Colombia y el día después de Maduro

La caída del régimen del dictador Nicolás Maduro y la llegada de una nueva Administración en Venezuela —bajo la influencia decisiva de Estados Unidos, sea cual sea la forma o el nombre que tome e independientemente de la opinión de cada uno sobre la operación— no moldearán solo el futuro de ese país. Tendrán implicaciones profundas y simultáneas para Colombia, tanto en materia de seguridad como en los frentes económico, comercial y de cooperación. Entender esas dos dimensiones, que ya replantearon el mapa político colombiano, será clave para los votantes en las próximas elecciones presidenciales en mayo.

Durante años, Colombia ha convivido con un vecino convertido en santuario de grupos terroristas colombianos como el ELN y las disidencias de las FARC, así como de organizaciones terroristas transnacionales como el Tren de Aragua e incluso redes vinculadas a Hezbolá. Bajo la protección del régimen de Maduro y la complacencia de Gustavo Petro, su homólogo y hasta hace poco aliado en Colombia, esos grupos encontraron refugio, financiamiento y retaguardia para delinquir y fortalecerse en territorio venezolano. Esa realidad fue útil a la narrativa del Gobierno Petro y a su fracasada “paz total”, así como a la peligrosa idea de una “zona binacional” que, en la práctica, habría sido un corredor de impunidad para esos grupos.

Ese escenario está cambiando. El nuevo Gobierno venezolano no podrá tolerar la presencia de terroristas en su territorio. El resultado ya se está viendo: todos están saliendo hacia Colombia, cargando consigo narcotráfico, extorsión, reclutamiento infantil, violaciones de derechos humanos y asesinatos. Según la Defensoría del Pueblo colombiana, en diciembre de 2024, 790 municipios —el 71 % del país— tenían presencia de grupos armados ilegales. El efecto inmediato serán más guerras territoriales en Colombia y un deterioro aún mayor de la ya dramática situación de seguridad que deja el Gobierno Petro.

El presidente colombiano y el ELN salieron el mismo fin de semana con narrativas casi idénticas en defensa de su aliado Nicolás Maduro, calificando la operación de Estados Unidos como un ataque contra toda América Latina. Olvidaron mencionar que el verdadero usurpador fue Maduro, quien en julio de 2024 —de forma demostrada— robó las elecciones a Edmundo González y María Corina Machado, hecho que el presidente colombiano ni los líderes del ELN y otros terroristas no condenaron entonces, como sí lo hacen ahora frente a su caída.

Enfrentar este nuevo escenario sin una cooperación estrecha con Washington en inteligencia, control fronterizo y lucha contra el narcotráfico será imposible. Hay una verdad incómoda que el actual Gobierno no admitirá, pues cree que la confrontación pública con Donald Trump le ayuda, pero que el próximo tendrá que asumir: sin Estados Unidos, Colombia no podrá gestionar el día después de Maduro.

Limitar el análisis a la seguridad sería, sin embargo, incompleto. La destrucción del comercio bilateral causada por el chavismo —que llevó el intercambio de un pico cercano a 7.500 millones de dólares en 2008 a apenas 1.100 millones en 2024— abre también una oportunidad estratégica. Además del comercio, la reconstrucción de Venezuela requerirá inversión, bienes, servicios, logística, alimentos, energía e infraestructura. Colombia, por cercanía, capacidades productivas y conocimiento del mercado, está llamada a ser un socio natural de ese proceso; salvo que el próximo Gobierno sea una prolongación del actual, en cuyo caso es previsible que el deterioro continúe.

Desaprovechar esa oportunidad sería absurdo, más aún cuando Colombia se acerca a una encrucijada fiscal que ya no admite eufemismos. El país cerrará 2025 con un déficit cercano al 7% del PIB y una deuda pública en torno al 63–64 % del PIB, resultado de decisiones políticas que han debilitado la regla fiscal y la previsibilidad económica. Las consecuencias ya llegaron: Standard & Poor’s y Fitch Ratings rebajaron la calificación soberana a BB, y Moody’s la redujo a Baa3, dejando al país al borde de perder el grado de inversión.

A ese panorama se suman señales inquietantes de improvisación, como la colocación de TES a tasas elevadas y con un solo inversionista, y el manejo de Ecopetrol —la petrolera estatal y principal fuente de recursos del Gobierno—, cuyas utilidades se desplomaron en más de un 55% entre 2022 y 2024 y cuya acción ha perdido más del 30% de su valor, en medio de escándalos de corrupción y un evidente deterioro de la gobernanza.

La responsabilidad última es del Gobierno Petro, que sacrificó seriedad, alianzas estratégicas y previsibilidad en favor de apuestas ideológicas de corto plazo. El resultado es un país más inseguro, más caro de financiar y con menos margen de maniobra.

El día después de Maduro no será neutro ni benévolo con Colombia. Traerá más presión, más violencia y decisiones impostergables. También abrirá oportunidades que no esperan a gobiernos confundidos ni a liderazgos timoratos. Colombia puede aprovechar ese momento histórico o quedar relegada por su propia irresponsabilidad. No habrá puntos intermedios.

Persistir en la ambigüedad frente a la criminalidad, en la retórica vacía de una paz inexistente y en el distanciamiento de los aliados estratégicos solo conduciría a un desenlace previsible: una Venezuela reconstruyéndose con apoyo internacional y una Colombia aislada, debilitada y atrapada en su propio desorden. Sería una paradoja histórica y un fracaso político de enormes proporciones.

La elección presidencial colombiana que se aproxima no es una elección ideológica convencional. Es una decisión sobre seguridad, Estado, desarrollo y supervivencia institucional. El próximo presidente tendrá que tomar decisiones muy duras e impopulares. Por eso, Colombia necesita un liderazgo que le dé certezas y no más incertidumbres. Que tenga experiencia y conocimiento del Estado, capacidad gerencial, que entienda el nuevo tablero regional, que no titubee frente al crimen organizado, que reconstruya alianzas —empezando por Washington—, que devuelva autoridad, previsibilidad y seriedad al Estado y que no centre su gestión en seguir dividiendo a los ciudadanos.

Seguir por el camino actual no es una opción: es una renuncia. Renuncia a la seguridad, al crecimiento y al papel que Colombia puede y debe jugar en la región. Si los colombianos se equivocan, el costo no será simbólico ni reversible. Será más violencia, más pobreza y menos país. Y esta vez, no habrá a quién culpar afuera.