Albert Tuca, presidente de la comisión catalana de la eutanasia, sobre el ‘caso Noelia’: “Nadie está legitimado para revocar la decisión de una persona adulta y competente”

El oncólogo Albert Tuca preside la Comisión de Evaluación y Garantía de Cataluña (CGAC) desde su creación en 2021. El caso de Noelia, la joven parapléjica cuyo padre se opone a que reciba la eutanasia, ha puesto en la diana a los miembros del organismo, que vela por la correcta aplicación de la ley. Abogados Cristianos, que ha logrado paralizar durante año y medio la prestación de ayuda a morir reconocida a la joven, se ha querellado además contra la abogada y el médico que verificaron su caso, lo que ha causado inquietud en la comisión. En la primera entrevista que ofrece desde que se hizo público el caso, Tuca (Barcelona, 68 años) pide celeridad a la justicia para evitar sufrimientos innecesarios e incide en la necesidad de respetar la autonomía de los pacientes.

Pregunta. Usted no creía que la ley de la eutanasia, de 2021, se fuera a aprobar en España. ¿Por qué?

Respuesta. No me lo esperaba tan pronto. España tiene una tradición, desde el punto de vista moral, muy conservadora. Con la historia que teníamos y los fracasos anteriores, pensaba que iba a costar.

P. La ley, que cumple cinco años, ha sido muy combatida. Vox la llevó al Tribunal Constitucional. ¿Teme que un eventual gobierno de PP y Vox se fije como objetivo derribarla?

R. Seguramente hay personas en estos y otros partidos que desearían derogar esta ley. Pero me resulta difícil pensar que una ley aprobada y avalada por el Constitucional se pudiera echar atrás.

P. ¿Cómo ha sido el aterrizaje de la norma en este tiempo?

R. En Cataluña fuimos los primeros en crear la comisión de garantías y el reglamento. Otras comunidades tardaron mucho más, y eso ya es un indicador.

P. ¿Con qué escollos se ha topado su aplicación?

R. El procedimiento es muy garantista: aporta seguridad al paciente para evitar decisiones precipitadas. Pero eso también lo ralentiza. Es complejo, los plazos son herméticos y todo ello, con agendas asistenciales tensionadas, supone un reto. Las instituciones han de crear las condiciones para que las personas puedan ejercer sus derechos y los profesionales les atiendan como toca. Otro tema que ha generado dificultad es cómo valorar el sufrimiento intolerable de una persona, porque es algo subjetivo y no puedes entrar en la valoración existencial de quien lo padece.

P. ¿Cree que se podrían incorporar modificaciones a la ley?

R. Veo muy pocas posibilidades de que haya modificaciones en los próximos años. Sobre todo, porque tenemos un Parlamento muy fragmentado. Pero a las comisiones nos gustaría abordar si somos capaces de agilizar el proceso para hacerlo más amable para las personas que lo solicitan. Y más rápido.

P. El caso de Noelia, una joven parapléjica a la que le fue reconocida la eutanasia en julio de 2024, se ha alargado de forma extraordinaria...

R. La discusión en el caso de Noelia fue compleja por las condiciones y las características clínicas, pero cumplía todos los requisitos legales para solicitarla y por eso se aprobó.

P. El padre, representado por Abogados Cristianos, logró que un juzgado paralizara la aplicación de la eutanasia. Pero ahora el Constitucional ya la ha avalado definitivamente.

R. Aquí el tema fundamental es si existe un tercero legitimado para revocar una decisión de la comisión de garantías que avala la decisión de Noelia libre, voluntaria, consciente y cumpliendo la normativa legal.

P. La Generalitat ha defendido, en ese y otros casos, que es un derecho personalísimo, y esa cuestión la ha de resolver ahora el Constitucional a partir de otro solicitante de la prestación, Francesc Augé. ¿Cuál es la opinión de la Comisión sobre esa intervención de un tercero, aunque sea un familiar?

R. Nos parece obvio que no hay nadie legitimado para revocar una decisión de una persona adulta y competente. A mí me parece perfecto que una persona acuda a los tribunales. El problema es la lentitud de la justicia para resolver esos procesos. Esa lentitud hace que una persona que ha pedido ayuda para morir pase meses, e incluso años, sin ejercer su derecho.

P. ¿Le parece que el caso de Noelia ha sido instrumentalizado por Abogados Cristianos para exponer su oposición a la eutanasia?

R. Quiero pensar en la honestidad de todos los actores. Pero la forma en que se ha hecho genera suspicacias de que también hay un interés instrumental, aunque no es algo que pueda confirmar. Lo que duele es que en ese proceso hay una persona a la que se está causando un sufrimiento.

P. ¿Cree que acciones como la de Abogados Cristianos pueden torpedear la aplicación de la ley?

R. En una sociedad plural, es de esperar que haya discrepancias, pero eso no debería darnos miedo. Además, una vez que la justicia decida, lo que se ha resuelto ya no volverá a ser objeto de discusión en los próximos años. El problema, insisto, es que, en ese trayecto, el derecho de una persona queda bloqueado durante meses y eso es negativo.

P. En el caso de Noelia, la entidad ultracatólica se ha querellado contra dos miembros de la comisión, la dupla médico-jurista, que vieron el caso. Un juzgado lo investiga. ¿Cómo se ha vivido esa acción penal dentro de la comisión?

R. Aunque podía ocurrir, sorprende porque, en nuestra opinión, la querella no tiene ninguna base. Denuncian algo [la dupla simuló que estaba en desacuerdo para forzar el pronunciamiento del pleno] que solo era una forma de dar más seguridad jurídica a Noelia.

P. Las sentencias que han avalado la eutanasia a Noelia han validado también la actuación de la dupla, pero, ¿se han expresado miedos o recelos por parte de miembros de la comisión?

R. No me consta nadie que haya dejado de hacer cosas o se haya alejado del proceso para no verse implicado en riesgos. Pero es indudable que una de las consecuencias de esta exposición mediática, con querellas, juicios e incertidumbres, es que genera preocupación a los profesionales.

P. ¿Fue un error no delimitar, en la ley, quién podía estar legitimado para recurrir una decisión tan personal como la eutanasia?

R. Yo creo que no, pero no soy jurista. Me parece natural que, si alguien cree que algo no se ha hecho bien, recurra a la justicia. El problema es la lentitud.

P. ¿Lo que ha pasado con Noelia es una excepción?

R. Sí, es algo extraordinario. Desconozco los mecanismos judiciales, pero casos como los de Noelia deberían resolverse con urgencia, de forma inmediata. Debemos preservar el derecho de las personas a manifestarse en contra y a ejercer lo que sea necesario, pero tenemos que dar una respuesta rápida, adecuada, ajustada y amparando a todos los actores implicados.

P. ¿Teme que la onda expansiva de este caso lleve a otros grupos contrarios a la eutanasia a buscar fórmulas similares para paralizar su aplicación?

R. Tengo la esperanza de que no, porque ni Abogados Cristianos ni ninguna asociación o institución similar pueden poner una demanda por su cuenta, salvo que haya familiares que se acerquen a ellos.

P. En Cataluña, las objeciones de conciencia son menores comparadas con otros territorios. Usted ha hablado alguna vez de objeciones por contaminación, ¿a qué se refiere?

R. Nos preocupa la pseudoobjeción: es una objeción articulada formalmente, legalmente, pero que no refleja la objeción moral del profesional, sino más bien un temor a meterse en líos.

P. ¿Y esto se ve mucho?

R. Sí, se ve. Y tenemos también la criptoobjeción, que ocurre cuando un profesional no se manifiesta como objetor, pero pone barreras al desarrollo del derecho; por ejemplo, persuadiendo a la persona que solicita la prestación de que hay alternativas, o sugiriéndole que espere un tiempo.