Bruselas investiga a Shein por la venta de “muñecas sexuales con aspecto infantil” en la UE

La Comisión Europea ha abierto una investigación sobre la plataforma de comercio electrónico Shein por “diseño adictivo, falta de transparencia en las recomendaciones y venta de productos ilegales, incluido material de abuso sexual infantil”, ha anunciado el Ejecutivo de la UE este martes. Bruselas había exigido información a la empresa china el pasado noviembre “tras detectar indicios de que se están ofreciendo en el mercado productos ilegales” a través de su plataforma, cuando explotó el escándalo en Francia por la venta de muñecas hinchables con aspecto infantil.

Algo más de dos meses después de aquella reclamación, la Comisión da el paso formal de abrir una investigación en la que se centrará en conocer los “sistemas que Shein tiene implantados para limitar la venta de productos ilegales en la Unión Europea, incluido el contenido que podría constituir material de abuso sexual infantil, como muñecas sexuales con aspecto infantil”. Además, las pesquisas van a evaluar “los riesgos conectados con el diseño adictivo del servicio” y la transparencia del sistema de recomendación de contenidos y productos para los usuarios de Shein.

El pasado noviembre se supo en Francia que “vendedores externos”, según Shein, habían utilizado la plataforma china para vender muñecas con aspecto de niñas. Esto provocó múltiples protestas en el país europeo y el anuncio por parte del Gobierno galo de que iba a suspender la web de la marca china de moda rápida. A rebufo de esto, Bruselas dio entonces el paso de reclamar información: “No como un guiño a Francia”, explicaban los portavoces de la Comisión, ”solo es que nos tomamos esto muy en serio. Estamos diciendo que las muñecas sexuales con aspecto de niña no tienen lugar en Internet. Las armas no tienen lugar en Internet". Finalmente, esta última parte, la de las armas, no aparece en el expediente abierto ahora o el Ejecutivo de la UE no lo menciona en su comunicado.

Este requerimiento era el tercero que se le hacía a la compañía en cerca de dos años. Ya en junio de 2024 se le había pedido, al igual que a Temu, otra gran empresa china de comercio electrónico, que explicara cómo había diseñado los mecanismos puestos a disposición de los clientes para que estos notificasen la detección de productos ilegales; la transparencia de su sistema de recomendación; o la trazabilidad de los comerciantes presentes en la plataforma. Meses después, en febrero del año pasado, se le requirió también documentación interna e información sobre los riesgos que había con respecto a la presencia de productos ilegales.

Las tres reclamaciones se hicieron bajo el amparo del reglamento de servicios digitales de la Comisión (DSA, por sus siglas en inglés) que ahora da pie a una investigación formal. Este proceso no tiene un límite temporal. Depende, señalan desde el organismo de la UE, de factores como la complejidad del caso, la cooperación de la empresa y la posibilidad que esta tiene de defenderse.

Shein es una gran plataforma del universo digital, según el DSA. Al tener 45 millones de usuarios o más, es decir, en torno al 10% de la población de la UE, la compañía china tiene que cumplir una serie de requisitos adicionales de control sobre el contenido de sus canales de venta (productos ilegales, riesgo de adicción, transparencia de la información, repositorios de publicidad, acceso a los datos de los investigadores...). Si incumple alguno de estos aspectos, la Comisión puede iniciar un expediente que acabe en la la imposición de medidas preventivas o multas.

El DSA es una norma reciente. Se aprobó en 2022 y ha ido entrando en vigor paulatinamente entre 2023 y 2024. En cierto modo y ante lo novedoso del concepto ―el DSA impone obligaciones sobre las grandes plataformas digitales ante el mayor riesgo que implican si se produce un uso ilegal― la Comisión y las empresas están en terreno inexplorado, admiten varias fuentes del Ejecutivo de la UE. No obstante, Bruselas ya ha impuesto una multa a una gran plataforma: la red social X, propiedad del multimillonario Elon Musk, a la que sancionó en diciembre con 120 millones de euros.