La evolución del aborto en la red sanitaria pública y en la privada en España, en gráficos

El aborto en España ha sido siempre mayoritariamente prestado por clínicas privadas concertadas con la pública. Desde la primera ley, de 1985, los hospitales públicos dieron la espalda a esta prestación: la mayoría de médicos y servicios no la contemplaban.

En los últimos años, sin embargo, la presencia del aborto en la pública ha ido creciendo. En un informe presentado por el Ministerio de Sanidad este martes en el Consejo de Ministros, se puede observar cómo en la última década las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) han pasado de un 11,7% a un 21,2%. Sigue siendo mayoritariamente privado, pero menos.

Sanidad quiere impulsar los abortos en la pública, pese a que la reciente modificación de la ley, de 2023, no se prima un modelo sobre otro. “La prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma”, reza el texto.

También consagra que “las usuarias del Sistema Nacional de Salud tendrán acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad efectiva”. Y esto no siempre se cumple por la falta de prestación en la pública de algunas comunidades. Cientos de mujeres tienen que viajar cada año a una distinta a la suya para la prestación.

Algunas comunidades han aumentado el número de abortos en la pública en los últimos años. Pero este crecimiento es muy dispar.

Las dos comunidades en las que más abortos se practican, Andalucía y Madrid, están entre las que tienen tasas más bajas de abortos en la pública: 0,2% y 0,47%, solo por delante de Extremadura, Ceuta y Melilla, donde todos son privados. Estas dos últimas, las ciudades autónomas, están gestionadas por el Ministerio de Sanidad a través de INGESA.

Si en Madrid y Andalucía se revirtiera la situación, el panorama cambiaría totalmente, y la mayoría de los abortos en España pasarían a estar en manos de centros de titularidad pública, como recordó este martes la ministra de Sanidad, Mónica García.

Las autonomías que más han reducido su tasa de IVE en la privada lo han hecho sobre todo gracias al aborto farmacológico. El quirúrgico, más complicado, requiere unos servicios para los que los hospitales públicos, por lo general, no están preparados.

Para poder organizar los servicios hospitalarios, la ley de 2023 incluye la obligación de que todas las comunidades autónomas hagan registros de objetores de conciencia. Cuatro de ellas todavía no lo tienen, cómo desveló EL PAÍS la semana pasada, y el Gobierno les ha dado un plazo de tres meses para que lo creen. En caso contrario, Sanidad “utilizará todas las herramientas administrativas y legales”, advirtió García.

La prioridad, sin embargo, es fomentar el aborto farmacológico, tal y como plantea Sanidad en las buenas prácticas que recoge el informe, es fundamental actuar en estadios tempranos del embarazo.

En los últimos años, también se está consiguiendo que cada vez más interrupciones se realicen en las primeras ocho semanas.

La ministra puso en valor la prestación del aborto en la pública para que las mujeres no salgan del circuito donde están siendo atendidas, especialmente si tienen que abortar por motivos de salud en el curso del seguimiento de la gestación. Estos casos suponen un 5,5%. La gran mayoría (el 94,5% restante) son a petición de la mujer, que por regla general se derivan directamente al centro que corresponda, sea privado o concertado.