La jueza rechaza la petición del Gobierno para que Alligator Alcatraz siga en funcionamiento

La jueza federal Kathleen Williams ha rechazado este lunes por la noche la solicitud del Gobierno estadounidense para suspender de forma inmediata su propio fallo que ordenaba el cierre progresivo del polémico centro de detención de inmigrantes levantado por Florida en pleno corazón de los pantanos de los Everglades y bautizado popularmente como Alligator Alcatraz. La decisión llega mientras los abogados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en sus siglas en inglés) también apelan formalmente la orden de cesar las actividades en la instalación.

La magistrada Williams ordenó el pasado jueves que la población del centro se redujera en un plazo máximo de 60 días mediante el traslado de los internos a otras instalaciones, y que se desmontaran cercas, torres de luz y generadores eléctricos. El fallo fue una victoria para ambientalistas y la tribu Miccosukee, que demandaron a las autoridades por la construcción del centro con argumentos medioambientales y ancestrales.

El Gobierno respondió con rapidez. Durante el fin de semana, sus abogados alertaron de que el cierre de Alligator Alcatraz pondría en riesgo la capacidad de Washington para aplicar las leyes de inmigración. Garrett Ripa, responsable de operaciones de detención y deportación de ICE en Miami, defendió en una declaración escrita que el centro resulta “indispensable” en un contexto de saturación de las cárceles migratorias de Florida. “Su eliminación comprometería la seguridad pública, la seguridad nacional y el control fronterizo”, sostuvo.

Frente a esos argumentos, las organizaciones ambientales y la tribu Miccosukee señalaron que son “exagerados, falsos, incoherentes, inoportunos, sin respaldo de ninguna prueba competente y contrarios a los hechos”. Según el congresista demócrata por Orlando, Maxwell Frost, que visitó el centro la semana pasada, hay alrededor de 300 a 350 detenidos en la instalación, a pesar de que tiene una supuesta capacidad para 2.000.

Un pantano de litigios

El pulso judicial sobre Alligator Alcatraz no se limita a la disputa medioambiental resuelta en la decisión de la semana pasada. Varias organizaciones de derechos civiles han lanzado una ofensiva legal en paralelo. A finales de julio interpusieron una primera demanda denunciando que los internos no tenían acceso al sistema judicial y que el Estado no tenía jurisdicción sobre asuntos migratorios. Un segundo juez en Miami desestimó parte del caso y trasladó los cargos contra el Estado al distrito medio de Florida.

El viernes pasado, una tercera demanda fue presentada en un tribunal federal de Fort Myers. En ella, los abogados describen “problemas graves nunca antes vistos en el sistema migratorio”: personas retenidas durante semanas sin cargos, desapariciones en el localizador de detenidos del ICE, ausencia de decisiones sobre custodia o fianza, y obstáculos sistemáticos al acceso a representación legal. También relataron condiciones duras: inundaciones, plagas de mosquitos, escasez de agua y castigos que incluyen exposición a la intemperie. Según la querella, al menos un centenar de personas ya han sido deportadas desde el centro, algunas forzadas a firmar órdenes de salida voluntaria sin hablar antes con un abogado.

La resolución de la jueza Williams constituye un nuevo episodio en la batalla legal en torno a la política migratoria en Florida. El caso podría aún escalar hasta instancias superiores. Mientras tanto, la Administración DeSantis se prepara para inaugurar un segundo centro, apodado Deportation Depot, en una prisión estatal del norte del Estado.