Las redadas de ICE en la construcción amenazan un sector que depende de la inmigración

La mitad de los 200 trabajadores que el pasado jueves trabajaban en la construcción de una residencia de estudiantes cerca de la Universidad Estatal de Florida no volvieron a sus casas. Fueron arrestados por un operativo formado por autoridades de inmigración (ICE), la Patrulla de Autopistas de Florida y otras agencias federales y estatales que participaron en la redada. No es la primera vez que ocurre. Apenas unos días antes, 31 trabajadores fueron arrestados en dos obras en Laredo (Texas) y otros 33 sufrieron el mismo destino en Wildwood (Florida). Son redadas que, además del drama personal y familiar de los detenidos, golpean a un sector clave como el de la vivienda, que ya está en crisis por falta de oferta.

Estos arrestos mandan un mensaje alto y claro sobre el riesgo que corren los indocumentados que trabajan en un sector en el que uno de cada cuatro trabajadores son inmigrantes y, según la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB, en sus siglas en inglés), el 31% son latinos. Buena parte de los detenidos en Florida son de México, Guatemala, Nicaragua, Honduras y el Salvador. La profesora de Políticas Públicas y Economía de la Universidad de Michigan, Betsey Stevenson, calcula que es razonable estimar que la mitad de ellos posiblemente sean indocumentados. Es un porcentaje que también maneja el Urban Institute en un estudio, que refleja que alrededor del 54% son indocumentados.

“Cuando se afecta a una fuente principal de fuerza laboral se afecta a la posibilidad de crecimiento o mantenimiento de la oferta de viviendas”, dice Jorge González-Hermoso, investigador y coautor del estudio. “Estas redadas van a retirar de las obras a muchos trabajadores”, ya sea por los arrestos o por el miedo que se puede extender incluso a los inmigrantes que están legalmente en el país, afirma el experto.

Stevenson considera que muchos trabajadores, incluso los que están legalmente en el país, pueden sentirse preocupados por ir a trabajar y encontrarse con ICE. “La actual Administración detiene y deporta sin el proceso debido, por lo que los trabajadores necesitan ser cuidadosos a la hora de exponerse en situaciones en las que puedan arriesgarse a dar lugar a una deportación propia o de un familiar”, añade.

González-Hermoso lo llama el chill effect, el efecto desalentador que puede llevar a personas a las que en principio no les debería afectar lo que haga ICE, a buscar un trabajo que tenga menos exposición a las redadas.

Las investigaciones del Urban Institute estiman que más del 42% de los trabajadores de la construcción se dedican a la obra residencial. La mano de obra inmigrante tiene un importante peso en Estados donde el sector está ya bajo una fuerte presión por una oferta muy por debajo de la demanda. En particular en California, Texas, Nevada, Nueva York, Florida, Maryland y Nueva Jersey.

En las administraciones de George Bush, Barack Obama y la primera de Donald Trump hubo redadas en lugares de trabajo, incluidos en la construcción, pero durante el Gobierno de Joe Biden el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, publicó en 2021 un memorando que paralizó este tipo de redadas. Estas directivas fueron canceladas inmediatamente en el segundo mandato de Trump.

Para el investigador de Urban Institute, el riesgo no es tanto que las obras se queden sin trabajadores, sino que los proyectos se dilaten en el tiempo. “Los contratistas buscarán otros trabajadores pero tendrán que encontrarlos y tendrán que subir los salarios para atraerlos”. Unido a los cambios en la financiación y en otros rubros —en forma de aranceles a materiales de construcción, por ejemplo— se encarecerán las obras de las viviendas, lo que no contribuirá a rebajar ni el precio de venta ni la renta.

Encontrar más trabajadores no es tarea fácil porque, según explica a través de un correo electrónico Michael Bellaman, presidente y consejero delegado de la Asociación de Constructores y Contratistas (ABC), hay un déficit de 439.000 trabajadores en el sector en 2025. “Algo que enfatiza la necesidad crítica de reformar nuestro sistema de inmigración que está roto”, apunta Bellaman. “Los trabajadores nacidos en el extranjero que están aquí legalmente necesitan la seguridad de que pueden continuar con el trabajo sin temor a represalias”.

Arturo Castellanos, gerente de políticas y cabildeo del National Immigration Forum, reclama cambios a los legisladores de ambos partidos para resolver el problema de la falta de trabajadores en muchos sectores por la falta de crecimiento demográfico local. Castellanos explica que los visados que se usan para trabajar legalmente en el país, no solo en la construcción, —el H-2B y el EB-3—, no permiten compensar la falta de personal en este sector.

“Hay que aumentar el número de visados porque se agotan rápidamente”, dice. Para el H-2B, por ejemplo, hay un límite de 66.000 anuales. Castellanos recuerda que la última gran reforma migratoria fue en 1986 y eran otros tiempos, “otro país, otra economía, era la guerra fría... ahora es necesario que se atiendan otras necesidades de Estados Unidos”.

El experto recuerda que, en buena medida, los inmigrantes, documentados e indocumentados, fueron quienes volvieron a levantar las construcciones tras los desastres de los huracanes Helene y Milton en Florida: “¿Quién va a reconstruir cuando llegue el nuevo desastre?”.