Igualdad propone demandar a las webs de vientres de alquiler señaladas por la Fiscalía

Esta semana, la Fiscalía de la Audiencia Nacional reclamó al Ministerio de Igualdad que pusiera en marcha el procedimiento administrativo para bloquear el acceso desde España a las webs de 13 agencias extracomunitarias dedicadas a los vientres de alquiler, debido a que “ofrecen y realizan prácticas comerciales de gestación subrogada”, declaradas “ilegales” en España (desde la entrada en vigor de la ley sobre técnicas de reproducción humana asistida, en 2006). Tras recibir la solicitud, el departamento dirigido por Ana Redondo respondió el miércoles que estudiaría la petición con la Abogacía del Estado e insistió en que no tiene competencias administrativas para cerrar páginas digitales, aunque sí para iniciar acciones judiciales contra empresas “para que cese la publicidad ilícita que afecta a la imagen de las mujeres”. Y precisamente, demandar a dichas compañías, es lo que Igualdad ha propuesto inicialmente este jueves a la Abogacía del Estado, según consta en un escrito al que tuvo acceso EL PAÍS.

“Entendemos que deberían presentarse las demandas correspondientes para el cese de publicidad respecto a esas empresas”, se lee en el documento, aludiendo a las 13 entidades señaladas por la Fiscalía: Growing Generations, Invest Medical LLC, Betaplus Fertility, Miracle Surrogacy, Tammuz Family, New Life Global Network, Surrogacy Beyond Borders, Surrogacy4All, Family Source Consultants, Surrogacy Network, Go4Baby, Success–Maternidad Subrogada y Circle Surrogay. Estas cuentan con clínicas en países donde esta práctica no es ilegal como Estados Unidos, Ucrania, Georgia, Chipre, Grecia, México, Albania, Armenia o Colombia.

Hasta este momento, todas sus webs son accesibles desde España. Y contactadas las 13 por este periódico este miércoles, cuando se conoció la petición de la Fiscalía, solo una ha respondido, la mexicana Miracle Surrogacy. Esta empresa asegura que no ha recibido ningún requerimiento de instituciones españolas, y que se ha enterado por la prensa de esta noticia. La mercantil apostilla que no se anuncia “específicamente ni intencionadamente en España”, sino que lo hace “a través de Google, mediante anuncios que abarcan toda Europa”.

Miracle Surrogacy añade también su disconformidad con esta decisión: “No creemos que nuestros anuncios ni nuestra página web deban prohibirse ni siquiera en España, ya que podría haber personas de otros países que estén de vacaciones o de viaje por España y necesiten nuestros servicios; es decir, ciudadanos de otros países donde nuestros servicios no están prohibidos. Asimismo, podría haber españoles de otros países que visiten a sus familiares allí y necesiten nuestros servicios. Restringir la libertad de expresión de esta manera es muy peligroso y recomendamos que el Gobierno español lo reconsidere”.

En España, los vientres de alquiler no solo son una práctica ilegal, sino que se consideran una forma de violencia contra las mujeres. En 2023, con la entrada en vigor de la reforma de la ley del aborto, se fijó esta práctica como una de las “formas de violencia contra las mujeres en el ámbito de la salud sexual y reproductiva”; y se prohibió de forma expresa “la promoción comercial de la gestación por sustitución”, en el artículo 33.

La norma dio también competencias a las administraciones públicas ―entre ellas, al Instituto de las Mujeres, dependiente del Ministerio de Igualdad― “para iniciar acciones judiciales contra las empresas que estén haciendo esa publicidad”. En Europa, en 2024, la explotación de mujeres como vientres de alquiler se incluyó como delito a través de una directiva.

El origen de la petición de la Fiscalía

En su escrito de este miércoles, el ministerio público explicaba que su investigación comenzó con varias denuncias presentadas en 2024 por la Asociación Feminista As Furias, que provocó también la intervención del Defensor del Pueblo. Las indagaciones se centraron primero en ocho entidades y, por razones de competencia, se repartieron entonces entre varias fiscalías provinciales (de Barcelona, Madrid y Málaga), que consiguieron que varias “cesaran su actividad ilícita tras un requerimiento del ministerio fiscal”.

Durante esas investigaciones, las fiscalías provinciales de Madrid y Barcelona encontraron “otras entidades situadas fuera del territorio de la Unión Europea, que realizan prácticas comerciales sobre gestación subrogada, accesibles y visitables en su web desde España”. Esta parte se remitió así a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que asumió la competencia y, el pasado diciembre, comenzó a recabar información sobre las 13 compañías ahora señaladas para bloquear sus páginas digitales.

Esta semana, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido a la Secretaría de Estado que, “previa tramitación de las actuaciones administrativas pertinentes”, se contacte con las empresas que prestan servicios de acceso a internet en España (como Telefónica o Vodafone), para que estas bloqueen el acceso a dichas webs, así como a todos los subdominios que puedan conducir al contenido “ilícito”. Igualmente, en el caso de que Igualdad considere que esta actuación pueda afectar a datos amparados por los derechos y libertades de expresión e información, la Fiscalía insta a que se pida la “preceptiva resolución judicial” para poder ejecutarla.

Igualdad, este jueves, ha remitido a la Abogacía del Estado el escrito recibido por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, y explica que entre las entidades señaladas por el ministerio público está Go4Baby, sobre la que ya “se han iniciado acciones” por parte del departamento de Redondo. Fue en julio del pasado año, cuando el Instituto de las Mujeres, ante tres juzgados, denunció a cuatro empresas de vientres de alquiler a través de la Abogacía del Estado, por la publicidad y promoción “a través de sus páginas web y redes sociales” de servicios que son ilegales en España.

El Instituto pidió a los juzgados que acordaran “condenar a cesar toda la actividad publicitaria y/o promocional de la gestación por sustitución que realiza [cada una de esas empresas] en nuestro país y se dirige a los ciudadanos y ciudadanas españoles”, “la prohibición de dicha actividad publicitaria/promocional, también de cara al futuro” y “dar publicidad a la sentencia que vaya a dictarse en este procedimiento”.

Ahora, respecto a aquellas denuncias, Igualdad expone a la Abogacía que no saben en qué punto están: “Desconocemos si esos procedimientos han seguido su curso o si bien se han centralizado en la Fiscalía de la Audiencia Nacional conforme a lo que nos acaban de comunicar”. El ministerio pide a la Abogacía que se pongan en contacto con la Fiscalía “para conocer el estado de la tramitación de aquellos asuntos”; y expone que, ya que “parece que la Fiscalía no va a iniciar finalmente acciones hasta agotar la vía prevista” a través de Igualdad, considera que lo que procede es demandar a esas 13 empresas. Y abren la puerta a una reunión con la Abogacía del Estado: “Con el fin de que nos informéis de las actuaciones que podemos ejercer”.