El Gobierno recurre al Constitucional los recortes a la normativa LGTBI+ en la Comunidad Valenciana

El Gobierno ha aprobado presentar un recurso de inconstitucionalidad por los cambios que PP y Vox introdujeron en la normativa LGTBI+ de la Comunidad Valenciana. El Ministerio de Política Territorial y Memoria histórica, con Ángel Víctor Torres al frente, y el de Igualdad, con Ana Redondo, lideran esa demanda ante el Tribunal Constitucional. “El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo, con dictamen favorable del Consejo de Estado, para la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra las modificaciones en la ley trans de la Comunitat Valenciana”, han anunciado Torres este martes.

El Gobierno cuestiona algunas de las modificaciones en la normativa valenciana, que han sido observadas por los Ministerios de Igualdad; Sanidad; Juventud e Infancia; y Educación, Formación Profesional y Deportes. En general, consideran que se introducen modificaciones y suprimen disposiciones de una ley autonómica anterior ―la 8/2017, para el reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana―, que vulneran “la competencia atribuida al Estado de regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales”. Además, el Gobierno considera que “varios artículos de la ley valenciana, en tanto que modulan la prohibición de las terapias de conversión, vulneran derechos”.

A principios de febrero, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ya anunció que el Gobierno recurriría la Ley de Acompañamiento (de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera) de la Comunidad Valenciana porque “restringe derechos de las personas LGTBI+”. Finalmente, se ha sumado el ministerio de Torres al análisis del expediente, además de contar con el apoyo de otras carteras.

Aunque la norma fue aprobada en mayo del 2025 por el PP valenciano para asegurarse el apoyo de Vox en la tramitación de los presupuestos regionales, una de las enmiendas a la misma abre la puerta a la realización de falsas terapias de conversión para personas LGTBI+; prohíbe a los centros educativos abordar la diversidad sexual y de género; y otorga a los padres de adolescentes menores de edad potestad para bloquear el cambio de género de sus hijos.

Desde la Federación Estatal LGTBI+ (Felgbti+) denunciaron que PP y Vox vaciaba de contenido la ley valenciana “a través de enmiendas que eliminan derechos LGTBI+ ya consolidados en Valencia desde hace años”. Consideran que los cambios promovidos por los conservadores y la extrema derecha en Valencia “debilitan el derecho de autodeterminación de género; se rebajan los compromisos en educación en diversidad; o se abre la puerta a las mal llamadas terapias de conversión, entre otros recortes”. De ahí que la organización, que representa a más de 55 entidades de todo el territorio, celebre la iniciativa de acudir al Constitucional.

“No vamos a consentir que los ciudadanos valencianos tengan menos derechos o libertades que los del resto de España”, dijo la ministra Redondo hace unas semanas, cuando anunció que se iba a presentar el recurso. “Los derechos LGTBI+ se han utilizado [en Valencia] como moneda de cambio para alcanzar acuerdos presupuestarios, algo inmoral, injusto e inconstitucional”, añadió la titular de Igualdad.

Hace poco más de un mes, Redondo y Torres mostraron sintonía cuando participaron en el acto Orgullosamente libres, en el Ateneo de Madrid, que reivindicaba de la memoria democrática LGTBI+ de España. La iniciativa estuvo impulsada por ambos organismos, y formaba parte de los actos de España en libertad: 50 años, que celebran el fin de la dictadura franquista.

A la vez que promueve recortes en las leyes LGTBIQ+, la Generalitat Valenciana, presidida por Juan Francisco Pérez Llorca (PP), celebró este lunes su primera Gala de la diversidad. Sin embargo, unos días antes, a los populares de Valencia se les coló en un mail a entidades del colectivo un argumentario que detallaba la finalidad de ese evento. “Desapropiar a la izquierda del monopolio simbólico de la diversidad, sin confrontación directa reconociendo la convivencia, la acción de cohesión social, el reconocimiento institucional, la transparencia y rendición de cuentas”, explicaba el texto, adelantado por eldiario.es.

Tras la revelación, una quincena de organizaciones mostraron su rechazo al evento y lo denunciaron como una mera estrategia de pinkwashing. “Ninguna gala puede ocultar el recorte de derechos que este mismo Gobierno ha impulsado y que el movimiento LGTBIAQ+ hemos conseguido llevar ante el Tribunal Constitucional”, expresaron en un comunicado.

Reformas madrileñas

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ya llevó al Constitucional las reformas que planteó el PP madrileño a las normas LGTBI+ regionales. Entre los cambios, se obligaba a los menores trans a tener un informe médico favorable para iniciar la terapia de confirmación de género; se eliminaba la inversión de la carga de la prueba, que obliga al acusado de discriminar a una personas trans a demostrar su inocencia; y derogaba el derecho a la autodeterminación de género. Además, desaparecían parte de las atenciones a las personas trans en centros educativos o en la Administración, y dejaba de formar parte del articulado normativo toda consideración a los delitos de odio.

El Gobierno central llevó la norma al Constitucional, ―que dio la razón al Ejecutivo central―. El PP de Madrid modificó las leyes, pero rebajó notablemente sus pretensiones. “Lo hicimos con la Comunidad de Madrid y lo vamos a hacer con cualquier comunidad que apruebe leyes de involución”, ha afirmado este martes Ángel Víctor Torres.

Por su parte, la presidenta de la Felgtbi+, Paula Iglesias, destaca que “España es un país que defiende y valora los derechos humanos. Así lo demostró el Tribunal Constitucional cuando el PP intentó recortar libertades también en Madrid”. “Confiamos de nuevo en la intervención de la justicia [en el caso valenciano] porque somos más quienes queremos una sociedad democrática igualitaria que no dé pasos atrás, ni deje a las personas más vulnerables en los márgenes”, añade.