venezolanos por 18 meses, pero fue rechazada. El TPS es un programa humanitario que permite a personas de países afectados por conflictos, crisis o desastres naturales vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. La Administración de Joe Biden otorgó el TPS a los venezolanos por primera vez en 2021, y lo extendió en 2023.

El año pasado, la Administración Trump, a través de la Secretaria del DHS Kristi Noem, puso fin al TPS para venezolanos, y también numerosos otros países, al concluir que las condiciones en Venezuela ya no justificaban la medida y que mantenerlo socava esfuerzos de seguridad nacional. La designación de 2021 expiró en noviembre pasado y la de 2023 en abril. Se estima que unos 600.000 venezolanos que estaban bajo este amparo se quedaron en el limbo. Muchos residen en el sur de la Florida.