50.000 personas dependientes esperan su lugar en las residencias de financiación pública

La lista de espera para entrar en residencias no se acorta, a pesar de que el Gobierno promueve que las personas en situación de dependencia puedan seguir viviendo en sus casas. 50.000 personas dependientes están a la espera de que se les abra una plaza en un centro de financiación pública, según el cálculo que ha publicado este jueves la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. La organización reclama una “planificación racional, de manera que, si hay que construir nuevos centros, se haga donde viven las personas que los necesitan y sus familiares”. Hoy 339.655 usuarios residen en estas instituciones, públicas y privadas.

Aunque solo el 82% de las plazas en las residencias están ocupadas, las que quedan disponibles no se encuentran en establecimientos cerca de las familias que las necesitan o tienen un “elevado coste que las hace inaccesibles”, según la asociación, como es el caso de las de Asturias, País Vasco y Comunidad Valenciana. La entidad, que agrupa a más de 200 trabajadores sociales, psicólogos, sociólogos y educadores, pide una distribución adecuada.

El 71% de las plazas ocupadas son de financiación pública (292.986), que incluyen a las de centros públicos, las concertadas en centros privados, y las que se financian con la prestación vinculada al servicio. Mientras tanto, hay 119.123 exclusivamente privadas. Las autonomías con menor cobertura de financiación pública son Canarias, Murcia y Valencia.

El presidente de la asociación, José Manuel Ramírez Navarro, asegura que el panorama no ha cambiado los últimos años y reclama al ministerio “reforzar los servicios de proximidad” si busca reducir la los usuarios de residencias. Actualmente, prosigue, “no hay recursos para poder vivir con la atención necesaria en el domicilio”. El Ministerio de Derechos Sociales planteó una estrategia de “desinstitucionalización” de la Dependencia en 2023, para favorecer que las personas reciban atención en sus hogares y puedan ser cuidadas sin dejar sus entornos comunitarios. Sin embargo, la publicación de la asociación recoge que en 2024 el servicio de atención en casa solo tuvo una cobertura del 5,8% y que la media de horas de cuidados fueron 23,8 horas mensuales.

“Una persona en situación de dependencia mayor, que tenga Alzheimer o demencia, con menos de una hora diaria de ayuda a domicilio no podría quedarse a vivir en su casa. El discurso está muy bien, pero no compadece con la realidad”, señala Ramírez. En los últimos años, no se han llegado a sumar ni tres horas más de atención domiciliaria al mes que las que se brindaban en 2012.

La asociación ha hecho el cálculo de las plazas que faltan basándose en los últimos datos oficiales del Sistema para la Autonomía y Atención de la dependencia (SAAD) de noviembre. Vio que hay en lista de espera de ser atendidas 32.842 personas con dependencia severa y 15.686 con gran dependencia. Les aplicó el porcentaje de personas que son atendidas en residencias (21% de Grado II y 34% de Grado III) y concluyó que la demanda actual de plazas es de 32.241 personas. A esta cifra le sumó que hay 6.652 personas con un Plan Individualizado de Atención (PIA) no efectivo de residencias y 12.070 personas con PIAs no efectivos para prestaciones vinculadas para residencias, es decir, que tienen aprobado un plan de cuidado, pero no les ha llegado. Así, estiman que 50.000 esperan su lugar.

Además, la organización también estima que faltarían casi 100.000 plazas para alcanzar una ratio de cinco por cada 100 mayores de 65 años en España. Lo que se consideran potenciales dependientes. En 2014 faltaban 53.103 plazas para alcanzar esa ratio y en el último año este déficit casi se ha duplicado, llegando las 96.916.

El presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales explica que este índice de cobertura utilizado por el Gobierno es inadecuado y pide fijar uno que se alinee mejor a la realidad, que deje de tomar como referencia la población mayor de 65 años cuando la media de edad de las personas mayores en residencia se sitúa en torno a los 85.

Tomando la ratio de cinco por cada 100 habitantes de más de 65, las comunidades con mayor déficit de plazas en residencias, según el informe, son Andalucía y Valencia, con 36.327 y 26.929, respectivamente. Al mismo tiempo, en siete comunidades hay un exceso de plazas, entre las que destaca Castilla y León, con 16.712 lugares sobrantes. Extremadura, Canarias, Castilla-La Mancha, Baleares y Madrid expresan una ocupación casi completa de sus establecimientos, con porcentajes superiores al 95%.