Catorce años de lucha, tres sentencias favorables y 300.000 euros de indemnización, pero Wael sigue sin recuperar la tutela de su hija

En febrero de 2012, apenas un mes después de llegar a España desde su Siria natal, Wael fue denunciado por violencia machista y separado de sus hijos de uno, seis y nueve años, que quedaron bajo la tutela de la Consejería de Política Social de la Región de Murcia. Absuelto de todos los cargos, recuperó a sus dos hijos mayores, pero no a la menor de los tres hermanos, que sigue tutelada por la administración a pesar de que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo fallaron a su favor.

Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia vuelve a darle la razón y le indemniza con 300.000 euros en una dura sentencia que insiste en que la administración actuó de manera “injusta”, incumplió las sentencias anteriores y no facilitó nunca el contacto entre la menor y su padre a pesar de no haber “ningún informe negativo” sobre él. Wael (se omite su apellido para mantener el anonimato de su hija) tiene 49 años y llevaba más de 10 casado con una española, la madre de sus hijos, cuando estalló la guerra civil en Siria.

La familia al completo decidió volver a España en enero de 2012: “Salí de mi país buscando lo mejor para mis hijos. Nunca pensé que no sería una guerra, sino una democracia, lo que me los quitaría”, explica a EL PAÍS en un despacho en la trastienda de uno de los comercios de venta de souvenirs que regenta en el centro de Madrid, donde vive desde entonces. La historia de su ruptura familiar comienza con una denuncia de su mujer acusándolo de varios episodios de insultos, golpes y amenazas, tanto a ella como al mayor de sus hijos.

El juez le impuso una orden de alejamiento de los tres menores, que se trasladaron a Murcia con la madre. Fue la propia mujer quien solicitó a la administración regional que se hiciera cargo de los niños, que fueron declarados en situación de desamparo y tutelados por la comunidad autónoma en junio de 2012. Los dos hermanos mayores pasaron entonces a residir en un centro, mientras que la pequeña de los tres, después de pasar un año también en un centro, fue derivada con una familia en régimen de acogimiento preadoptivo, con la que ha estado viviendo desde entonces. El juicio por malos tratos se celebró un año después y Wael fue absuelto de todos los cargos.

La sentencia señala que ni la mujer ni las testigos que ella presentó hicieron un relato detallado de las agresiones denunciadas, sino que mantuvieron un “discurso poco preciso” y “declaraciones vagas” que tampoco las pruebas periciales confirmaron. Con la absolución, se levantó la prohibición de acercamiento a sus hijos, y Wael inició los trámites para recuperar su tutela. EL PAÍS ha tenido acceso a más de una treintena de archivos, informes y sentencias relacionadas con este caso que documentan cómo el padre comenzó a tener visitas con sus dos hijos varones en 2015, hasta volver a hacerse cargo de ellos en febrero de 2016.

La madre también había mantenido visitas periódicas con los menores tras ceder la tutela a la administración, pero desde 2013 se fueron espaciando cada vez más hasta denegarse por completo, una decisión motivada por la desestabilización que experimentaban ellos y los cambios continuos de domicilio de la madre, con la que no mantienen el contacto actualmente.

En cuanto a la hija pequeña de Wael, fue entregada a una familia en régimen de acogida preadoptiva tres días antes de la sentencia que lo absolvió. Que padre e hija recuperasen el contacto nunca fue una opción contemplada por la misma administración, que sí lo había considerado apto para encargarse de sus hermanos. “No me dieron explicaciones, me dijeron: ‘La niña, no”, resume.

Wael inició entonces una larga batalla en los tribunales y recurrió el acogimiento de su hija ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, la Sección 4 de la Audiencia Provincial y el Tribunal Constitucional, explica su abogado, Luis Chamorro. Ninguno le dio la razón: el Constitucional, por considerar que el asunto no era de su competencia, y los dos primeros, haciendo suyos los informes de la comunidad autónoma, que negaban restablecer la tutela al padre en base a la denuncia de violencia machista, obviando que ya había sido absuelto.

Wael elevó entonces el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH), que el 28 de mayo de 2019 dictó una dura sentencia en la que consideraba que las administraciones españolas habían vulnerado el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, sobre el derecho al respeto a la vida privada y familiar. La sentencia advierte de que las administraciones “no han realizado los esfuerzos adecuados y suficientes” para respetar el derecho de Wael a vivir con su hija y establece la “necesidad urgente de poner fin” a esa situación, e invitaba al Gobierno murciano a adoptar medidas para restablecer el contacto entre la niña y su padre biológico. Wael llevaba entonces siete años sin ver a su hija.

A raíz de esta sentencia, la Consejería de Política Social de Murcia puso en marcha un “plan de mediación” para que padre e hija recuperasen el contacto paulatinamente a través de cuentos, cartas y fotografías, nunca con contactos directos, y que fue interrumpido por la pandemia del coronavirus. Ante la falta de avances, Wael siguió buscando amparo en la justicia y en diciembre de 2021 el Tribunal Supremo rescindió las dos sentencias que habían dado luz verde al acogimiento de la niña: ya no había una autorización judicial para ello, pero la menor continuó viviendo con su familia de acogida.

Para subsanar esa situación, la administración murciana inició un nuevo proceso judicial para que la niña fuera adoptada por su familia de acogida, manteniendo la posibilidad de establecer un régimen de visitas con su padre biológico. El juicio estaba fijado para febrero de 2024, pero no llegó a celebrarse, según explica el abogado, porque la jueza conminó a la familia de acogida a cumplir con la sentencia del Tribunal Europeo y estableció un acuerdo extrajudicial para iniciar el contacto en persona de la menor con su padre.

“Se abrió una ventana de esperanza”, resume Wael, que pudo ver por primera vez en 12 años a su hija. Lo hizo en marzo de 2024 en una visita en la que también participaron los hermanos biológicos de la niña, técnicos y psicólogos de la comunidad autónoma y la familia de acogida. “El encuentro no fue ni bien, ni mal. Mi hija ya no era una niña, tenía 13 años. Estaba un poco incómoda. No me conocía, no conocía a sus hermanos. Habló sobre todo con ellos y se hicieron algunas fotos. Tampoco me esperaba más”, rememora.

La segunda visita tuvo lugar un mes después, en abril. Se estaba celebrando el Ramadán, Wael llevó dulces caseros típicos de esta celebración y la menor, recuerda, se interesó por conocer la cultura de su familia biológica. “En esa ocasión, ella ya me habló mirándome a los ojos. Se despidió de mí dándome un abrazo, fue perfecto”.

En mayo, fue la niña quien acudió a la visita con un postre elaborado por ella misma. Wael narra un ambiente distendido y de buen entendimiento de la menor con sus hermanos biológicos, con los que compartía aficiones musicales. Se hicieron fotos los cuatro juntos, y el encuentro se prolongó durante unas cuatro horas. Pero fue el último.

Tras aquella cita, la familia de acogida propuso establecer un régimen de dos visitas anuales, a lo que Wael se negó. “Les dije que, para conocernos, necesitaba más contactos. Mi idioma y el suyo no son el mismo, necesitaba más tiempo para poder expresar a mi hija mis sentimientos. Así que se rompió el acuerdo, y volvimos al punto de partida”, lamenta.

Desde entonces, ha pasado un año y medio en el que no ha habido ningún avance significativo en el proceso judicial sobre la adopción, y tampoco ningún contacto entre padre e hija. Wael, sin embargo, ha recibido otro espaldarazo judicial: el Tribunal Superior de Justicia de Murcia condenó el pasado febrero a la Consejería de Política Social a indemnizarlo a él y a sus otros dos hijos con 300.000 euros por los daños morales causados por la separación de la menor.

La sentencia considera que la familia biológica ha sido “injusta e innecesariamente privada de la compañía” de la niña sin que la administración regional “haya hecho nada para poner fin a esa situación”, alegando, dice la jueza, “un interés superior [de la menor] artificialmente creado y por ello, inexistente”, ya que la tutela se podría haber devuelto hace una década, cuando se restableció la de sus dos hermanos. “Resulta gravemente injusto y perturbador que el demandante y sus hijos no puedan tener a la menor bajo su guarda y en su compañía”, insiste el texto.

Pero ni esta sentencia, ni las anteriores han logrado desbloquear la situación. Este periódico ha planteado preguntas por distintas vías y en reiteradas ocasiones a la Consejería de Política Social, que se ha limitado a remitir un breve comunicado en el que apunta a que todo el procedimiento se ha llevado a cabo “atendiendo a la valoración de profesionales especializados”, “conforme a los procedimientos legalmente establecidos” y en base “al principio del interés superior del menor”, y que en la actualidad “la menor presenta una evolución emocional estable, lo que evidencia el impacto positivo de las medidas adoptadas”.

Wael, por su parte, asegura que no dejará de luchar y tendrá esperanza “hasta el último día” de su vida. “Obviamente, yo querría quedarme con mi hija, pero soy consciente de que ella tiene 15 años, tiene una vida y no quiero separarla de esa vida, no quiero estropeársela. Ya no es una niña, no quiero obligarla a venir a mi casa. Me gustaría que nuestra relación fuera como la de un padre con una hija que se ha emancipado, que ya no vive en su casa, pero se visitan, se llaman por teléfono. Me gustaría que habláramos, poder conocernos. Que si ella necesita algo, pueda llamarme. Con eso, sería suficiente para mí”, subraya.