La Administración Trump viola una orden judicial e impide a miles de venezolanos la reinscripción al TPS

En la madrugada de este martes, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) bloqueó el proceso de reinscripción online del Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos, un día antes de la fecha límite oficial para los beneficiarios de 2021. El cierre ocurrió a pesar de la orden judicial reciente que ordenaba mantener activo el programa, lo cual ha sido calificado por organizaciones y abogados como una “violación flagrante” de la justicia, que afecta a más de 250.000 personas que debían reinscribirse para conservar sus beneficios migratorios.

La semana pasada, el juez Edward M. Chen, del Tribunal de Distrito en San Francisco, había declarado ilegal la revocación del TPS impulsada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. El magistrado argumentó que la decisión de Noem había sido arbitraria, acelerada y que no cumplía con los procedimientos adecuados. Esta restitución devolvió la protección migratoria a más de un millón de inmigrantes procedentes de Venezuela y Haití, al menos hasta octubre del año próximo. Sin embargo, USCIS cerró el sistema de reinscripción para los venezolanos antes del plazo establecido, que debía finalizar a la medianoche de este miércoles. De esta manera, las personas que aún no habían realizado el trámite, perdieron la oportunidad de solicitar la extensión de su protección temporal y del permiso de trabajo ligado a ella.

Durante una conferencia de prensa convocada por la Alianza Nacional de beneficiarios del TPS, líderes comunitarios y abogados calificaron la situación como “muy desesperada”. Adelys Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus, señaló que, debido al bloqueo en cuestión, “más y más personas están perdiendo sus empleos, perdiendo el seguro médico que estaban pagando y perdiendo sus licencias de conducir porque están comenzando a expirar”. Según Ferro, “muchos empleadores ya están despidiendo” a beneficiarios del TPS. “Les dicen que no pueden seguir empleándolos porque no están seguros de cómo terminará este proceso legal”, aseguró al respecto. Asimismo, señaló que la Administración Trump debería “obedecer las órdenes judiciales y garantizar que nadie pierda sus derechos por una decisión administrativa arbitraria”.

La abogada Jessica Bansal, del equipo legal que representa a la Alianza, explicó que la organización presentó una moción de emergencia para solicitar el cumplimiento de la orden judicial, incluida la reapertura del sistema de reinscripción por al menos otras 24 horas. Además, anunció que este jueves se realizará una audiencia de emergencia, la cual “será clave para restituir completamente el acceso al TPS bajo mandato judicial”. “Si los tribunales federales no pueden proteger los derechos individuales cuando el gobierno los retira ilegalmente, entonces este país se encuentra en una crisis seria”, consideró la abogada. “Lo que está ocurriendo hoy también afecta a cualquier persona en este país que algún día pueda necesitar acudir a un tribunal federal si sus derechos son violados y necesita saber que las órdenes de ese tribunal serán respetadas por su gobierno”, agregó.

Por otra parte, Pablo Alvarado, de la Red Nacional de Jornaleros, convocó a una movilización nacional la semana próxima, “para denunciar que el sistema judicial, y particularmente la Corte Suprema, ya no es una rama imparcial del poder”. “Como inmigrantes, es nuestro deber seguir usando el sistema judicial para luchar por nuestros derechos, porque creemos en él. Al hacer esto estamos restaurando la credibilidad del sistema judicial, que ha sido manchado por la ideología y la xenofobia. Cada vez más, parece que las decisiones se basan en etiquetas y estereotipos en lugar de en hechos, y para nosotros eso es inaceptable”, señaló Alvarado.