Armarse ante el miedo al autoritarismo de Trump: cada vez más progresistas adquieren armas

La justificación del Departamento de Seguridad Nacional para el asesinato del enfermero de 37 años Alex Pretti este sábado en Minneapolis fue un arma. Según la versión de la Administración Trump, desmentida casi por completo por los videos que se viralizaron al instante, antes de recibir varios disparos de un agente migratorio federal mientras él estaba en el suelo, Pretti intentó asesinar a los agentes que lo estaban golpeando con una pistola semiautomática. Portar un arma es un derecho fundamental en Estados Unidos. Este fin de semana ha sido, sin embargo, de acuerdo a ese mismo Gobierno, la condena mortal de un hombre. La noción de que armarse equivale a estar más seguro regresa a la mesa del debate en Estados Unidos con más en juego que nunca.

Unos días antes, las imágenes de hombres con armas largas, vestidos de negro, algunos también con boinas, viajaron desde las calles de Filadelfia hasta las palmas de las manos de millones de personas. Estos videos virales de las protestas en contra de los abusos de los agentes migratorios tras el asesinato de Renee Good en Minneapolis, traían también recuerdos de otra época, de los turbulentos años 60, tal vez el único momento en el pasado con niveles de tensión nacional similares a los actuales. “Si creen que pueden venir y brutalizar a la gente mientras nosotros estamos aquí. Inténtenlo y se enterarán”, dice a cámara quien se identifica como chairman Paul Birdsong, del Partido de las Panteras Negras para la Autodefensa. “Somos las mismas Panteras Negras de los viejos tiempos, pero somos un poco más agresivos ahora, ¿entienden? Cargamos armas más grandes, no toleramos ninguna mierda”, agrega quien se presenta como el heredero del legado de Bobby Seale y Huey P. Newton, quienes fundaron el partido original en 1966 y se armaron para enfrentar la brutalidad policial contra afroamericanos en medio de la turbulenta lucha por los derechos civiles.

La verdadera conexión con el partido, oficialmente desintegrado en 1982, no está clara. Pero la imagen, al igual que la secuencia que acabó en el asesinato de Pretti este sábado, es evidencia de un fenómeno más amplio. En el último año, y especialmente en los últimos meses, se ha reportado en Estados Unidos un aumento de interés por parte de quienes se identifican como progresistas o de izquierda en comprar armas de fuego ante el creciente autoritarismo de la Administración de Donald Trump y el temor al envalentonamiento de las milicias de extrema derecha que existen en el país.

No hay cifras concretas, pues no se requiere compartir la posición política para comprar una pistola o un fusil semiautomático en Estados Unidos, pero a lo largo del país existen grupos de tiro progresistas que han compartido su asombro ante el aumento de sus membresías. El Liberal Gun Club, por ejemplo, que tiene presencia en 30 Estados y ofrece adiestramiento, ha dicho que desde noviembre ha pasado de tener 2.700 miembros a 4.500 y que las peticiones de entrenamiento se han multiplicado por cinco. Muchos otros grupos similares, más políticos o de la comunidad LGTBI, también han reportado incrementos; y en los campos de tiro más tradicionales, los usuarios hablan de nuevas caras de personas que no encajan en el perfil usual de entusiastas de las armas, casi siempre conservadores.

Luis, un hombre de 30 años de Ohio que prefiere no ser identificado por temor al clima que impera en el país, nunca antes había considerado comprar un arma. No creció en un hogar con armas y los entrenamientos en su escuela en caso de un tiroteo activo lo marcaron. “Me es difícil imaginarme teniendo un objeto diseñado para ser letal”, reconoce. “Dicho eso, lo he estado considerando seriamente desde que la situación del ICE (Servicio de Inmigración) comenzó. Seguí de cerca las elecciones y fui una de esas personas en mi entorno que estuvo advirtiendo de que la situación escalaría a esto, pero simplemente me llamaban alarmista o conspiranoico”, añade. Dice que sigue “con la esperanza de que todo pare”, pero le “parece poco probable ahora”. “La muerte de Renee Good sin duda tuvo un impacto extremo y es lo que me ha llevado a buscar informarme para comprar un arma”, explica por mensajes de texto.

Luis es un aficionado a la historia y vivir bajo un régimen fascista ha sido un temor real que siempre ha tenido. El presente, considera, está haciendo realidad ese miedo. “Antes de las elecciones, sin duda me sentía incómodo con las organizaciones de extrema derecha, pero con la militarización del ICE y su loca carrera por contratar al mayor número posible de agentes, creo que el ICE está, en la práctica, reuniendo a esos grupos bajo un mismo paraguas como agencia federal”, opina. “Cuentan con financiación federal y el apoyo de la Administración, ¿por qué no iban a unirse?”.

Ante esta amenaza, muchos progresistas parecen estar abandonando su tradicional reticencia a las armas para abrazar la Segunda Enmienda a la Constitución, la cual garantiza el derecho a poseer y portar armas. Especialmente desde el auge de los tiroteos masivos, tantas veces en escuelas, en Estados Unidos la Segunda Enmienda ha sido un punto de contención profundo cuyas líneas suelen corresponderse casi exactamente con la división política del país: conservadores en contra de cualquier restricción a las armas, el progresismo a favor de poner límites claros a quiénes pueden comprar armas y cuáles.

Ahora, sin embargo, han comenzado a proliferar los testimonios de personas que se consideran de izquierda o liberales y que ven en las armas el último refugio de sus propias libertades ante un gobierno crecientemente autoritario. Y se están volviendo cada vez más comunes las imágenes de civiles armados en las protestas diarias en contra de la ofensiva migratoria de la Administración Trump que ha puesto a agentes federales enmascarados en las calles para detener personas solamente por ser morenas o hablar en otros idiomas diferentes al inglés.

En un país con entre 400 y 500 millones de armas, de acuerdo a las estimaciones del medio especializado Ammo basándose en datos públicos a falta de un registro nacional oficial, el argumento es que no tener un arma te convierte en un blanco fácil para un Gobierno autoritario o criminales. Y el número reciente de ventas anuales, que vio su punto más alto durante la pandemia con más de 20 millones de nuevas armas compradas, duplica el promedio de hace dos décadas.

Del otro lado de la moneda, el temor es que con más armas circulando el riesgo de un escalamiento incontrolable de la violencia aumente. Las palabras “guerra civil” no se susurran, sino que representan una posibilidad real para los ciudadanos desde hace años. Tras la primera elección de Trump, la revista Foreign Policy pidió a un grupo de expertos en seguridad nacional que evaluaran las posibilidades de una guerra civil en los próximos 10 a 15 años. El consenso se ubicó en el 35%. En 2019, una encuesta de la Universidad de Georgetown preguntó a los votantes registrados cuán cerca veían el país al borde de una guerra civil, en una escala de 0 a 100: la media de sus respuestas fue 67,23 puntos. Y en noviembre pasado, la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles y Humanos, el grupo más antiguo y grande en defensa de los derechos civiles del país, encontró que el 57% de los estadounidenses temen que están encaminados a una guerra civil.

En el clima político y social actual, es un escenario realista. De hecho, un ejercicio llevado a cabo por el Centro por la Ética y Estado de Derecho (Center for Ethics and Rule of Law) de la Universidad de Pensilvania se asemeja mucho a la actual confrontación entre los líderes del Estado de Minnesota y el Gobierno federal. En ese ejercicio, en el que varios participantes eran veteranos militares y oficiales gubernamentales retirados, el presidente llevaba a cabo una operación policial muy impopular en Filadelfia e intentaba hacerse con el control de la guardia nacional de Pensilvania. Cuando el gobernador se resistía y la guardia permanecía leal al Estado, el presidente desplegaba tropas en servicio activo, lo cual provocaba un conflicto armado entre las fuerzas estatales y federales. Por ahora, todo menos lo último ha sucedido en Minneapolis, aunque hay 1.500 soldados desplegados en reserva en caso de un escalamiento.

En un escenario así, es difícil predecir qué papel jugarían los millones de civiles armados que hay en el país. Pero cada vez más voces públicas entre la izquierda reclaman, como hasta hace poco lo hacían casi exclusivamente los conservadores, que su seguridad depende en última instancia de tener el dedo sobre un gatillo listo para disparar se están oyendo cada vez más.

“No se trata de tiroteos en escuelas o tiroteos masivos, se trata de que el Gobierno federal está infringiendo activa y militarmente nuestros derechos y despojando de ellos a quienquiera que decida que lo merece”, dice Luis, en Ohio. “Me resulta confuso ver cómo los defensores de la Segunda Enmienda de repente bajan la cabeza y apoyan lo que está sucediendo, cuando este es precisamente el tipo de situación en la que todos ellos afirmaban que debíamos proteger nuestro derecho a poseer y portar armas. Y por mucho que nunca hubiera deseado ver o experimentar algo así, tenemos el derecho y el deber de protegernos y defendernos de un gobierno tiránico”.

Chairman Paul Birdsong, desde las calles de Filadelfia, es todavía más claro. “Esos agentes del ICE no van a actuar así si hay un montón de gente con rifles de asalto y escopetas. Si te vas a armar legalmente, ármate con algo más grande de lo que ellos tienen”.