La defensora del pueblo de Cataluña pide información a un colegio jesuita sobre el envío y encubrimiento de pederastas en Bolivia

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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La Síndica de Greuges (defensora del pueblo catalán) ha pedido información al colegio Jesuïtes Casp sobre el envío y encubrimiento de sacerdotes que cometieron pederastia en Bolivia desde la década de 1970, según ha confirmado la institución a este medio. La consulta se realizó una semana después de que la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes, la asociación de víctimas cuyos casos fueron destapados por EL PAÍS en 2023, entregara un informe a la Síndica y al Parlament de Cataluña exigiendo “una respuesta institucional ante el mayor caso de pederastia de América Latina”. Del colegio Jesuïtes Casp, situado en Barcelona, salieron algunos de los agresores que fueron enviados a Bolivia. El documento de la asociación cuantifica una veintena de abusadores jesuitas y alrededor de mil víctimas en el país sudamericano.

Uno de los requerimientos del informe es que la Síndica y el Parlament llamen a testificar al oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Jordi Bartomeu, quien desde 2018 es uno de los investigadores a los que el Vaticano ha enviado a investigar escándalos de la pederastia en el seno de la Iglesia. Por ejemplo, fue uno de los responsables de destapar el escándalo del poderoso grupo ultraconservador Sodalicio de Vida Cristiana de Perú, que el papa Francisco terminó por disolver en enero del año pasado. “Para que explique las razones de su silencio, informe sobre las actuaciones canónicas que haya impulsado o dejado de impulsar y colabore con las investigaciones civiles aportando la documentación que obra en su poder”. La Conferencia Episcopal Boliviana, sin embargo, aseguró en un comunicado difundido el pasado lunes que las visitas de Bartomeu a Bolivia fueron por invitaciones de iglesias y de carácter “formativo e institucional”. “En ningún momento se ha dispuesto una misión investigativa en el país sobre casos de abuso sexual, como sí ha ocurrido en otros contextos”, se lee en el texto.

La defensoría del pueblo catalán ha decidido incorporar la denuncia de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes a una investigación de oficio previa y a quejas de víctimas individuales que realiza sobre la Compañía de Jesús desde 2020. La defensoría asegura en un documento al que ha tenido acceso EL PAÍS que, para las víctimas bolivianas, también está “estudiando y explorando la posibilidad de acompañar diversas vías de procesos de justicia restaurativa que pueda considerar y/o decidir asumir la Compañía de Jesús en Cataluña”. La comunidad boliviana asegura que la misma compañía reconoce 44 agresores en esta autonomía.

Los casos estallaron después de que este periódico publicara una investigación sobre el diario del misionero español Alfonso Pedrajas, fallecido en 2009, en el que admitía haber abusado de al menos 85 niños durante tres décadas en varios colegios del país latinoamericano y cómo sus superiores le protegieron. El caso terminó con una sentencia condenatoria emitida el año pasado en Bolivia por encubrimiento contra dos altos cargos de la orden de origen español: Ramón Alaix y Marcos Recolons. Durante la investigación, la policía requisó las sedes de la Compañía de Jesús en La Paz y Cochabamba, donde encontró decenas de cartas e informes internos de la orden que prueban cómo los jerarcas jesuitas recibieron denuncias internas y decidieron taparlas, trasladar a los acusados o comprar el silencio de las víctimas.

Varios de los abusadores llegaron a Bolivia desde Barcelona después de recibir denuncias en colegios de la orden. Pero las directrices de ocultamiento provenían, en algunos casos, desde el máximo órgano de gobierno de la compañía en Roma. Es el caso del misionero que abusó entre 1983 y 2002 de más de un centenar de niñas indígenas, las fotografió, las grabó en vídeo y lo recogió todo por escrito en su diario. Si bien la Curia General en Roma recomendó reparar a las víctimas y hacer público el caso, también pidió esconder el manuscrito. Los jesuitas bolivianos desoyeron todas las instrucciones menos una: la de ocultar la existencia de las memorias de Lucho Roma.

Dos de las víctimas de Roma denunciaron el pasado viernes los abusos y a los posibles responsables de encubrimiento ante la Fiscalía departamental de Santa Cruz de la Sierra. La querella marca un paso clave en el caso que vio la luz en 2024, a través de otra investigación de EL PAÍS, que publicó manuscritos, el sumario de la investigación interna y el testimonio de algunas de las víctimas. Hasta entonces se había intentado reabrir varias veces, pero siempre acababa archivándose por la falta de una denuncia de alguna de sus víctimas.