Un ayuntamiento navarro exige 20 años de padrón para conceder ayudas a la natalidad: “Los inmigrantes nos cuestan un pastizal”

El Ayuntamiento de Valtierra (Navarra, 2.500 habitantes) aprobó en octubre del año pasado una línea de ayudas a la natalidad de 3.000 euros por menor nacido o adoptado durante este 2025. La polémica surgió al analizarse las bases de la convocatoria. Estas exigen que al menos uno de los dos progenitores lleve empadronado en el municipio de manera ininterrumpida durante 20 años, y que los neonatos permanezcan también empadronados allí durante otras dos décadas ininterrumpidas más.

El Consejo de Navarra, máximo órgano consultivo de la Comunidad foral, ha elaborado un dictamen ―a petición del Gobierno autonómico― en el que concluye que esta convocatoria ofrece “serias dudas sobre su adecuación al ordenamiento jurídico” y que las ayudas pueden ser discriminatorias. Preguntado por SER Navarra, el alcalde de Valtierra, Manuel Resa (UPN), no solo ha confirmado que seguirá adelante con la convocatoria, sino que ha amagado con elevar la cuantía hasta los 4.000 euros y ha vinculado a las familias migrantes con los menores extranjeros no acompañados, a los que ha calificado como “señoritos de esos” que cuestan un “pastizal”. El Gobierno navarro está estudiando cómo proceder.

El regidor valtierrano ha expresado que va a seguir apostando por esta línea de actuación: “Te lo digo y lo mantengo”. Y ha añadido: “Lo que tenemos que patrocinar y donde tenemos que poner dinero es para gente con raíces de nuestra tierra porque estamos recibiendo muchos inmigrantes que nos cuestan un pastizal. Por ejemplo, los menas esos que cuestan 4.950 euros al mes, más de 50.000 euros al año. Un señorito de esos de los que tenemos ahí”.

Resa ha dejado caer que ha tenido problemas y enfrentamientos con “esta gente”, que considera que tiene “todos los derechos, pero ninguna obligación” y ha añadido que “va a haber una revolución”. “Esa es la realidad, que se quede bien grabadico, lo pones todo bien grabado”, ha llegado a decir.

Desde el 1 de enero, día en el que las ayudas entraron en vigor, el alcalde ha reconocido que se han registrado “tres o cuatro” solicitudes de familias del pueblo. Como contexto, cabe destacar que, según los últimos datos accesibles, en 2023, el municipio registró 23 nacimientos, de los que 14 fueron de madres de origen extranjero. Es decir, un 60%.

Desde el Gobierno, la consejera de Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, ha criticado unas declaraciones que ha calificado como “absolutamente impresentables, propias del discurso de la ultraderecha”. Alfaro considera que podrían ser constitutivas de un delito de odio y desde el Ejecutivo avanzan que estudiarán si denunciarlas o no.

Sobre qué hacer contra esta convocatoria de ayudas, la consejera ha reconocido que “va a ser difícil que el gobierno pueda estar legitimado para interponer alguna acción”. El informe del Consejo de Navarra es consultivo, no ejecutivo, por lo que solo podría servir como base para una denuncia posterior. Sí ha abierto la puerta al papel que puede jugar el propio consistorio y la ciudadanía del municipio ribero: “Vamos a seguir instando al ayuntamiento, como hemos hecho estos meses pasados, a que retire y deje sin efecto esta convocatoria y, por otro lado, están los vecinos y vecinas afectados por esta convocatoria”. Hay que recordar que, no solo se deja fuera de ella a la población migrante que reside en el pueblo, sino también a cualquier oriundo de la zona que se haya marchado por diversos motivos a residir a otro lugar durante algunos años.

Han sido varios los representantes políticos navarros que se han pronunciado al respecto. Entre ellos, la consejera de Derechos Sociales y Empleo, Mari Carmen Maeztu, que las ha calificado como “realmente inaceptables, impropias de un responsable público”. “Son rechazables porque destilan racismo y odio” y porque denotan un “sesgo totalmente prejuiciado y un desconocimiento de la realidad palpable”. “En estos momentos, el 13% de las personas afiliadas a la Seguridad Social en nuestra comunidad son migrantes. La contribución de la población migrante al crecimiento de nuestra comunidad es evidente”. Maeztu ha pedido a UPN que se pronuncie al respecto, pero, por el momento, no lo ha hecho.