Minneapolis: símbolo del rostro más oscuro de ICE

El asesinato de Renee Nicole Good, ciudadana estadounidense de 37 años, poeta y madre de tres hijos, ocurrido ayer en Minneapolis a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), ha provocado una fuerte conmoción social. El hecho ocurrió en el contexto de un fuerte operativo federal de migración en la ciudad, cuando agentes rodeaban el vehículo de la mujer en la vía pública.

La versión del gobierno central sostiene que el agente del ICE actuó en “defensa propia”, al considerar que la víctima representaba una amenaza directa al usar su vehículo como un arma. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fue más allá al afirmar que se trató de un ataque deliberado y calificar el hecho como “terrorismo doméstico”. Trump respaldó esa narrativa y cerró filas con los agentes involucrados, mientras que el vicepresidente J.D. Vance presentó el episodio como un ataque contra las fuerzas del orden, desestimando las críticas y la posibilidad de una investigación independiente. Los videos difundidos, sin embargo, muestran una realidad muy diferente: una escena caótica y un uso desproporcionado de la fuerza, donde el agente dispara tres veces contra Good, sin que se observe ningún peligro para ellos.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, rechazó la versión federal y exigió la retirada de los agentes de ICE de la ciudad al afirmar que su presencia ha generado caos, un uso imprudente del poder federal y la muerte de una persona inocente. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, cuestionó el despliegue de ICE, denunció un uso político de la fuerza federal y llamó a la protesta pacífica. La indignación social ha ido en aumento: se han registrado protestas en al menos 6 ciudades y hay llamados para otras más en días siguientes. En Minneapolis se declaró estado de emergencia y se cancelaron clases en escuelas públicas por razones de seguridad. La indignación pública y el rechazo de líderes locales han elevado la tensión política nacional, lo que podría tener repercusiones para la Casa Blanca.

En 2020 Minneapolis fue el escenario del asesinato de George Floyd durante una detención, hecho que desató protestas en todo el mundo. Casi seis años después, la ciudad vuelve a ser testigo de un hecho similar: uso letal de la fuerza, justificación inmediata desde el poder federal y una comunidad que regresa a las calles.

Tras las redadas masivas en Los Ángeles en junio de 2025, el número de personas bajo custodia de ICE se disparó, superando 68.000 en diciembre y acumulando 328.000 detenciones en todo el año, más del 70% de ellas sin antecedentes penales. A la par, el ICE intensificó sus operativos en las “ciudades santuario”, como parte de una estrategia federal para ejercer mayor presión sobre las jurisdicciones que limitan la cooperación con las autoridades de inmigración.

Personas permanecen detenidas durante semanas sin aparecer en los registros, lo que impide conocer su situación legal y acceder a defensa, reforzando la percepción de uso desproporcionado de la fuerza y detenciones arbitrarias. En California, el gobernador llevó a tribunales la exigencia de que agentes federales se identifiquen y no actúen encapuchados durante operativos.

Tras la aprobación de la llamada “gran y hermosa ley” impulsada por Trump, se autorizó al ICE un presupuesto extraordinario cercano a los 75 mil millones de dólares y una autorización para expandirse más que cualquier otra fuerza de seguridad federal. Se han incorporado más de 12 mil nuevos agentes y anunciado 10 mil más en el corto plazo. Hoy, ICE cuenta con 22 mil elementos, perfilándose como la agencia de aplicación de la ley con más recursos en EE. UU., y una de las más robustas del mundo.

El efecto social de esta dinámica es profundo. La narrativa de amenaza permanente y la construcción del enemigo interno genera un clima de incertidumbre donde nadie sabe con certeza cuáles son los límites del poder del Estado. Las comunidades migrantes viven con miedo constante, pero ese miedo ya no les es exclusivo. Se extiende a ciudadanos, vecinos, periodistas y manifestantes. La línea entre control migratorio y seguridad interior se ha desdibujado peligrosamente.