Un tribunal de apelaciones da la razón a Trump y deja a 60.000 centroamericanos sin protección contra la deportación

Nuevo golpe judicial a los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). Un tribunal de apelaciones de San Francisco ha fallado este miércoles en favor de la Administración de Donald Trump, retirando la protección contra la deportación a unas 60.000 personas provenientes de Honduras, Nicaragua y Nepal que llegaron a Estados Unidos desde hace varios años. El panel de jueces revoca con su decisión el fallo de una magistrada de distrito que había frenado la eliminación del TPS argumentando que ninguno de los afectados había cometido algún crimen, por lo que no veía razones para su expulsión del país.

Se prevé que la decisión de los jueces del Noveno Circuito de Apelaciones afecte principalmente a centroamericanos. Se calcula que en Estados Unidos hay unos 51.000 hondureños y 3.000 nicaragüenses con el TPS. La presencia de algunos de ellos en el país se remonta a 1999, cuando el huracán Mitch arrasó ambas naciones, lo que obligó a migrar al norte a miles de personas. Estas recibieron una protección temporal de las autoridades estadounidenses que se podía renovar indefinidamente y que incluye un permiso de trabajo, aunque no les permite aspirar a la ciudadanía.

Esto hasta que Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Interior de Donald Trump, emitió un decreto reciente que pone fin a este beneficio para los inmigrantes. El Gobierno conservador argumenta que las condiciones en los países de origen han mejorado en comparación a cuando los permisos fueron emitidos, por lo que no hay necesidad de mantenerlos vigentes. El TPS para los centroamericanos expirará el 8 de septiembre tras el fallo del Circuito. La resolución judicial también afecta a unos 7.000 ciudadanos de Nepal que migraron al país después del terremoto de 2015 que mató a 9.000 personas. Estos aguardaban con urgencia la opinión del poder judicial porque su blindaje ante la deportación terminó el pasado 5 de agosto.

Tricia McLaughlin, la subsecretaria de Seguridad Interior ha celebrado la decisión del tribunal de San Francisco. “El TPS nunca fue pensado como un sistema de asilo de facto, pero así es como fue utilizado por las administraciones anteriores”, señaló la funcionaria. El panel de apelación está compuesto por un juez nombrado por Bill Clinton y dos togados conservadores, uno llegado al banquillo durante la era de George W. Bush y otro en la primera gestión de Trump en la Casa Blanca.

Trump 2.0 ha enfocado muchos de sus esfuerzos en reformar el sistema de inmigración en ataques al TPS. El Gobierno ha fulminado la protección para unos 350.000 venezolanos, medio millón de haitianos y unos 160.000 ucranios que huyeron de la guerra. Asimismo, han sido afectados migrantes de Afganistán y Camerún. Muchos de quienes han visto arrancado su permiso de estancia por la presente Administración han iniciado procesos con la ayuda de la Alianza Nacional por el TPS para mantenerse legalmente en Estados Unidos.

Esta organización progresista ha argumentado en los tribunales, de momento sin éxito, que la decisión de Trump de acabar con el TPS es ilegal, pues está motivada en discriminación racial y en su promesa de campaña de llevar a cabo la mayor operación de deportaciones de la historia.

Trina Thompson, una jueza federal de distrito, había dado la razón a la organización en un fallo emitido el 31 de julio en el que criticaba a la Casa Blanca. “Ninguna de estas personas ha cometido un crimen. Son individuos que han hecho el viaje después de haber sobrevivido desastres para ser recibidos en Estados Unidos con los brazos abiertos”, escribió la togada. “Algunas de estas personas llevan aquí toda su vida. Han trabajado, ayudado a sus comunidades, pagado impuestos y pagado para mantenerse en el país sin tener una vía concreta para recibir la ciudadanía”, añadió.

La decisión de este miércoles deja sin efecto la pausa que Thompson puso a la eliminación del TPS. La Corte de Apelaciones anunciará los próximos días los pasos a seguir. Pero la orden provoca nervios e incertidumbre para decenas de miles de personas que llevaban décadas en el territorio.