En medio de las deportaciones de Trump, migrantes denuncian el negocio de los abogados: “Se aprovechan de los hispanos”

Lo primero fue firmar un contrato por 3.000 dólares, como si se tratara de una cifra menor, fácil de sacar del bolsillo escaso de Anabel. “Estaba sin trabajo, en los peores momentos, no tenía ayuda, aunque con tal de que liberaran a mi hija eso no importaba”, cuenta. Pero nunca nadie sacó a su hija del Centro de Detención Stewart, en el estado de Georgia, a donde fue trasladada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y la madre terminó desembolsando cinco veces el valor de la cifra inicial. La hija, de 20 años, ahora está de regreso en Honduras, y en la nada quedaron los 15.000 dólares en gastos de abogados que le han dejado a Anabel el angustioso peso de verse endeudada.

Stefan Latorre, fundador de Latorre Law Firm, con oficinas en Carolina del Norte, parecía confiable. Un abogado “famoso” y premiado, anfitrión del programa radial La Verdad De La Ley. La familia de Anabel, de 40 años —quien pidió usar pseudónimo, pues está en medio de una demanda contra el Gobierno federal— llamó a sus oficinas cuando en febrero los oficiales del ICE cargaron con la madre y su hija. Anabel se encontraba trabajando, pintando apartamentos en el centro de Charlotte, mientras la joven cuidaba de sus hermanos en casa: uno de 17 años, que llegó junto a ellas a través de la frontera en 2014, y otros dos de ocho y nueve años, nacidos en Estados Unidos.

Los oficiales, armados, derribaron la puerta de la casa de la familia. Entraron en ausencia de la madre, revolcaron sus pertenencias, encontraron sus documentos migratorios. Dijeron que buscaban a un señor, y se comunicaron con Anabel para que regresara del trabajo de inmediato. En realidad, nunca supieron si estaban buscando a alguien más, porque lo cierto es que se las llevaron a ellas al hotel Holiday Inn, cercano al aeropuerto. “No sabían qué hacer con nosotros”, cuenta Anabel. Al cabo de una semana, los agentes soltaron a la madre, pero ese mismo día comenzó el calvario de la hija. Fueron ocho meses recluida en un centro de detención, donde “sufrió y aguantó muchísimas cosas”, y del que pensaron que en algún momento iba a salir.

Lo primero que le dijeron en la firma de Latorre fue que solicitarían una fianza para su hija. Anabel desembolsó los primeros 3.000 dólares por la contratación. “Tuve que sacar un préstamo para poder pagar ese dinero”, asegura. “Según yo, todo iba bien, pero esas personas me estaban engañando, diciendo que mi hija iba a salir bajo fianza”.

El día de la primera corte de la joven, el bufete envió a una abogada que estaba muy poco informada del caso. “Ni sabía quién era mi hija, no sabía ni qué era lo que estaba haciendo, y me trató pésimo”, insiste la madre. Para una segunda corte, quiso consultar a otros letrados. Algo sospechaba, por la manera en que la trataban, o las veces que le cancelaron las audiencias, o la fianza que nunca se concretaba. No le faltaba razón. “Me dijeron: ¿tú sabías que tu hija no tiene derecho a fianza? El abogado solo me estaba robando”.

Anabel los encaró. “Ustedes son unos ladrones, ustedes piensan que la gente es tonta”, les dejó saber. “Devuélvanme mi dinero, porque si no lo hacen, los voy a denunciar. Fue una experiencia horrible”. Con el tiempo, la suma se había convertido en unos 5.000.

Anabel, entonces, confió a su hija a otro abogado. La ilusionaron con la posibilidad de un parole y Anabel accedió. Primero le pidieron depositar 3.000 dólares, luego 4.000. “Fue un dinero en vano. Los del ICE rechazaron el parole, ellos sabían de antemano que Trump había puesto reglas y que no lo iba a aceptar”.

La madre acudió a lo que, se suponía, iba a ser un recurso definitivo: el habeas corpus, un procedimiento legal para solicitar la revisión del caso de su hija. “Mi hija fue detenida ilegalmente, no tenía una orden de deportación”. El pasado mes de julio, se dio cita con una nueva abogada, la renombrada Helen Parsonage, con mucha experiencia en casos de migración. Pagó 4.000 dólares. Pasó el tiempo y su hija, sin respuesta y sin fuerzas, pidió irse por su cuenta a Honduras y firmó la salida voluntaria de Estados Unidos. La abogada, sin la familia saberlo, solo puso el habeas corpus una semana antes de que la joven tomara esa decisión. “Hasta el sol de hoy esa señora no contesta los mensajes ni mis llamadas, yo solo quería saber por qué había abandonado así a mi hija”.

En medio del caos migratorio que mantiene a más de 66.000 indocumentados en centros de detención en todos los Estados Unidos, y con otros millones en las calles del país viviendo el miedo de ser el próximo arrestado del ICE, son los menos los que pueden confiar su destino a las manos de un abogado. Los precios de los servicios, que oscilan entre los 4.000 y 15.000 dólares, resultan incosteables para muchos migrantes que no solo arrastran con el peso de una deuda desde que salen de sus respectivos países, sino que, al estar imposibilitados de beneficios como el permiso de trabajo, terminan incapacitados de ganar dinero para pagar asistencia legal.

Según un análisis del Centro de Información de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC), de la Universidad de Syracuse, desde el inicio del año fiscal 2025 se registra una disminución general en la representación legal ante los tribunales de inmigración. Las cifras indican que, para abril, cerca del 38% de los inmigrantes contaban con abogados, mientras que aproximadamente un 62% de los casos no tenía representación legal. A los altos costos se suma el cada vez más difícil acceso a abogados probono, luego de que la administración de Donald Trump, a inicios de año, recortara fondos para organizaciones destinadas a ofrecer asesorías legales.

Dentro del laberinto migratorio del que muchos no saben salir por sí mismos —ya sea por desconocimiento al rellenar formularios o la comprensión del inglés— a los abogados no les han faltado clientes que lleguen a sus oficinas en busca de ayuda. De esa avalancha de gente desesperada por asesoramiento legal, muchos son los que aseguran a EL PAÍS sentirse “estafados” por los letrados.

“Siento que se están aprovechando de los hispanos en este momento”, afirma Anabel. “Si no sabemos de leyes, prácticamente nos roban”. Ahora mismo no hay dinero posible que le traiga a su hija de regreso a casa.

“El cliente tiene derecho de saber dónde está parado”

Indira —quien también pidió cambiar su nombre para evitar represalias por parte de su bufete— está convencida no solo de que los abogados “han estado viviendo” de la crisis migratoria en el país, sino que cree que no están interesados en que se resuelvan casos como el de ella. Vive en Miami con el estatus de I-220 A, un permiso de libertad bajo supervisión otorgado a unos 400.000 cubanos tras su llegada a la frontera. Cuatro años después, son 7.000 dólares en total los que ha gastado por un proceso que no sabe aún cómo o cuándo va a terminar.

“Si los abogados hablaran claro con uno desde el principio, y reconocieran que no pueden hacer nada, quizás todo fuera diferente, pero te venden humo y después desaparecen”, asegura. Cuando llegó al Sur de la Florida, buscó uno de los bufetes más prestigiosos de Miami, el PraDa Law Firm. No fue sencillo. “Hay que tener dinero para ver a un abogado, no es que tu entraste por esa frontera y puedes contratarlo”, dice. “Cuando llevas en este país menos de un año, que es el tiempo que tienes para presentar el asilo político, tener 1.000 dólares es complicado”. En su caso, tuvo que depositar 1.000 dólares una primera vez, y luego le hicieron un plan de pago que implicaba la suma de 250 dólares mensuales.

Viniendo de Cuba, le dijeron que tenía “grandes posibilidades” de ganar un asilo político. Así que hicieron el contrato, que también incluyó la aplicación a la residencia. Luego, no ha podido ver más a su abogado, quien demora días en contestar un mensaje.

El abogado Aaron Ortiz-Santos es socio de la firma Taylor, Lee & Associates que atiende todos los casos “que otros abogados no atienden”. “Partimos de la base de que no le podemos garantizar resultados favorables a un cliente, él tiene derecho de saber dónde está parado, más cuando tiene récords criminales, o varias entradas de forma irregular”.

No pocos abogados, según cuenta, aceptan casos y comunican a sus clientes que los van a investigar. Días después, les informan que no pueden proceder, cuando ya habían cobrado sumas de hasta 3.500 dólares. “Se aprovechan del desconocimiento de la comunidad, porque sabemos que no está preparada para entender sus procesos legales”. También se han reportado incidentes de oficinas que se hacen pasar por abogados y emiten papeles falsos.

Es por eso que el mexicano Ricardo Pérez, de 56 años, hoy no sabe nada de su estatus migratorio. Hace unos cinco años, él y su esposa, Lorena Naranjo, llegaron a la oficina del Valle de Coachella, en California, que tenía “mucho rating”.

“Metimos los papeles de mi esposo y nos dijeron que iba a recibir un permiso de trabajo, que pronto se iba a arreglar la situación”, cuenta Naranjo. La pareja pagó en total cerca de 12.000 dólares.

Sin ninguna respuesta al caso, un día fueron a quejarse y una trabajadora del lugar les dijo que se llevaran los documentos a otro sitio. “Mandaron a mi esposo al matadero”, dice la mujer. “Hoy no sabemos si tiene deportación y vivimos con miedo”. Tras varias demandas de los clientes, la oficina cerró, y el matrimonio supo que sus documentos los habían echado a la basura.

La responsabilidad de un abogado

La abogada de inmigración, Liudmila Marcelo, quien tiene sus oficinas en el Sur de la Florida, explicó a EL PAÍS que, si ciertamente son altos los costos de los servicios que ofrecen, los abogados también invierten mucho tiempo y preparación en representar los casos de sus clientes.

“Un proceso completo de una aplicación por asilo implica esfuerzo, trabajo, preparar la evidencia”, dice. “Una vez que el abogado entra a la representación, está asumiendo una responsabilidad ante un juez, quienes comienzan a enviar órdenes con requisitos para cumplir en determinadas fechas, lo cual demanda de tu tiempo. También requiere preparación para la corte. Yo he estado hasta ocho horas delante de una pantalla esperando a que un juez me llame, a veces hay que trasladarse de ciudad”.

Aun así, reconoce que hay quien ofrece servicios que benefician mucho más a los abogados que a los clientes. También hay una cuestión ética que a Marcelo le preocupa en un momento como este: muchos abogados prometen fianzas cuando saben que hoy son prácticamente imposibles de lograr.

Si no hubiese sido por la abogada que contrataron sus amigos, el mexicano Faustino Díaz nunca habría sabido qué ordenaban sus documentos cuando estuvo en un centro de detención de Pensilvania a inicios de año. Fue la abogada quien le avisó de que los papeles estaban incompletos, sin indicar el nombre del juez o una fecha de corte, y quien averiguó esa información.

El día antes de que los oficiales de ICE lo agarraran, Díaz le había enviado a su esposa en México 40.000 pesos. “Lo teníamos de reserva”. Pero hubo que devolver el dinero a Estados Unidos y, junto a otros préstamos, pagar 3.500 dólares por su representación legal. “Al final la abogada no pudo hacer nada”, dice Díaz. El juez también le comunicó que, si quería una fianza, debía abonar 12.000 dólares por los 28 años que permaneció en el país. “¿De dónde saco ese dinero?”, se cuestionó él. Luego se dijo: “Pues no voy a pelear más”. Volvió a Tlapa de Comonfort, el lugar del que se fue hace casi dos décadas, sin un centavo para empezar la vida de nuevo.