Maduro, de dictador a terrorista en la mira de Estados Unidos

Washington está llamando las cosas por su nombre. La reciente inclusión del Cartel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos es un paso decisivo para reconocer la verdadera naturaleza del régimen de Nicolás Maduro: no es un gobierno legítimo, sino una organización criminal enquistada en el poder.

El Cartel de los Soles, integrado por altos mandos militares y civiles del chavismo, ha sido señalado por agencias estadounidenses como un actor central en el narcotráfico transnacional, con ramificaciones que financian redes terroristas y criminales en varios continentes. La respuesta de Washington ha sido contundente: ofrecer una recompensa de hasta 50 millones de dólares por información que lleve a la captura de Maduro y decomisar bienes suyos y de su entorno por un valor estimado de 700 millones de dólares. Son medidas que no solo golpean las finanzas de la dictadura, sino que envían un mensaje inequívoco: sus crímenes no quedarán impunes.

Las acusaciones contra el régimen son graves y múltiples. Maduro ha sido señalado de brindar refugio a terroristas colombianos de, entre otros, las llamadas disidencias de las FARC y el ELN, así como de mantener vínculos con organizaciones ilegales de otras latitudes como Hezbolá. No se trata de rumores, sino de denuncias formales sustentadas por investigaciones de agencias de inteligencia y seguridad y múltiples análisis de centros de pensamiento tan serios como el Atlantic Council (octubre 2020) y Rand Corporation (marzo 2025).

La permanencia en el poder de Maduro ha sido posible gracias a fraudes electorales convalidados por gobiernos afines dentro y fuera del continente —paradójicamente, varios de ellos surgidos de procesos democráticos— que, lejos de condenar la corrupción, los crímenes y las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, han terminado por legitimarlas al reconocer el fraude que mantiene a Maduro en Miraflores.

Uno de los puntos más preocupantes de esta relación es la reciente propuesta de crear una zona binacional entre Colombia y Venezuela, presentada como un espacio de integración económica y social, pero que, en la práctica, podría convertirse en un corredor sin controles efectivos. Se habla de libre circulación de personas y mercancías, coordinación militar y armonización de políticas aduaneras en una franja de más de 2.200 kilómetros de frontera. Una zona que, en manos de dos gobiernos ideológicamente alineados que no tienen capacidad de controlar su propio territorio, y con al menos uno de ellos involucrado activamente con grupos y economías ilícitas, corre el riesgo de facilitar el contrabando, el narcotráfico hacia Estados Unidos, la minería ilegal y el movimiento de grupos armados ilegales, bajo el amparo de estructuras estatales.

Para controlar el narcotráfico y las actividades ilegales de los designados grupos terroristas, Washington estará enviando, según fuentes de prensa, unos 4.000 hombres, varios aviones espía P-8, al menos un buque de guerra y al menos un submarino de ataque, que operarán en aguas y espacio aéreo internacional en el Caribe sur para controlar la actividad de las mafias calificadas como grupos terroristas que operan en el área.

En este contexto, tampoco se puede olvidar que hay un frente adicional que Estados Unidos no pasará por alto: la reclamación venezolana sobre el Esequibo, cuya tensión ha escalado con los descubrimientos petroleros en el adyacente bloque Stabroek de ExxonMobil y otras compañías, que convertirán a Guyana en uno de los grandes jugadores energéticos del mundo. Para Washington, la defensa de estos yacimientos estratégicos es prioritaria, y protegerá a toda costa los intereses energéticos y geopolíticos de Guyana frente a los avances de Maduro.

En cuanto a Colombia, la preocupación de Washington por la región se refleja también en gestos simbólicos y políticos. La presencia del subsecretario de Estado Christopher Landau, en las exequias de Miguel Uribe Turbay, el joven y valiente senador y candidato presidencial asesinado, así como la visita de los senadores Bernie Moreno y Rubén Gallegos, envían un mensaje claro: la violencia política en Colombia no pasa desapercibida para Estados Unidos. Los dos segundos, republicano y demócrata de origen colombiano, ven con angustia lo que sucede en el país de sus padres.

La decisión de Washington con Venezuela es, por tanto, un paso en la dirección correcta, pero no puede quedarse ahí. Debe ir acompañada de una estrategia regional que incluya sanciones efectivas y presión militar, pero a la vez apoyo a los países vecinos que se comprometan con la democracia, y una vigilancia activa sobre quienes se muestran complacientes —si no cómplices— con los crímenes de las dictaduras que amenazan la estabilidad hemisférica.

América Latina no necesita más ejes autoritarios; necesita instituciones fuertes, transparencia y cooperación internacional genuina. El reconocimiento del Cartel de los Soles como organización terrorista y las acciones financieras contra Maduro son una señal de que Estados Unidos entiende el problema y su dinámica.

La Casa Blanca debe seguir muy de cerca la transparencia de las elecciones colombianas y de todo el proceso que conducirá a ellas desde ya y la Casa de Nariño debería tratar de mantener una relación de comunicación y colaboración con Washington —el mayor socio de Colombia en comercio y seguridad— y no ligar su propia suerte a la de un dictador y presunto narcotraficante y terrorista. Esto le sería políticamente rentable de cara a las elecciones presidenciales de 2026 y ayudaría a desmentir la sospecha —presente en la opinión pública aunque negada por el gobierno— de que se quiere consolidar el modelo autoritario venezolano en la democracia más antigua de Suramérica.