29 moderadores de contenido de Facebook en Barcelona presentan una querella criminal contra Meta

Las denuncias afloradas en 2023 por miembros del equipo de filtrado de imágenes de Facebook, Messenger e Instagram en Barcelona, subcontratado a la sociedad CCC Barcelona Digital Services por el gigante tecnológico Meta, se ha convertido este miércoles en una querella criminal contras ambas empresas. Los empleados debían visionar de forma repetida asesinatos, decapitaciones, descuartizamientos, violaciones, zoofilia, pornografía infantil, pedofilia, abusos a menores, desmembramientos, suicidios en directo, torturas o terrorismo para evitar que llegaran al gran público de la plataforma. Como efecto sufrieron efectos de muy diversa índole, entre ellos síntomas de ansiedad, ataques de pánico, mareos con desvanecimiento e ideas de muerte, según recoge el texto.

La querella reclama 150.000 euros de indemnización para cada uno de los moderadores de imágenes que tenía que censurar las imágenes más inhumanas que se colgaban en la plataforma y acusa a las empresas de un delito contra los derechos de los trabajadores, de delitos por imprudencia grave y contra la integridad moral. Según la demanda avanzada por La Vanguardia, instada por el despacho Feliu Fins y a la que también ha tenido acceso este diario, la acusación tiene por objetivo el director general de CCC y su gerente de operaciones hasta 2020, además de la responsable de recursos humanos.

Asimismo, la querella va tanto contra CCC, encargada de los trabajos directamente, como contra Meta, al responsabilizarse de las tareas de dirección, control y organización de los “moderadores de contenido” que efectuaban los trabajos con criterios de productividad y calidad. “Meta actuaba como verdadero empleador determinar las condiciones de trabajo de manera efectiva“, señala la querella, que recuerda que los trabajadores fueron despedidos cuando concluyó el contrato de filtrado de contenidos con CCC.

El escrito describe caso a caso las secuelas psíquicas de los demandantes. De uno de ellos, Inspección de Trabajo había señalado que sufría “un riesgo psicosocial no controlado por parte de la empresa”. Una chica, que ingresó en las oficinas de CCC instaladas en Torre Glòries en 2018, mantenía seis años de seguimiento psicológico y tenía una incapacidad temporal desde 2022. Otros empleados sufrieron ataques de pánico y cogieron la baja laboral con una patología de trastorno por estrés postraumático. También hay casos de “pensamientos suicidas”.

La denuncia considera que los tres querellados sabían que “muchos” trabajadores encargados del control de imágenes iban a enfermar “con graves patologías psíquicas, y aun así, la empresa no les informa acerca de las imágenes a las cuales tendrán que confrontarse y no implementan ninguna medida empresarial para protegerlos”. De hecho, subraya que durante el periodo de contratación efectuado en 2018 mantuvo opacidad sobre el propósito de los trabajos que iban a efectuar sus empleados.

El único requisito exigido era que conocieran el idioma necesario para controlar los videos que llegaban de distintas zonas territoriales y el inglés. Durante las sesiones de entrenamiento para empezar a trabajar, que duraban entre dos y cuatro semanas, nunca se mostraron imágenes como ejemplo de lo que iban a tener que afrontar, lo que hizo que fuera “más impactante la exposición repentina e inesperada” de esos contenidos, que debían ver completamente para poder detallar el motivo y nivel de censura más alto que se acababa aplicando.

Solo a partir de 2023, CCC decidió poner en marcha el denominado protocolo 3-6-2, que suponía derivar al Área de Vigilancia de la Salud Laboral a trabajadores que manifestaban ideas de autolesionarse, provocar daños a terceros o conductas de riesgo. “Los querellantes han sido abandonados por la empresa”, denuncia la querella, que señala la alta tasa de ausentismo entre la plantilla, ya fuera por bajas médicas o dimisiones

La querella presentada ahora, pide Francesc Feliu, abogado de los trabajadores indirectos de Meta, debería añadirse a otra que el mismo despacho ya presentó en 2024 en representación de otro trabajador. Aquella fue admitida a trámite por el Juzgado de instrucción 29 de Barcelona, por lo que se ha pedido la acumulación de procedimientos al confluir los mismos acusados y delitos.