Los migrantes trans, a la deriva en el Estados Unidos de Trump

En julio, Evanna Vásquez llegó al Betances Health Center en Manhattan con la esperanza de recoger su dosis mensual de estradiol. Desde que la peruana migró a Estados Unidos y comenzó su tratamiento de afirmación de género en Nueva York hace un año, esta clínica comunitaria le ha proporcionado la atención médica que necesita. Pero esta vez, el médico la recibió con una noticia que la sorprendió: no había suministros.

Con esta preocupación, llamó a Javier Tejada, el trabajador social que la ha acompañado desde su llegada a la ciudad en 2023. Tejada logró conseguir las dosis que necesitaba, gracias a donaciones, pero la incertidumbre de no saber si el próximo mes podrá acceder a su medicamento se ha vuelto constante. “Unos meses me dan el estradiol inyectable y otros en pastillas. Cada vez que consiguen una donación me contactan”, cuenta Vásquez, de 35 años. “El problema es que yo necesito una dosis doble de estradiol porque lo tengo muy bajo, y eso hace que todo sea más difícil”.

El estradiol es un medicamento que contiene la hormona sexual femenina estrógeno, producida principalmente en los ovarios. En las personas trans juega un papel fundamental en la terapia hormonal de afirmación de género, que se usa para provocar cambios físicos feminizantes como el desarrollo mamario, la redistribución de la grasa corporal, la disminución del vello corporal y la reducción de la masa muscular. Que una mujer trans tenga niveles bajos de estrógeno implica una falta de desarrollo o reversión de características femeninas.

Desde finales de 2024, activistas por los derechos de las personas trans en Estados Unidos reportan que la comunidad se está enfrentando a una escasez de medicamentos de afirmación de género y largos tiempos de espera para consultas médicas en clínicas que ofrecen estos servicios. Esto se intensificó en julio, tras la aprobación de la “gran y hermosa” reforma fiscal de Donald Trump, una ley que prohibió el uso de fondos federales para cubrir tratamientos de afirmación de género y recortó el presupuesto destinado a Medicaid, el programa público de cobertura médica, dejando por fuera a las personas con visas humanitarias, como Vásquez que es solicitante de asilo.

Con la reducción de fondos federales, las personas que quedaron descubiertas de Medicaid están recurriendo a clínicas sin fines de lucro. De la misma manera, puesto que los migrantes indocumentados no tienen acceso a servicios de salud preventiva en Medicaid, también acuden a estas mismas clínicas porque ofrecen opciones a bajo costo o gratuitas para personas sin ingresos.

Esta situación está saturando la capacidad de operación de las clínicas y extendiendo sus tiempos de espera. El impacto sobre las personas trans migrantes es significativo: alrededor de 174.000 de ellas viven en EE UU, muchas de las cuales llegaron al país escapando de la transfobia, la violencia o la falta de atención médica en sus países de origen. En América Latina, las condiciones para las personas trans son tan precarias que su expectativa de vida no supera los 35 años de edad, de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Una avalancha de leyes antitrans

La ley fiscal de Trump tiene como propósito establecido reducir los impuestos y modificar los gastos de diversos programas federales. Sin embargo, ha sido criticada por su manipulación ideológica de los presupuestos federales, y en el sector de la salud determina que está prohibido el uso de fondos federales de Medicaid para procedimientos de afirmación de género, como cirugías y medicamentos hormonales.

Esta legislación se une a una creciente lista de leyes federales y estatales a lo largo del país que limitan los derechos de las personas trans y los derechos sexuales y reproductivos. A comienzos de este año, el Gobierno de Trump cortó la financiación de Planned Parenthood, la organización de salud sexual y reproductiva más grande de EE UU, que provee tratamientos de afirmación de género, para el VIH, anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual.

A esto se suman más de 20 citaciones para investigar a médicos y clínicas que brindan atención médica de afirmación de género a menores por parte del Departamento de Justicia y otros 616 proyectos de ley anti-LGBTQ+ en múltiples Estados del país, de acuerdo a la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU).

Por todos estos ataques y el temor a la llegada del segundo Gobierno de Trump, la demanda de medicamentos de afirmación de género —como el estradiol, la testosterona o la espironolactona— comenzó a aumentar. Trump había anunciado durante la campaña de 2024 que cortaría los fondos federales que financian los medicamentos de afirmación de género, por lo que muchas personas decidieron comprar grandes cantidades para el futuro.

Ahora, no solo está habiendo una alta demanda de estos medicamentos, sino que los tratamientos en clínicas que ofrecen estos servicios también se están saturando.

“Estamos recibiendo referidos de chicas que vienen de otros centros de salud, por la escasez de doctores o de profesionales de la salud a causa de los recortes de presupuesto”, asegura Denise Gutiérrez, directora del programa transgénero de Community Healthcare Network. Esta organización neoyorquina está operando con normalidad porque sus fondos no dependen del Gobierno federal, sino de subvenciones de entidades privadas y dinero de la ciudad.

Cuando Lady Dariana Camas —una mujer trans ecuatoriana de 35 años que vive en el Bronx— llegó a Estados Unidos en 2022, ya estaba recibiendo un tratamiento hormonal de afirmación de género, pero no sentía la presión de hacerse cirugías como la de feminización facial para afirmar su género. Con la vuelta de la Administración Trump, vio por primera vez que sus posibilidades de acceder a esta cirugía se estaban limitando y quiso buscarla lo más pronto posible, pero cuando fue al médico en diciembre de 2024, este le dijo que no tenía disponibilidad hasta el próximo año.

“Ahora con los recortes estoy empezando a sentir que tengo que hacerme la cara rápido, antes de que pase algo y me digan que no”, cuenta Camas. Como ella, otras personas trans están intentando adelantar las cirugías que quieren hacerse por el temor a que los recortes las hagan inalcanzables en un futuro cercano, según Chance Krempasky, director médico de Community Healthcare Network.

Algunos activistas y clínicas de afirmación de género confían en que los gobiernos locales y estatales garanticen los derechos de las personas trans. Estados como Oregón, Connecticut y Vermont han emitido leyes de protección a las personas trans que buscan servicios de afirmación de género, mientras que ciudades como Boston y West Hollywood se han declarado santuarios para las personas transgénero o la comunidad LGBTQ+.

Nueva York cuenta con leyes que protegen a las personas que buscan o brindan servicios de afirmación de género legalmente en el Estado. Recientemente, la legislatura estatal aprobó un proyecto de ley que intenta reforzar las protecciones legales para que las personas que brindan o reciben atención reproductiva o de afirmación de género estén protegidas de responsabilidades civiles o penales fuera de Nueva York. La legislación espera ser firmada por la gobernadora Kathy Hochul.

Las políticas públicas locales son la única forma de sobrevivir.

Mila Hellfyre Hernández, activista por los derechos de las personas trans latinas

“Las políticas públicas locales son la única forma de sobrevivir”, sostiene Mila Hellfyre Hernández, activista puertorriqueña por los derechos de las personas trans latinas en Estados Unidos y vicepresidenta del Equality Empowerment Center, una organización sin ánimo de lucro que defiende los derechos de la comunidad LGBTQ+ en Florida. “Estoy hablando a nivel de ciudad, porque en las ciudades el Estado es quien tiene el control, no todo el soporte tiene que ser a nivel federal”.

La emisión de políticas locales o estatales para proteger a la comunidad trans ha ocasionado que el 48% de las personas trans en EE UU migren internamente o estén considerando reubicarse a otros Estados con leyes que protejan sus derechos, según un informe publicado en mayo por el William Institute, un centro de investigación de políticas públicas centrado en cuestiones relacionadas con la orientación sexual y las identidades de género.

“Muchas personas trans van a querer salir de ciertos Estados republicanos que los tienen bajo constante ataque y van a querer venir a Estados que les dan la bienvenida”, explica Jesús N. Soto, del National Alliance on Mental Illnesses. “Entonces, aunque el presupuesto estatal sí daba en el presente, en el futuro van a necesitar más”. Esto quiere decir que la capacidad de los gobiernos locales o estatales de proteger el acceso a los servicios de afirmación de género puede verse afectada por los cambios demográficos.

Preocupación y temor

Evanna Vásquez ha tenido que migrar dos veces. En 2017 se marchó de Perú, luego de que su familia comenzara a agredirla por expresar su identidad de género. Eligió irse a Panamá, donde trabajó por mucho tiempo como estilista. Fue ahí donde conoció a su actual esposo. Pero con la llegada de la pandemia, su peluquería cerró. Cuando el encierro se volvió más laxo, intentó volver a conseguir trabajo, pero no lo logró. Se sentía desesperada, y decidió irse a Estados Unidos.

Migrar por segunda vez representaba volver a dejarlo todo: vender todas sus cosas, abrazar a sus amigas y despedirse de Sirius, Jade y Nagini, sus dos gatos y su perra. El viaje fue difícil; les robaron, perdieron sus documentos de identidad y Vásquez sufrió abusos sexuales en múltiples ocasiones en México. Pero no había tiempo para procesar el dolor, Estados Unidos se presentaba como un lugar en el que había leyes para que Vásquez cambiara su nombre, accediera a los tratamientos de salud que necesitaba y se casara finalmente con su pareja.

“Vengo de un país donde nos quitan todo, para que nos lo quiten ahora en un país donde tenemos más leyes creadas para que nos respeten”, apunta. “Mi comunidad realmente necesita el apoyo del Gobierno”.

El presupuesto federal destinado a la salud en 2024 fue de 1,9 billones de dólares, durante la Administración del demócrata Joe Biden. Estaba previsto que ese dinero aumentaría en un 5,8% en 2025; sin embargo, con la aprobación de la ley fiscal de Trump, el Gobierno lo redujo en un 15%, de acuerdo a un análisis del Instituto de Salud Pública de la Universidad de California en Berkeley.

Departamentos como el de Defensa, Asuntos de Veteranos y Seguridad Nacional (DHS) —encargado de la política migratoria del presidente— tienen proyectado un aumento de presupuesto. La financiación del DHS, por ejemplo, aumentará un 65% el próximo año.

Otra consecuencia de la falta de acceso a servicios de afirmación de género y el aumento de leyes antitrans es que la tasa de suicidio entre los miembros de esta comunidad puede aumentar. “Para nuestra comunidad, el acceso a la afirmación de género es visto como una medida fundamental de prevención del suicidio”, asegura William Lopera, representante de Voces Latinas, una organización dedicada a reducir la tasa de transmisión del VIH entre las comunidades migrantes.

La ley fiscal de Trump “ha generado gran incertidumbre y estrés, llevando a las clientas a sentir desesperanza y a acelerar cirugías y trámites de identificación por miedo a perder el acceso futuro. Esto ha tenido un efecto directo en la salud mental de la comunidad”, añade Lopera.

Para Vásquez, no poder acceder a sus medicamentos de forma regular es una gran preocupación y le recuerda de los otros periodos en los que no ha podido tomar estradiol de forma continua. Han sido momentos de cambios hormonales bruscos, dolores de cabeza, depresión y dismorfia de género. Por ahora, llega al 16 de cada mes con esperanza y preocupación, intentando vencer el temor de no poder recibir sus medicamentos.