Los cargos a manifestantes contra redadas migratorias en Los Ángeles se tambalean entre errores fiscales y acusaciones dudosas

Los intentos del fiscal federal Bill Essayli de enjuiciar a decenas de manifestantes en Los Ángeles por presuntos ataques a agentes federales durante las protestas de principios de junio contra redadas migratorias en la ciudad han terminado en retrocesos, errores administrativos y acusaciones cuestionables. De acuerdo a reportes y expedientes judiciales, en varios casos el fiscal no ha podido conseguir acusaciones formales de un gran jurado, a pesar de solo necesitar indicios de delitos; y en otros los cargos se han desestimado después de que se haya desvelado que las imputaciones iniciales se basaron en testimonios inexactos o, en algunos casos, directamente falsos.

Cuando Essayli fue nombrado por Pam Bondi como fiscal federal para Los Ángeles y las áreas aledañas, a principios de abril, se vendió el mensaje de que el trumpismo sin velos había llegado a la justicia californiana. “Trabajaré diligentemente y sin descanso junto con nuestros socios federales y locales de las fuerzas del orden para implementar las prioridades del presidente”, dijo Essayli en su momento. Unos meses después, en los días que siguieron a las protestas contra las redadas migratorias en Los Ángeles, las 38 acusaciones judiciales a personas involucradas en las manifestaciones que terminaron con la movilización a la ciudad por parte del Gobierno federal de 4.000 tropas de la Guardia Nacional y 700 marines, confirmaron las palabras de Essayli.

Sin embargo, tras unas seis semanas, apenas ha conseguido siete acusaciones formales por parte de un gran jurado en los procesos surgidos de las protestas, un número inusualmente bajo dada la mínima exigencia probatoria de estos procedimientos preliminares. De los demás casos, cinco han sido desestimados sin perjuicio, lo que permite reabrirlos más adelante si surgen nuevas evidencias, nueve han sido degradados a delitos menores una vez se han evaluado las pruebas, y tres se han resuelto mediante acuerdos de culpabilidad. Todo ello, a pesar de la presión directa de Essayli y de la fiscal general Bondi, quien ha urgido públicamente a una línea dura contra los manifestantes.

De acuerdo a una información de Los Angeles Times, estos resultados han frustrado a Essayli. Según el periódico angelino, fue escuchado gritando a un subordinado en la sede del tribunal federal, exigiendo ignorar el protocolo que instruye a los fiscales a presentar solo casos que tengan posibilidades reales de éxito en juicio.

Pero para ello, los casos deben estar sustentados en evidencias claras, y muchos de los cargos se han caído porque las versiones de los hechos defendidos por la acusación fueron desmentidos por videos, documentos internos del Departamento de Seguridad Nacional o los propios fiscales. Según una investigación de The Guardian, en al menos cinco casos, agentes de inmigración proporcionaron declaraciones que resultaron ser falsas o engañosas.

Uno de los casos más graves fue el de Christian Cerna-Camacho. Arrestado días después de una protesta, su acusación formal nombraba erróneamente a otro manifestante, una equivocación que pone en tela de juicio la fiabilidad de toda la documentación fiscal. Otro caso emblemático es el de Bryan Ramos-Brito, quien fue acusado de agredir a agentes, aunque un video muestra que fue un agente quien empujó primero a Ramos-Brito, y no al revés. Las inconsistencias evidenciadas llevaron a que el DHS reescribiera su propia versión de los hechos días después, reconociendo errores en la cronología.

Los casos degradados o retirados muestran un patrón de intimidación, señalan expertos. Presentar cargos graves para luego rebajarlos puede infundir miedo y desalentar la protesta pacífica, pues todos los manifestantes que vieron sus acusaciones desestimadas habían pasado ya varios días detenidos. Además, aunque se levante la acusación, los arrestos dejan huellas en sus antecedentes, generan costos legales y daños reputacionales.

El caso de Andrea Vélez es ilustrativo. Según relató su abogada, fue arrestada de manera violenta por hombres enmascarados cuando intentaba llegar a su trabajo. La acusaron de haber golpeado a un agente, pero el video y los testimonios posteriores indicaron que solo levantó su bolso en defensa propia. Los cargos fueron retirados sin explicación, pero Vélez alcanzó a sufrir y estará marcada por el resto de su vida.

Esta ofensiva judicial de Essayli también ha provocado tensiones dentro de la propia oficina del fiscal. Algunos fiscales federales se han negado a firmar acusaciones consideradas “débiles”, y otros ya han dimitido tras desacuerdos con Essayli. En los casos más graves, como los de supuestos ataques con cócteles molotov, las acusaciones han sido tramitadas solo por Essayli y su número dos, sin el respaldo del equipo habitual.

La presión política sobre Essayli es difícil de obviar. Fue nombrado interinamente en abril y necesita la aprobación del Senado antes de septiembre para mantenerse en el cargo. Si no lo logra, un panel judicial podría reemplazarlo. Este contexto ha llevado a comentaristas a interpretar su actuación como un intento de consolidar su posición ante la base trumpista. La estrategia, sin embargo, podría volverse en su contra. Los senadores demócratas de California, Adam Schiff y Alex Padilla, han expresado dudas sobre su liderazgo y podrían pasar a hacer campaña en su contra abiertamente, lo cual en un Senado dividido por la mitad tiene el potencial de ser decisivo.

Lo que comenzó como una operación judicial contra supuestos disturbios se ha convertido rápidamente en un espejo de las fracturas internas a las que está sometiendo la Administración Trump al sistema de justicia estadounidense, de los excesos del aparato migratorio y de la instrumentalización de la ley con fines políticos.