La Junta de Andalucía prorroga la gestión de pisos de extutelados a una entidad investigada por falta de alimentos básicos y personal

La Dirección General de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía abrió un expediente sancionador a la empresa Inserta, después de que la Inspección General de Servicios Sociales acreditara el pasado 19 de febrero que en los pisos de jóvenes extutelados que gestionaba en Málaga y Granada no había alimentos ni enseres básicos y que la entidad incumplía la ratio de personal y otras mejoras a las que le obligaba su contrato. Ese expediente sigue abierto, indican fuentes de la Consejería de Inclusión social, Juventud, Familias e Igualdad, pero no ha impedido que ese departamento prorrogue por un año ese contrato cuyas condiciones presuntamente ha quebrantado.

El pasado 22 de julio la Consejería publicaba el anuncio de la prórroga por la tramitación de urgencia del contrato para la gestión de 300 plazas de jóvenes inmigrantes que hayan estado bajo medidas del sistema de protección menores de la junta de Andalucía o jóvenes inmigrantes en situación de gran vulnerabilidad, bajo el régimen de concierto social. Se trata de un contrato adjudicado en 2023 y distribuido en ocho lotes, uno por cada provincia, de los que Inserta obtuvo la gestión de los correspondientes a Málaga y Granada, para la atención de un total de 90 jóvenes extutelados (42 en Málaga y 48 en Granada) que un global de 2,6 millones con IVA (1,21 millones para Málaga y 1,38 para Granada).

“No teníamos lo básico y las tarjetas monedero que nos daban para comprar carne fresca o no tenían saldo o no era suficiente para una compra de seis personas”, contaba a este diario M., un extutelado de 20 años, sobre la escasez de alimentos y la desatención que se vivía en uno de los pisos de Inserta de Málaga, un testimonio que también prestó ante el servicio de menores.

Inclusión alega que esta prórroga, pese a las denuncias por falta de alimentos a los jóvenes tutelados “era necesaria” y que debía hacerse de manera conjunta para la totalidad de lotes para evitar que, a finales de agosto, cuando vence el contrato, los 300 jóvenes quedaran en la calle sin recursos y sin haber terminado los programas de inserción. “Todas las adjudicatarias lo pidieron por escrito y, al tratarse de un contrato por lotes, la prórroga debía ser para todos”, indican las fuentes consultadas, que precisan que la ampliación del contrato está prevista en las bases y que, en todo caso, “por el principio de prudencia y prevención” esa prórroga se ha limitado solo a 12 meses y no a los dos años de máximo que contemplaba el pliego.

Fue Pedro González, antiguo trabajador de Inserta en uno de esos recursos residenciales, quien primero denunció la falta de alimentos. Lo hizo tanto ante la empresa como ante otros altos cargos de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, en octubre de 2023, aunque no fue hasta un año después, tras una reunión de este técnico con la consejera Loles López, cuando la Junta de Andalucía decidió abrir una investigación.

El informe de la Inspección corroboraba esas irregularidades y concluía que suponían “una infracción grave” de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía. “Quedan acreditadas las acusaciones vertidas por el denunciante contra la entidad en relación con el incumplimiento de la ratio de personal y mejoras del contrato y la falta de alimentación y enseres básicos en recursos residenciales”. González, que fue despedido en mayo de 2024, había relatado ante la propia entidad, altos cargos de la Consejería, el Defensor del Pueblo y la Fiscalía cómo, entre otras cosas, los pedidos de comida no llegaban a tiempo ―con retrasos de hasta dos meses― o que de los ocho trabajadores que atendían los siete pisos de Málaga, seis estaban de baja y no habían sido sustituidos. El expediente sancionador abierto tras el informe de la Inspección “sigue su curso”, indican las fuentes de la Consejería consultadas.

Otra denuncia en los juzgados

La Junta tiene varios programas para jóvenes mayores de 18 años que han estado bajo su tutela y que, por motivos de vulnerabilidad, siguen después bajo el manto de la administración hasta los 25, mientras regularizan su situación, aprenden un trabajo o siguen estudiando, con el objetivo de lograr su inserción. Los jóvenes viven en pisos donde reciben las visitas de los trabajadores sociales que supervisan sus itinerarios y les orientan. Los usuarios reciben una asignación para comprar productos frescos y las entidades que los gestionan les proporcionan alimentos imperecederos, productos de limpieza y otros enseres básicos del hogar. Inserta gestiona siete de estos pisos en Málaga y ocho en Granda dentro del programa JEM, los que han sido investigados por la Inspección de la Consejería de Inclusión, en los que residen 90 personas (seis por vivienda).

La adjudicación de esos dos lotes en concreto a Inserta está siendo investigada por un juzgado de Sevilla tras la denunciada presentada por Por Andalucía (el equivalente de Sumar en la comunidad) a finales del pasado mes de enero por presuntas irregularidades administrativas. De acuerdo con la coalición de izquierdas, en ambos se habrían amañado los pliegos de la licitación, de manera que la ONG presentó una oferta de subrogación de 14 trabajadores a jornada completa, presentando a ocho trabajadores, cuando solo dispone de tres. La Consejería ha negado cualquier tipo de irregularidad. La Fiscalía, por su parte, archivó su propia investigación el pasado 25 de abril al entender que “más allá de irregularidades administrativas”, del informe recabado por la Inspección de Trabajo “no existen indicios de delitos penales”