Lupe M. Rodríguez, directora ejecutiva del Latina Institute: “La separación de familias inmigrantes es una violación de los derechos reproductivos”

Lupe M. Rodríguez siempre ha tenido un pie en la lucha por los derechos de los inmigrantes y el otro en la defensa del acceso a la atención médica. Desde muy joven, ha sabido que los inmigrantes, como ella, están en el centro de la lucha por una atención médica accesible para todos. Rodríguez (Ciudad de México, 42 años) llegó a Estados Unidos a los 3 años con sus padres para que su hermano, que tenía atrofia muscular espinal, una enfermedad neurodegenerativa, recibiera tratamiento. Su familia se dio cuenta rápidamente de que, para que su hermano pudiera tener una vida más plena, debían quedarse en Estados Unidos. Su padre fue uno de los millones de inmigrantes indocumentados que lograron legalizar su situación bajo la Ley de Reforma y Control de Inmigración de 1986, después de haber trabajado como jornalero agrícola en el país.

“A lo largo de mi vida, desde pequeña, tuve una exposición muy temprana al activismo en el ámbito de la salud. Tenía seis o siete años cuando ya traducía documentos médicos para mi familia. También viví en carne propia las desigualdades en la atención médica que muchos enfrentamos debido a nuestro estatus migratorio”, cuenta Rodríguez a EL PAÍS en una llamada telefónica. “Mi misión en el trabajo ha sido luchar contra eso y asegurar que, en el transcurso de mi vida, veamos un cambio en quién tiene acceso a la atención médica en este país”, agrega.

Una misión que en 2019 la llevó a convertirse en directora ejecutiva del National Latina Institute for Reproductive Justice (Latina Institute), la única organización nacional de justicia reproductiva dedicada específicamente a abogar por las latinas. Un trabajo que cobró aún más relevancia en 2022, cuando el Tribunal Supremo anuló el derecho constitucional al aborto en lo que comúnmente se conoce como la decisión Dobbs. Desde entonces, las latinas han sido las más afectadas por las prohibiciones del aborto en todo el país. Según un estudio del Institute, en junio de 2023, 6,7 millones de latinas —el 43% de todas las latinas en edad reproductiva— vivían en Estados que habían prohibido o estaban en vías de prohibir el procedimiento.

Además de las prohibiciones o restricciones al aborto, que ya están vigentes en 19 Estados, las latinas enfrentan otras barreras en el acceso a la atención de salud reproductiva: tienden a tener menos recursos económicos y carecer de seguro médico privado, viven en zonas con menos doctores, y enfrentan dificultades relacionadas con el idioma, entre otras. A esto se suma la cruzada antiinmigrante y los esfuerzos de deportación masiva de la Administración Trump, que han empeorado significativamente su situación tres años después del fallo de la Corte Suprema.

Pregunta. ¿Cuál es el panorama actual para las latinas en términos de acceso a la atención de salud reproductiva debido a las políticas migratorias del presidente Donald Trump?

Respuesta. Incluso antes de la retórica y las acciones antiinmigrantes realmente graves y críticas que están ocurriendo en este momento, nuestras comunidades inmigrantes ya enfrentaban barreras en el acceso a la atención de salud reproductiva debido al temor de acudir a lugares donde podrían ser detenidas. Aunque antes de esta Administración había leyes que protegían esos espacios, ese miedo seguía presente. Además, antes de esta Administración, ya existían puntos de control migratorio internos en los Estados fronterizos. Sabemos esto específicamente por el trabajo que realizamos en Texas, donde hay puntos de control migratorio hasta a 100 millas dentro de la frontera del Estado, lo cual, durante mucho tiempo, ha provocado que muchas personas teman cruzarlos por miedo a ser arrestadas. Todos esos factores se han combinado en este momento, tres años después de Dobbs, para crear una situación en la que el acceso a la atención —que ya era deficiente— ha empeorado aún más para nuestras comunidades.

P. ¿Qué más ha hecho el Gobierno de Trump para empeorar la situación?

R. Después de Dobbs, la Administración Biden implementó muchas protecciones relacionadas con el tratamiento médico de emergencia, como la ley EMTALA, que ofrecía una guía muy clara y directa a los Estados con prohibiciones del aborto, indicando que debían seguir proporcionando atención de aborto de emergencia a quienes la necesitaran. La Administración actual ha rescindido esa guía, lo que básicamente significa que estos Estados pueden optar por no brindar esta atención, incluso cuando se trata de situaciones de vida o muerte. También sabemos que ha habido un aumento en el número de personas investigadas o arrestadas por los resultados de sus embarazos. Esto no ocurría con la misma frecuencia antes, y ciertamente no desde el Gobierno federal. Hay personas que acuden a las salas de emergencia con abortos espontáneos y, en algunos casos, están siendo investigadas o arrestadas bajo sospecha de haberlos provocado.

P. ¿Y cómo afectan los recortes a Medicaid, la cobertura sanitaria pública, a las latinas y a las mujeres inmigrantes?

R. Justo después de la decisión Dobbs, muchos proveedores de servicios de salud en los Estados con prohibiciones se fueron de esos lugares. Por tanto, hay escasez documentada de proveedores en Estados como Texas, Idaho o Georgia, y lo que hemos encontrado es que, particularmente en las zonas rurales de esos territorios, la gente no tiene acceso a otros tipos de atención de salud reproductiva, no solo al aborto. No hay suficientes proveedores para ofrecer atención prenatal o métodos anticonceptivos. Todo esto se ha agravado ahora con los posibles recortes al financiamiento de los programas de Medicaid, de los cuales dependen muchas de nuestras comunidades. El futuro del acceso a cualquier tipo de atención médica —no solo del aborto— está seriamente amenazado.

P. Eso también contribuye a que más mujeres tengan que viajar distancias más largas para acceder a atención de salud reproductiva, algo que sabemos que las inmigrantes no pueden permitirse, ya que al salir de sus casas corren el riesgo de ser detenidas o incluso deportadas.

R. Exactamente, e incluso antes de que esta Administración llegara, ya sabíamos que muchas personas simplemente no tienen los recursos para hacerlo. Hay que tener dinero para costear el viaje, poder ausentarse del trabajo y conseguir cuidado infantil si es necesario. Pero además, la retórica antiinmigrante, el aumento en la vigilancia y las redadas migratorias están generando una situación en la que la gente ni siquiera se atreve a salir a la carretera.

P. ¿Conoce casos de inmigrantes latinas que hayan sido detenidas mientras buscaban un aborto u otro tipo de atención de salud reproductiva?

R. En algunos casos aislados, hemos escuchado que agentes de inmigración han ido a salas de maternidad, pero no hemos sabido de nadie que haya sido detenida por buscar atención relacionada con el aborto. Al menos, no todavía.

P. ¿Cómo es el acceso a la atención de salud reproductiva dentro de los centros de detención para inmigrantes?

R. Contamos con datos de la primera Administración Trump, y sabemos que los centros de detención en general no ofrecen buen acceso a la atención médica, y mucho menos a la atención de salud reproductiva. Durante esa primera Administración, por ejemplo, hubo muchos casos en los que a personas detenidas que necesitaban atención para abortar se les negó ilegalmente ese servicio por parte del Gobierno federal. Esto fue antes de que la decisión Dobbs entrara en vigor, cuando el aborto aún era legal y estaba protegido constitucionalmente en todo el país.

P. Es evidente que Trump no va a hacer nada para restaurar el derecho al aborto, entonces ¿qué se puede hacer?

R. Se necesita seguir brindando información veraz para contrarrestar la desinformación. Sabemos que la desinformación está dirigida especialmente a nuestras comunidades, que mucha de ella circula en español y a través de redes sociales. Por eso, estamos combatiéndola con nuestro trabajo en terreno, guiando a las personas hacia fuentes confiables, donde puedan conocer cuáles son sus derechos, dónde pueden recibir atención y cómo pueden apoyar a sus comunidades. Otra cosa que podemos hacer es trabajar en alianza con otras organizaciones, porque los derechos reproductivos y los derechos de las personas inmigrantes están conectados. Creemos firmemente que la separación de familias inmigrantes es una violación de los derechos reproductivos y de la justicia reproductiva, y debe ser abordada por ambos movimientos. Esa conversación es hoy más importante que nunca, en un momento en que nuestras comunidades están siendo atacadas desde una perspectiva migratoria, pero de una forma que está profundamente ligada a nuestra autonomía reproductiva y corporal.