Sira Rego: “La industria tecnológica está haciendo caja con la explotación infantil”

Sira Rego (Valencia, 51 años), ministra de Juventud e Infancia, recibe a EL PAÍS en la sede del ministerio el jueves a mediodía, pocos minutos después de presentar el IJE (Informe Juventud España) de 2024, un documento que se elabora desde hace cuarenta años y se publica cada cuatro. Rego charla sobre los aspectos más destacados de ese informe, pero también sobre la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia (LOPIVI), que se aprobó en 2021 y todavía no ha tenido un desarrollo reglamentario, las redes y las pantallas, la falta de confianza de los jóvenes en las instituciones y Ley de Juventud, que espera que llegue a tramitarse a finales de año.

Pregunta. ¿Qué le preocupa más del informe que se ha presentado este jueves?

Respuesta. La brecha de género y la brecha de clase. Hay un problema para la emancipación que viene fundamentalmente lastrado por la cuestión de la vivienda. Y a partir de ahí se desencadenan una serie de cuestiones que tienen que ver con la emancipación, la posibilidad o no de tener hijos o un proyecto vital e independiente. Son cuestiones, además, que tienen que ver con salud mental, con la percepción política y de alguna manera con la desmovilización entorno a determinadas estructuras institucionales de la democracia porque no está respondiendo a las expectativas que tienen los jóvenes. Por otro lado, el informe desmonta algunos mitos que se están repitiendo como mantras y que no son verdad.

P. Entre 2011 y 2023 el porcentaje de jóvenes que vive con sus padres ha aumentado 12 puntos en España. El el 65,6% de los que tienen entre 18 y 34 años siguen dependiendo económicamente de sus padres mientras que la media europea es de 49,6%. En España se sale de casa con 30,4 años de edad, en Europa la media de 26,3. ¿Qué se está haciendo haciendo mal?

R. El indicador de vivienda es terrorífico. La política hecha desde el Gobierno va orientada a la mejora general del acceso a la vivienda y al empleo, pero no puede ser que las comunidades autónomas, fundamentalmente las del PP, estén bloqueando el avance de políticas públicas y la puesta en marcha de la ley de vivienda.

P. ¿Qué mitos ha desmontado el informe?

R. La relación que tienen en torno a la diversidad cultural, a la cuestión migratoria y a la agenda joven, la conciencia ciudadana ―una inmensa mayoría [el 74%] cree que es importantísimo pagar impuestos― y la participación política: a largo de la serie histórica, que son cuarenta años ya, nos permite determinar que hay una mayor implicación y mayor interés por la política. Otra cosa es que los mecanismos de participación que tienen sean otros. Y en eso tenemos responsabilidad también las instituciones y los distintos gobiernos, porque los que no estamos adaptados somos nosotros.

P. El informe evidencia implicación política, pero también su desconfianza hacia las instituciones. ¿Cómo se puede corregir con el último caso de corrupción que ha golpeado al PSOE?

R. Más allá de la desconfianza que esto pueda generar, yo creo que hay un elemento que tiene que ver con un carácter estructural. La corrupción es un problema grave, y en muchos casos es de carácter estructural y hay que erradicarlo con la máxima contundencia. En eso soy y somos muy nítidos. Hay que ser muy exigentes con el control y con la gestión de todos los recursos públicos. Necesitamos una oficina de prevención de la corrupción. Hay, además, que situar el foco en las empresas que forman parte de las tramas de corrupción: debería prohibirse que cualquier empresa vinculada a una trama de corrupción pueda presentarse a ningún contrato en la administración pública. Por ejemplo, Acciona: no deja de ser absolutamente llamativo que haya sido parte de varias tramas de corrupción en nuestro país y que ahora mismo acaben de otorgarle un contrato público de la Fórmula 1 en la Comunidad de Madrid. Esto es absolutamente inaudito. Por otro lado, creo que hay un problema de desconfianza en las instituciones por parte de la juventud que tiene que ver con que no son instituciones que estén abiertas a que ellos participen.

P. ¿Es una preocupación que le transmiten?

R. Sí, se encuentran con que no pueden participar. Frente al modelo de recorte del Estado y de la democracia que viene planteando la derecha, tanto el PP como el Vox, yo creo que desde la izquierda y desde el gobierno tenemos que ensanchar la democracia y los derechos. Es un asunto radical porque las estructuras institucionales no están hechas para que los jóvenes participen en política. Hay que revisarlo, porque esto sí que amplía la democracia y la refuerza. Por eso, por ejemplo, para nosotros, un pequeño antídoto, no el único, para resolver la desafección política es la ampliación de la edad de voto a los 16 años.

P. Como ministra, mujer y de izquierdas, ¿qué reacción tuvo al escuchar las conversaciones sobre prostitutas entre José Luis Ábalos y Koldo García?

R. Me resultó repugnante. Eso te dice cómo siguen operando determinados mecanismos del patriarcado de una manera absolutamente normalizada entre determinados hombres. Y cómo incluso opera una cierta disociación, que por un lado normaliza determinadas conductas y por otro lado las niega. Y creo que esto nos interpela como sociedad. Incluso lo vinculo al informe [el IJE que se presentó el jueves]: nos tiene que poner en alerta sobre la pérdida de importancia del feminismo y la igualdad [En 2019, el 64% presentaba un alto grado de identificación con este movimiento, mientras que en 2023 se redujo al 54%]. Pensar que el machismo ha sido erradicado de nuestra sociedad es un error.

P. En enero de 2024, anunció la creación de la primera ley española de Juventud. ¿Cuándo verá la luz?

R. Vamos a tener el borrador preliminar en un par de semanas. Me encantaría que estuviera ya tramitándose en la mesa del Congreso de los Diputados a finales de año. Es una ley participativa porque lo que quisimos es que fuera una ley de juventud hecha por la juventud. Han participado entidades que representan a más de 55.000 jóvenes de nuestro país y hemos hecho un acopio de 400 páginas de propuestas, que estamos traduciendo ahora jurídicamente. Es una ley compleja, que atraviesa muchísimas leyes de nuestro país al plantearse cuestiones de vivienda, derechos y servicios públicos, cuestiones de salud mental... Viene recogida la ampliación de la edad de voto a los 16 años, se plantea un modelo de políticas de juventud a nivel estatal, un itinerario de derechos y de justicia intergeneracional que plantea cuestiones que tienen que ver también con aspectos de la derogación de la ley Mordaza y de mecanismos de participación política que son bastante interesantes. Hemos sido súper respetuosos con todo el tema de marco de competencias. Uno de los aspectos que pueden generar más escollos es la ampliación de la edad de voto a los 16 años.

P. El IJE detalla que los jóvenes de entre 15 y 19 son los que más horas pasan conectados a internet, y casi un 70% lo hace cuatro horas más al día. Los psicólogos ya tratan a diario adicciones a la pantalla.

R. Totalmente, el dato corrobora los que ya teníamos del informe del panel de expertos que encargamos. Tenemos en tramitación parlamentaria la ley de entornos digitales seguros, dentro de la ley viene señalada la estrategia nacional de entornos digitales seguros que desarrollamos en el ministerio. A principios del segundo semestre saldrá el borrador de esa estrategia.

P. En su memoria anual, la Fiscalía reconoció que defender a niños, niñas y adolescentes frente a los depredadores de las redes es un objetivo “casi imposible”.

R. Yo creo que es posible. Hay varios elementos con los entornos digitales, para mí el problema tiene que ver con la industria tecnológica. Está haciendo caja con la explotación infantil. De la misma manera que hemos normalizado que la explotación infantil tiene que estar erradicada a todos los niveles, tenemos que ser absolutamente contundentes con que no podemos permitir que la industria tecnológica esté haciendo caja con los derechos de nuestros hijos e hijas. No se puede permitir. Frente a un problema tecnológico siempre hay una solución tecnológica, y si estamos viendo que es normal o que es posible desconectar determinadas aplicaciones en algunos países del mundo, no hay ningún motivo para que no haya un mecanismo de regulación que sea absolutamente eficaz. Aquí lo que hay que tomar es la decisión de si se limitan los derechos de nuestros hijos o el abuso de las empresas. Y yo lo tengo claro porque he venido aquí a trabajar para proteger los derechos de los niños y de las niñas de este país.

P. Han pasado cuatro años de la aprobación de la LOPIVI, pero la ley todavía no ha tenido un desarrollo reglamentario. ¿Por qué?

R. Hemos tenido un tiempo para evaluar su impacto y creemos que tiene margen de mejora para mecanismos de desarrollo reglamentario mucho más precisos. Además, damos un salto cualitativo porque por primera vez va a estar recogida una definición clara de violencia vicaria y estará regulada en la ley también todo lo que tiene que ver con la violencia institucional.

P. La tasa de pobreza infantil de España es la más alta de toda la Unión Europea, su ministerio se comprometió a mejorar esa tasa y a crear un pacto de estado para erradicarla. ¿En qué punto están?

R. La herramienta más directa y efectiva para hacer frente a la pobreza infantil es la Prestación Universal de Crianza, un ingreso garantizado por cada niño o niña para reducir la desigualdad desde la cuna. No se trata de una medida social más, sino de un cambio de paradigma y de una respuesta que ya está implantada en muchos países de la UE. Pero es imprescindible un compromiso de todas las fuerzas políticas y sociales. En este sentido también trabajamos el pacto de estado que esperamos que pueda ver la luz antes de final de año.

P. Pedro Sánchez prometió que se iba a hacer un homenaje a las víctimas de pederastia en el ámbito eclesiástico y que se iba a poner en marcha un plan de reparación. De momento, ni hay fecha para el homenaje y el Gobierno no ha dado ninguna reparación. ¿Su ministerio puede decir algo sobre esta demora?

R. La parte que nos corresponde como ministerio es habilitar el marco jurídico para hacerlo más garantista con las víctimas. La Iglesia debe ser quien repare a las víctimas y debe ser quien rinda cuenta de lo que ha sucedido y que ha quedado acreditado por el Defensor del Pueblo.