Represión y cárcel: el único sistema en Cuba que no sufre parálisis

Abrazos, lágrimas, maletas, madres e hijos. Las imágenes de las primeras excarcelaciones de presos tras el anuncio del Gobierno cubano el jueves por la noche del mayor indulto en una década, con 2.010 beneficiados, son una pequeña grieta en la oscuridad de un sistema penitenciario y represivo que no ha dejado de actuar, ni siquiera en estos dos últimos meses en los que la presión de Estados Unidos hacia la isla, en forma de cerco petrolero, casi ha paralizado la economía del país.

Las excarcelaciones se producirán en las próximas horas o días, pero no hay un listado de nombres para analizar cuántos de esos indultados son presos políticos. La organización Prisoners Defenders, con sede en Madrid, calcula que hay 1.214 personas en esta situación en Cuba, es decir, que fueron encarceladas por expresar sus ideas o críticas hacia el Gobierno, que a su vez niega que en sus cárceles haya presos de conciencia. Esta opacidad permea todo el sistema, en el país con más condenas por detención arbitraria del mundo, según el dictamen de un grupo de trabajo de Naciones Unidas.

Las diferentes organizaciones que velan por derechos de los presos se mostraron cautas ante el anuncio del Gobierno de Miguel Díaz-Canel, que se produce en medio de la presión extrema de Washington y una vía de diálogo que no se sabe en qué términos se está desarrollando. Por eso a Manuel Cuesta Morúa, un líder opositor cubano que vive en La Habana, y que ha pasado muchas veces por comisaría, no le extraña el procedimiento dilatado de las excarcelaciones ni la falta de transparencia. “El gobierno siempre trata de ir soltando de a poco, justo para no alimentar tanto la idea de movimiento como para enviar el mensaje de que están en control, no desesperados, algo que parecería si liberase a todos de una vez y por oleadas masivas”, explica. En su opinión, este gesto que el régimen publicita como “humanitario y soberano” está vinculado a la negociación con Washington “para relajar la presión”, algo que ya se ha hecho en anteriores ocasiones, puesto que los presos políticos son “la principal moneda de cambio” del Gobierno cubano en la negociación de conflictos.

Cuesta Morúa forma parte de la plataforma Foro Acción Amnistía 2026, nacido en febrero y compuesto por más de 50 organizaciones civiles, que pide que los presos políticos sean una prioridad en el diálogo entre Washington y La Habana, que haya una amnistía y se “despenalice el ejercicio de los derechos para cerrar la puerta giratoria”. Con esto se refiere a que, conforme salen unos de prisión, van entrando otros en un círculo represivo. “De este modo el tema de los derechos humanos y la liberación dejan de ser moneda de cambio y dejan de estar supeditados a intereses de Estado y al juego geopolítico”, añade.

Las organizaciones internacionales ponen el foco también en la letra pequeña de este último indulto. “Suele suceder que la liberación está sujeta a condiciones muy restrictivas. No es la primera vez que sueltan a presos cuando les interesa políticamente, para luego volver a encarcelarlos”, apunta Juan Pappier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch, que pone como ejemplo lo sucedido en 2025. El castrismo había acordado la liberación de más de 500 presos con la Administración de Joe Biden, “pero con la llegada de Trump y el regreso de la mano dura, muchos volvieron a ser encarcelados”.

La cárcel es la manera más extrema de castigar el disenso, pero el régimen cubano tiene desde hace décadas un amplio repertorio para reprimir manifestaciones que, a sus ojos, desafíen el orden impuesto, desde la censura a periodistas, incluso de medios estatales, influencers o líderes de opinión, a la vigilancia en sus casas, las amenazas, las notificaciones para ir a declarar sin saber el motivo o detenciones sin orden de arresto. Sumado a esto, también existe una vieja red de Comités de Defensa de la Revolución como forma de control social en cada vecindario. Una fórmula que, aunque sigue presente, ya casi es un cascarón vacío de otra época. Los vecinos ahora, más que delatarse entre ellos, cada vez más avisan o alertan de las maniobras represoras del Estado.

En febrero y marzo, las redes sociales se llenaron de denuncias de este tipo de actuaciones, por ejemplo la presencia de miembros de la seguridad del Estado en asambleas universitarias, o el encarcelamiento de los miembros de El4tico (El Cuartico), donde narraban en vídeo su mirada sobre la actualidad cubana. El delito de “propaganda contra el orden constitucional”, el que se les imputa a los creadores de El4tico se ha utilizado, como expone Prisoners Defenders en su último informe, para castigar cosas como “elaborar, exhibir o difundir carteles críticos, grafitis con consignas libertarias o mensajes políticos en internet”.

Otro ejemplo es la condena a Leonard Richard González Alfonso a siete años de prisión por cuatro pintadas en la calle en 2025, cuando los apagones ya eran muy frecuentes, en las que se leía: “¿Hasta cuándo?“, ”¿Hasta cuándo? Nos están matando", “¿Hasta cuándo, Cuba?" y “¿Hasta cuándo? Justicia Cuba", según informa la agencia Efe. La oleada represiva alcanza en ocasiones incluso a menores de edad. La ONG cubana Cubalex denuncia que hay al menos cuatro menores entre los detenidos por las protestas de mediados de marzo ante la sede del Partido Comunista en Morón, en el centro del país, que acabaron con el inmueble incendiado.

La figura de “delitos contra la autoridad” también se ha convertido en una versátil herramienta de represión en los últimos años, como denuncia la organización Justicia 11J, en referencia a las históricas protestas del 11 de julio de 2021 en varias ciudades cubanas que fueron duramente reprimidas y llevaron a la cárcel a cientos de personas. Bajo esa tipificación “se han criminalizado de forma reiterada conductas que no implican violencia ni representan una amenaza real, como la protesta pacífica, la crítica a funcionarios o la interacción con agentes del Estado”, dicen en un comunicado al hilo del indulto.

Uno de los detenidos durante aquellas protestas masivas es Duannis León, de 27 años, que cumple 14 años de condena por sedición en una cárcel de máxima seguridad. Una tarde de aquel julio, lo detuvieron ocho agentes de paisano que se bajaron de un coche sin matrícula y se lo llevaron a golpes. Según su testimonio, durante los altercados la policía empezó a disparar y los manifestantes respondieron con piedras. Durante una visita de este diario a la casa de su familia, a mediados de enero, su madre contaba que su hijo apenas veía del ojo izquierdo después de una de las palizas de los policías de la cárcel, donde pasó semanas en una celda de aislamiento.

En sus informes sobre Cuba, la Organización Mundial contra la Tortura ha registrado “constantes violaciones al debido proceso, la falta de independencia de abogados y operadores de justicia”, así como “los tratos crueles, inhumanos y degradantes que sufren las personas privadas de libertad en centros de detención”.