Castilla y León investiga a 15 médicos de Burgos por incompatibilidad entre su trabajo en el hospital público y clínicas privadas

La Sanidad de Castilla y León (Sacyl) ha admitido que investiga a 15 médicos del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) “por supuestos incumplimientos de la normativa que regula la compatibilidad de la profesión con el sector privado para quienes están en nómina de la sanidad pública”. Según una portavoz de la Administración castellano y leonesa, la Inspección de Sacyl está analizando diferentes denuncias contra intensivistas, cirujanos y anestesistas por irregularidades con la normativa que busca limitar que los doctores del sector público se excedan en sus posibles actividades independientes.

Médicos denunciantes del HUBU con los que ha hablado EL PAÍS precisan que estos incumplimientos se producen especialmente por rebasar las horas permitidas en empresas privadas o directamente por no tener solicitada esta compatibilidad. Según señalan, la entidad beneficiaria es Grupo Recoletas, en cuyos centros privados afirman que hay médicos en formación del HUBU realizando cirugías o personal de baja por paternidad que acude al quirófano. “Es un círculo vicioso, el médico del Sacyl es responsable de la lista de espera, le interesa generarla porque luego cobra de la privada”, explica un denunciante, indignado porque Recoletas está multiplicándose en la comunidad con millonarios conciertos con la Junta (PP) para desahogar al Sacyl. De hecho, el Hospital de Burgos es donde más días de espera quirúrgica asumen los pacientes, con 117,30 más que la media autonómica al cierre del tercer trimestre de 2025.

Los médicos llevan alertando de estas irregularidades desde 2021 y han expuesto una “presunta corrupción público-privada” que han remitido al Colegio Oficial de Médicos burgalés, a la Consejería de Sanidad, a la inspección del HUBU, a la gerencia del Sacyl en Burgos, a la Inspección de Trabajo o a la Seguridad Social. EL PAÍS ha accedido a los documentos que avalan que han llevado el caso a esas instancias, de momento sin apenas respuestas.

Uno de los denunciantes anuncia que llevarán los hechos a la Fiscalía porque “se incumple masivamente la ley de incompatibilidades” y que él, trabajador en uno de los centros privados donde existen estas aparentes irregularidades, ha visto a cirujanos superando las horas de trabajo semanales que como máximo pueden destinar al sector privado, algunos incluso ilegalmente por hallarse de baja por paternidad o siendo residentes, esto es, sin capacitación aún para intervenciones. Los agraviados lo tienen comprobado porque disponen de las actas donde un cirujano firma estar practicando una determinada intervención en fechas o momentos donde debiera estar en su puesto en el HUBU o de baja o descanso.

“Las víctimas son los pacientes y los médicos honrados que trabajan o en la pública o en la pública y privada o en la privada solamente y que ganan menos dinero por competencia desleal”, critica el sanitario, que acusa al Grupo Recoletas de recibir fondos para aliviar los problemas de lista de espera que ella misma genera con la actitud de sus doctores. Según este denunciante, al ser Burgos una “ciudad pequeña”, de 175.000 habitantes, estas prácticas son más evidentes que en grandes urbes “donde todo se diluye”. “Pagamos todos, a la pública y a la privada”, remata.

Recoletas tiene concertadas en Burgos especialidades como la cirugía general, traumatología, urología y ginecología. El portal de Contrataciones del Estado acredita que esta entidad privada recibe anualmente conciertos por valor de decenas de millones de euros, al menos 30 entre varios documentos, para soporte quirúrgico al Sacyl en toda la comunidad, Burgos incluido. La gerencia sanitaria burgalesa asignó a Recoletas en 2024 contratos concretos como el de 945.400 euros para “externalización procedimientos quirúrgicos”.

La secretaria general de Sanidad de Comisiones Obreras, Ana Rosa Arribas, asegura que “en Burgos hay casos flagrantes de ir a intervenir a la privada estando de guardia en la pública, o en su jornada habitual, o MIR que están en formación y no deben operar”. “Lo tienen comprobado con los partes de intervención, firmados por el médico, tienen las horas y días”, precisa la también sanitaria. Además, detalla que Recoletas tenía dos hospitales en Castilla y León hace 12 años y ahora suma 25: “Es un negocio para la privada, tienen el protocolo ya hecho en connivencia con el PP”.

Su homóloga en el sindicato UGT, Rosa López, reitera esas “varias denuncias por incumplimientos del régimen de incompatibilidad” y reclama “transparencia e igualdad de trato dentro del sistema público de salud, es imprescindible que todas las actividades profesionales sigan la ley y no perjudiquen la calidad asistencial a los ciudadanos”. Los denunciantes lamentan la escasa atención recibida a sus protestas estos años: “Era un ‘Aquí no pasa nada’, que el Colegio de Médicos no puede actuar y la gerencia da la callada por respuesta, dicen que han abierto investigaciones de información reservada que a saber qué supone”.