“Trump no nos representa”: activistas de Estados Unidos impulsarán la acción climática en la COP30 en Brasil
Grupos estadounidenses buscan representar al país en la cumbre climática de la ONU, incluso cuando la Administración Trump declina enviar una delegación

Esta historia forma parte del Proyecto 89%, una iniciativa de la colaboración periodística global Covering Climate Now, y se publicó originalmente en inglés en The Guardian.
A pesar de los retrocesos ambientales históricos bajo un presidente que retiró a Estados Unidos de un importante tratado climático internacional —y que recientemente calificó el calentamiento global como “el mayor engaño jamás perpetrado en el mundo”—, grupos de la sociedad civil estadounidense afirman que se están preparando para impulsar una acción climática internacional audaz en la cumbre anual de la ONU sobre el clima, la COP30, que tendrá lugar el próximo mes. “Este es un momento realmente importante para demostrar que [Donald] Trump no representa a la totalidad, ni siquiera a una mayoría, de nosotros”, asegura Collin Rees, director del programa estadounidense de la organización ambiental sin fines de lucro Oil Change International.
Las negociaciones de la COP30 se llevarán a cabo en la ciudad brasileña de Belém, cerca del delta del Amazonas. Se espera que convoquen a delegaciones de casi todos los gobiernos del mundo para discutir la implementación del Acuerdo de París de 2015. No está previsto que Trump, quien comenzó el proceso de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París en su primer día en el cargo, envíe una delegación a las negociaciones.
Pero cientos de organizaciones activistas estadounidenses planean asistir, a pesar de los grandes desafíos logísticos y los altos costos de alojamiento en una región con infraestructura turística limitada. “Sí, la Administración federal ha cambiado radicalmente… pero el verdadero movimiento climático estadounidense sigue aquí”, afirma John Noel, subdirector de clima de Greenpeace US.
La conferencia se llevará a cabo en medio de una creciente conciencia de que la gran mayoría de la población mundial —hasta un 89%, según un estudio reciente— quiere que se haga más para enfrentar la crisis climática, pero cree erróneamente que sus pares no lo desean. En Estados Unidos, el mayor emisor histórico del mundo, tres cuartas partes de los encuestados opinan que su gobierno debería hacer más. Pero Trump ha llevado al país en la dirección opuesta.
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, el republicano ha colocado a decenas de aliados de la industria de los combustibles fósiles en su gabinete. También ha lanzado amplios ataques contra las políticas climáticas y energéticas, así como contra la expansión de las energías renovables, a pesar de los datos que muestran que la mayoría de los estadounidenses apoyan la transición energética y el crecimiento de la energía libre de carbono. Además, el presidente ha tomado medidas para desmantelar la investigación climática en varias agencias estadounidenses, algo que, según encuestas recientes, es muy impopular, incluso entre los republicanos.
Los funcionarios de Trump también han mostrado hostilidad hacia el multilateralismo. Durante las negociaciones de la COP30, los activistas estarán en máxima alerta ante un posible anuncio de que el presidente tiene la intención de retirar al país de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, un tratado de 1992 que sirve como base para las políticas climáticas intergubernamentales.
Pero en Belém, asegura Noel, los activistas estadounidenses planean “reafirmar a nuestros camaradas y colegas globales que aún existe un movimiento sólido en Estados Unidos para mantener la presión en torno a diversas formas de acción climática”.
Eso implicará presionar a los líderes mundiales para que se comprometan con ambiciosos planes de reducción de emisiones y adaptación climática, acompañados de estrategias vigorosas y realistas para lograrlos.
“Tenemos que demostrarle al resto del mundo que el ataque de esta Administración contra el clima es impopular”, señala Jean Su, directora de justicia energética en el Center for Biological Diversity, quien también asistirá a la COP30.
Estados Unidos, fuera de sintonía
La postura anticlimática de la Administración Trump la deja fuera de sintonía con muchos gobiernos del mundo que han comprendido que la acción ambiental puede generar beneficios económicos. Más de 100 países, por ejemplo, han podido reducir sus importaciones de combustibles fósiles gracias al crecimiento de las energías renovables, lo que a su vez les ha permitido ahorrar 1,3 billones de dólares desde 2010, según la Agencia Internacional de Energía (AIE). La expansión de la energía eólica, solar y otras fuentes libres de carbono también ha creado millones de empleos. Y muchos países del Sur Global están incrementando sus ventas de vehículos eléctricos, lo que reduce los costos de combustible y mantenimiento.
“Existen distintas tendencias que muestran que el resto del mundo sigue trabajando para que su economía sea más resiliente y encaminada hacia un futuro más próspero, y ese futuro próspero no puede lograrse sin tener en cuenta el clima”, apunta Yamide Dagnet, vicepresidenta sénior de trabajo internacional en el Natural Resources Defense Council, con sede en Washington D. C.
A diferencia de Estados Unidos, otros países también están mostrando un creciente interés en las negociaciones internacionales sobre el clima. El mes pasado, Colombia ofreció ser sede de la primera Conferencia Internacional para la Eliminación de los Combustibles Fósiles, que se celebrará en abril de 2026, después de que los países que promueven un Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles hicieran un llamado para realizar dicha reunión.
En la COP30, los activistas climáticos trabajarán para apoyar a los gobiernos que han tomado este tipo de medidas y para presionar a más funcionarios a seguir su ejemplo. También buscarán destacar las acciones climáticas a nivel local y estatal que se están llevando a cabo en Estados Unidos, como la exitosa lucha por aprobar leyes que exigen que los contaminadores paguen por los daños climáticos en Vermont y Nueva York el año pasado.
“Queremos poner el foco en esos mecanismos de ‘quien contamina paga’ y destacar que son alcanzables, y que otros estados los están considerando”, dice Noel. “Y la COP presenta una buena oportunidad para promover esas soluciones”.
La Administración Trump está instando a los tribunales a anular esas políticas y, aunque no participará oficialmente en las negociaciones de la ONU en noviembre, los grupos climáticos señalan que el Gobierno del republicano también podría intentar presionar a otros países para que no adopten medidas climáticas internacionales ambiciosas.
Es algo que los funcionarios hicieron tan recientemente como la semana pasada: Estados Unidos frustró la implementación de una tarifa global sobre el carbono en el transporte marítimo durante una reunión marítima internacional, mientras Trump calificaba el plan como un “Nuevo Gran Fraude Verde Global” en redes sociales. Además, Washington amenazó con imponer sanciones y restricciones de visado a las naciones que apoyaran el acuerdo.
“Si llegamos a un punto de inflexión real y Estados Unidos ve que los intereses de los combustibles fósiles se ven de alguna manera restringidos, no es difícil imaginar que habrá algún tipo de declaración por parte de la Administración tratando de influir en las negociaciones desde la distancia”, señala Noel, de Greenpeace.
Estados Unidos ha intentado bloquear políticas climáticas internacionales sólidas mucho antes de que Trump asumiera el cargo. Se negó a ratificar el Protocolo de Kioto en 1997 y, más recientemente, ha subfinanciado los fondos internacionales para el clima, se ha opuesto a incluir disposiciones para eliminar los combustibles fósiles y ha trabajado para obstruir los requisitos de su eliminación.
EE UU “siempre ha actuado de mala fe cuando se trata de acción climática, y ha sido el mayor obstáculo para lograr un progreso significativo”, apunta Rachel Rose Jackson, directora de investigación en Corporate Accountability. “Ha eludido cumplir con su parte una y otra vez; la única diferencia ahora es que sus malas intenciones están a la vista del público, más claras que nunca”.
Jackson agrega que prevé que, incluso sin una delegación oficial, Estados Unidos seguirá teniendo sus “tentáculos” en las conversaciones climáticas de la ONU, trabajando entre bastidores con otras naciones como la Unión Europea y Canadá para “orquestar su gran escape de la acción climática”. “Y todavía controla las riendas del dinero”, añade.
Los activistas afirman que los movimientos de base estadounidenses pueden servir como un contrapeso importante ante ese tipo de presiones, tanto dentro de los salones de negociación oficiales de la COP30 como en las manifestaciones que se esperan en los alrededores de Belém. Se prevé que las protestas sean las más grandes vistas en una conferencia de la COP en años.
“Esas acciones pueden ayudar a ejercer presión sobre los negociadores”, dice Rees. “Y también pueden ayudar a fortalecer los movimientos sociales, a generar poder y confianza para regresar a las capitales nacionales y provinciales, o a los gobiernos estatales, y continuar con la defensa desde abajo hacia arriba”.
Su, del Center for Biological Diversity, opina que la COP30 ofrece una oportunidad “poderosa” para mostrarle al mundo que la acción climática no solo es necesaria, sino también popular. Aunque los activistas no se hacen ilusiones de que las negociaciones sean el “pináculo de la democracia”, Su asegura que serán un momento importante para ejercer el derecho de libre reunión, algo garantizado tanto en Brasil como en Estados Unidos.
A medida que los expertos —y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva— advierten que Estados Unidos y otras naciones se están acercando al autoritarismo, la COP permitirá a los activistas impulsar el poder popular, según Su. “Durante este giro oscuro”, afirma la experta, “este tipo de manifestación colectiva física de humanidad no podría ser más importante”.
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