De Filadelfia 1776 a Minnesota 2026: el nuevo escenario de un viejo conflicto

Las tensiones recientes entre las autoridades locales de Minnesota y las migratorias del Gobierno de Donald Trump, en particular el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), no son solo la postura de ciudades o Estados “rebeldes”. Son la manifestación más reciente de una disputa tan antigua como el país mismo: la resistencia del poder local frente a un centro federal que, periódicamente, intenta gobernar por imposición. Leer lo que ocurre hoy en Minneapolis —y sus consecuencias— como un episodio aislado de política migratoria es quedarse en la superficie. En el trasfondo está el federalismo estadounidense, concebido desde su origen para preservar la autonomía regional y limitar el poder del Ejecutivo central en ciertos asuntos.

Estados Unidos nació en 1776 como una reacción directa contra una corona británica distante. Al buscar la independencia, las 13 colonias no pretendían sustituir a Londres por otro centro de poder dominante, sino también preservar su autonomía política. De ahí la desconfianza estructural hacia el poder central plasmada en los Artículos de la Confederación, vigentes hasta 1787, que establecieron un Gobierno federal deliberadamente débil. El experimento fracasó debido a su insolvencia fiscal, disputas entre los Estados e incapacidad para garantizar un orden básico. La Constitución de 1787 fortaleció el poder central, manteniendo un contrapeso en el poder de las excolonias, ahora convertidas en Estados. Desde entonces, las fricciones internas —más que un fallo del sistema— son un tenso mecanismo de equilibrio.

El siguiente conflicto emergió una década después. En 1798, las Leyes de Extranjería y Sedición, aprobadas bajo el temor a una guerra con Francia y en un contexto de agitación interna, ampliaron de forma significativa el poder federal para perseguir extranjeros y silenciar la disidencia. La reacción de varios Estados fue frontal. Virginia y Kentucky sostuvieron que no estaban obligados a ejecutar leyes federales que consideraran inconstitucionales. Esa posición no prosperó en los tribunales, pero profundizó la convicción de que los Estados no existen únicamente para obedecer.

En realidad, esa lógica venía gestándose desde antes, con el lema fundacional de la rebelión colonial: “No taxation without representation” (No a impuestos sin representación). La resistencia no se dirigía solo contra los impuestos, sino contra un poder foráneo que decidía sin representación ni participación local.

El capítulo más extremo de esa tensión fue la esclavitud. En el siglo XIX, el Gobierno federal impuso leyes que obligaban a jueces, policías y autoridades locales del norte a colaborar en la captura de personas esclavizadas que huían del sur. Muchos Estados y ciudades se negaron abiertamente y aprobaron normas para sabotear esa cooperación.

En aquel momento la tensión dejó de ser manejable y el sistema colapsó hacia la secesión y la Guerra Civil, mostrando los límites del federalismo en un conflicto existencial que se resolvió por la fuerza. La victoria federal, más de 600.000 muertos después, preservó la unidad y reforzó la autoridad de Washington, pero no eliminó la fricción con el poder local. Este choque violento también reconoció que el poder federal no podía exigir obediencia automática a autoridades estatales y locales. Ese principio, forjado en el conflicto que llevó a la ruptura del país, lo invocan hoy Estados y ciudades cuando rechazan actuar como brazos operativos del ICE.

Ese patrón siguió durante la Reconstrucción posterior y, décadas más tarde, en la lucha por los derechos civiles, cuando Washington ordenó la desegregación y la ampliación de derechos de la población negra: muchos gobernadores, legislaturas estatales y policías locales respondieron con resistencia abierta o encubierta. La respuesta federal fue gradual y costosa: litigios, presión política y, en ciertos casos, intervención directa. Las imágenes de tropas federales escoltando a estudiantes negros a escuelas públicas —como ocurrió con los Nueve de Little Rock en 1957 cuando el presidente Eisenhower ordenó imponer la desegregación por la fuerza— dejaron una lección muy gráfica de cómo el poder central se puede imponer plenamente, pero con un alto costo político y simbólico.

La inmigración es hoy el nuevo escenario de ese conflicto estructural. La cooperación que exige el Gobierno federal a policías locales, cárceles municipales y autoridades estatales no es solo un debate jurídico, sino un nuevo capítulo en la disputa por el equilibrio del federalismo. Las respuestas locales son una defensa explícita de su autonomía institucional. A su vez, el despliegue intensivo de agentes federales armados y enmascarados, las protestas con enfrentamientos y muertes de ciudadanos en circunstancias arbitrarias y las demandas presentadas por autoridades locales marcan un punto de inflexión: la cooperación se ha roto y Washington busca sustituirla por presencia directa y fuerza.

La insistencia en imponer esa cooperación a la fuerza muestra que la lucha contra la inmigración es el campo de batalla en el que la Casa Blanca está buscando cambiar el sistema político a través del sometimiento del poder local bajo el federal, imponiendo la voluntad de Washington a todos los niveles.

La paradoja final es clara. Estados Unidos ha sobrevivido dos siglos y medio, no porque haya resuelto estas fricciones, sino porque ha aprendido —a veces a golpes y con violencia— a convivir con ellas. El reto sigue siendo administrar las tensiones estructurales sin romper el delicado equilibrio que, durante casi un cuarto de milenio, ha mantenido al país relativamente cohesionado.

Ya veremos cómo se resuelve esta vez.