Congresistas demócratas exigen el regreso a Estados Unidos del migrante deportado por error a El Salvador
Adriano Espaillat mandará una carta a Bukele para que libere a Kilmar Abrego García. El presidente del caucus hispano quiere visitarlo en la prisión de El Salvador


Varios congresistas se sumaron este jueves a la familia de Kilmar Abrego García para pedir al Gobierno de Trump que haga las gestiones necesarias para retornarlo a Estado Unidos. El salvadoreño, de 29 años, fue enviado por error a la cárcel de máxima seguridad de El Salvador, a pesar de que contaba con una protección judicial que prohibía su traslado.
Indignación por la injusticia cometida y advertencias a todo el país por las detenciones indiscriminadas de la cruzada antiinmigración de la Administración Trump fueron la tónica del encuentro ante los medios que los legisladores celebraron en el edificio de Canon House, en el centro de Washington DC.
“Estamos con ustedes en esta lucha por la justicia y exigimos que Kilmar regrese a casa. Lo que ocurrió aquí jamás debería ocurrir en Estados Unidos. Se trata de una persona que estaba aquí legalmente”, afirmó el senador Chris Van Hollen. “Fue secuestrado sin el debido proceso y ahora se encuentra en una cárcel donde se tortura en El Salvador. Esto es tan reprensible que lucharemos en los tribunales y en el Congreso. Lucharemos en nuestras comunidades”. “Esta Administración Trump se parece cada día más a un estado policial”, denunció.
El senador demócrata por Maryland se unió al representante por el mismo Estado, Glenn Ivy, y a otros legisladores del grupo de congresistas hispanos para pedir que los tribunales respalden el fallo de una jueza que exigió al Gobierno que retornara a Abrego García antes del martes pasado. Esta orden fue bloqueada temporalmente por el Tribunal Supremo el lunes. A petición del Gobierno de Trump, el presidente del máximo tribunal, John Roberts, paró indefinidamente la orden de la jueza de distrito de Maryland Paula Xinis. Los abogados del Gobierno habían recurrido el fallo argumentando que la magistrada no tiene competencia para influir en la política exterior del país.
Xinis había declarado “ilegal” la detención de Abrego García, que contaba con una protección judicial contra su deportación, después de que el Ejecutivo admitiera que había cometido un error. A pesar de reconocer la equivocación, no se iniciaron las gestiones para pedir su devolución a Estados Unidos, ya que el Gobierno alegó que está bajo custodia de El Salvador.

El presidente del Caucus Hispano del Congreso, Adriano Espaillat, anunció en la comparecencia que va a enviar una carta al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, para que libere al detenido. El representante demócrata dijo además que quiere visitar la cárcel donde se encuentra para comprobar su estado, ya que su familia no ha tenido noticias de Abrego García desde que fue trasladado el 15 de marzo. “Escribiré al Gobierno de Bukele para solicitar formalmente su liberación y también para coordinar una visita, ya que la familia no ha tenido noticias suyas en más de 25 días, por lo que desconocemos su estado. La familia merece saberlo, y si no nos lo dicen, iremos personalmente a la prisión a visitarlo”, dijo.
Espaillat añadió que si no recibe respuesta elevará su petición al mandatario centroamericano cuando visite Estados Unidos. Trump invitó a Bukele a una visita oficial y se reunirá con él el próximo lunes en la Casa Blanca.
No se trata solo de alguien que cometió un delito violento y fue declarado culpable ante los tribunales. Esto afecta a quienes residen legalmente en Estados Unidos, incluidos los ciudadanos estadounidenses. Los están deteniendo, interrogando y trasladando. Me encontré con uno de ellos en la ciudad de Nueva York. Lo interrogaron durante dos horas; aunque era ciudadano estadounidense, al igual que sus hijos y su esposa. Hoy estamos aquí por Kilmar. Merece estar junto a su familia. No ha infringido ninguna ley. No hay razón para que lo hayan devuelto a prisión, y exigimos que regrese”, dijo Espaillat.
La madre, el hermano, los hijos y la mujer de Abrego García estuvieron presentes en la convocatoria. Jennifer Vasquez Sura, la esposa, apenas contenía las lágrimas al declarar que “mi compañero de vida, Kilmer, debería haber regresado a casa hace 50 horas, pero aquí estoy nuevamente hoy, de pie frente a ustedes, para que continúen contando la historia y recuerden su nombre porque la Administración Trump sigue retrasando la reunificación de mi familia. Este supuesto error administrativo ha destruido la felicidad de mi familia y la inocencia de mis hijos”. Y lanzó un mensaje a su marido: “Si me escuchas, sigo luchando por ti. Tu hermano, tu madre y tus hijos siguen luchando por ti. Y no vamos a perder la esperanza de que el Tribunal Supremo haga lo correcto”.
La orden de Roberts no es una decisión sobre las cuestiones jurídicas del caso y solo concede más tiempo para considerar qué pasos tomar a continuación.
El caso de Abrego García cobró notoriedad mediática porque se ha convertido en un símbolo de las injusticias que se están cometiendo con las deportaciones de migrantes a la cárcel de El Salvador. Sin órdenes judiciales que justifiquen sus expulsiones ni derecho a la representación de un abogado, el Gobierno de Trump ha enviado a cientos de personas al país centroamericano para ser encarcelados en Cecot, la prisión para terroristas construida por Bukele donde son conocidas las violaciones de los derechos humanos. La Administración se excusa tras la afirmación de que los detenidos pertenecen a las pandillas MS-13 y Tren de Aragua, que Trump ha incluido en la lista de organizaciones terroristas, y se apoya en a aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, que data de 1798 y solo ha sido utilizada en situaciones de guerra. En algunos casos, la prueba que condujo a las detenciones fueron solo los tatuajes que relacionan con las pandillas y que son comunes en sus países de origen.
Abrego García llegó en 2011 a Estados Unidos de forma irregular, huyendo de la amenaza de muerte que pesaba sobre él por parte de las pandillas que controlaban El Salvador. Trabajó como obrero de la construcción y se casó con una ciudadana estadounidense, con la que tuvo un hijo, que es discapacitado, y que se sumó a los dos hijos que ya tenía su esposa de una relación anterior. Vivía en el condado de Prince George, en el Estado de Maryland, a las afueras de Washington DC.
En 2019, Abrego García fue a un Home Depot en busca de trabajo cuando fue arrestado por la policía local que lo traspasó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Los agentes le acusaron de pertenecer a la pandilla criminal MS-13, aunque nunca aportaron pruebas y no se presentaron cargos contra él. Un juez de inmigración estadounidense le otorgó protección contra la deportación a El Salvador para evitar la persecución que sufriría allí por parte de pandillas locales.
La directora de asuntos legales de CASA, Ama Frinpong, que está llevando el caso ante el Supremo, rechazó el argumento del Gobierno de que carece de autoridad. “Estos son detenidos estadounidenses bajo custodia del Gobierno estadounidense, que simplemente está alquilando espacio en esa prisión para retener a Kilmer. Así que, en cualquier momento, pueden pedir su regreso. Pero no ha habido indicio alguno de que hayan intentado traerlo de vuelta”, afirmó. El Tribunal Supremo tiene aún que pronunciarse sobre el caso, lo que puede suceder en cualquier momento.
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