El acuerdo para una zona binacional firmado por Petro y Maduro hace oídos sordos a los habitantes en la frontera

Colombia y Venezuela firmaron un memorando de entendimiento a principios de julio para la creación de una zona económica compartida en la frontera. La foto de ese día resumía bien el talante de la relación entre vecinos. Las dos ministras de Comercio Exterior junto al jefe de despacho de Petro, Alfredo Saade, posaron satisfechos con las carpetas que contenían el acuerdo de siete páginas suscrito en Caracas. La información oficial ha caracterizado el pacto como un esfuerzo en aras de fomentar un área limítrofe en paz, unión y con desarrollo integral. Una tarea vidriosa. Sobre el mapa está una de las zonas más violentas, con una compleja crisis humanitaria, una región que abarca a los departamentos colombianos de Norte de Santander y La Guajira, y a los estados venezolanos de Táchira y Zulia. Por ello las discrepancias no tardaron en saltar desde Bogotá.

El primer tropiezo que han planteado los analistas es que el diseño del plan ha dejado de lado a la “gente del territorio, los empresarios, las organizaciones sociales y otros actores clave”. Lo dice el investigador y economista cucuteño Mario Zambrano. Él señala falta de legitimidad. Un argumento que refuerza la internacionalista Sandra Borda: “La sociedad civil en la frontera está muy organizada. Hay grupos de académicos, de gremios que han trabajado en potenciar la zona durante todo el tiempo que los dos Gobiernos estuvieron distanciados. Ahora, por alguna razón absurda, la conversación no involucró a estos sectores, que deberían participar a futuro en los grupos de trabajo”.

Un segundo punto son las disparidades de los dos sistemas políticos: “Está empíricamente comprobado, alrededor del mundo, que las autocracias no cumplen con los acuerdos internacionales”, explica Borda. Su experiencia le permite establecer que en regímenes cerrados, como el venezolano, no existen mecanismos de control ciudadano. Adolecen de aparatos que le hagan un seguimiento veraz a las reglas de juego en asuntos comerciales. En resumen: faltan mecanismos de transparencia. Por ello, concluye que abrir la puerta a un proyecto con inversiones “chinas, indias y rusas”, como adelantó el presidente Maduro, podría darle vía libre a los desfalcos y profundizar los problemas de corrupción de la región.

Pese a ello, desde el oficialismo recuerdan que la maquinaria diplomática y comercial entre los dos países ya está bastante bien aceitada. De hecho ya hay un TLC, denominado de “alcance parcial”, andando. También un acuerdo de protección a las inversiones aprobado por el Congreso. Y detallan que este nuevo pacto binacional anunciado no es vinculante. No tiene carácter de ley. Y caduca en 2030. “En septiembre celebramos tres años de la reapertura de la frontera y nos parece que el memorando de entendimiento es un buen gesto que le da continuidad al trabajo en las relaciones económicas, comerciales e inversión para la cultura y la paz”, defiende el exministro de Industria y Comercio y ahora presidente de la Cámara Colombo Venezolana, Germán Umaña.

Sin embargo, cualquier profundización a la vista entre los dos países genera reparos notables desde diversos círculos en Colombia. Los dos vecinos necesitan que las cosas fluyan, pero pocos saben cuál es la fórmula para abordar el asunto. “Ya sucedió cuando Venezuela dio el tránsito hacia el chavismo, hubo un lío grandísimo con el pago de deudas a los empresarios colombianos”, subraya Borda. Los analistas más críticos coinciden: el manejo diplomático de Venezuela da poco margen para desarrollar un canal regular. O vínculos estables. “Yo soy pesimista”, opina Mario Zambrano, “porque en esta región se han generado un montón de apuestas de este tipo desde hace 30 o 40 años y ninguna ha sido implementada de forma eficaz en el territorio. Hemos tenido leyes de frontera, zonas de integración fronteriza que no se han logrado finiquitar”. Además, está el hecho de que un buen trecho de los 2.219 kilómetros de frontera que separan a las dos naciones es tierra sin ley.

Con todo, las exportaciones colombianas hacia Venezuela crecieron un 25,3% durante los primeros cinco meses de este año al contrastarlas frente al mismo período de 2024, según cifras del DANE. Y el volumen de ese intercambio comercial equivale a unos 430,9 millones de dólares. Por eso, a pesar de los reparos, los observadores dejan un margen de duda a la espera de que el Gobierno convoque a la sociedad civil para formar grupos de trabajo que incidan en la dirección de estos planes.

Pero no solo del lado colombiano. El economista Zambrano agrega que debe ser una “visión conjunta”. En su opinión es urgente traer a colación un enfoque “transfronterizo”. En esta ocasión presiente, sin embargo, que se trata de otro anuncio teñido de visos pre electorales “cortoplacistas”. De hecho, Sandra Borda cuestiona por qué solo se han abordado temas comerciales dejando de lado el complejo asunto de seguridad, cuando varios grupos armados pasan de un lado al otro de la frontera sin problema. Por su parte el director regional de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Francisco Unda, resumió en su cuenta de X: “Es increíble que se avance en este tema sin siquiera discutirlo con los habitantes de la región. Pero lo más grave es que el Gobierno colombiano crea que una zona que necesita, con urgencia, mayor seguridad jurídica pueda lograrla compartiendo normas con un país sometido a una dictadura, sin Estado de derecho ni imperio de la ley”.