Ir al contenido
_
_
_
_

La Generalitat investiga su actuación en el caso de la menor víctima de una red de pederastia

Un educador social acusa a la Dirección General de la Infancia de la Generalitat de permitir que la joven viviera con un mayor de edad

Mònica Martínez Bravo, consejera catalana Derechos Sociales e Inclusión, en una imagen de archivo.
Rebeca Carranco

La Generalitat ha abierto un expediente informativo para aclarar cómo se trató el caso de una menor de 12 años, que fue víctima de una red de pederastia. La adolescente fue captada por un hombre de 40 años, a través de una aplicación de citas, y fue agredida sexualmente por él y presuntamente por al menos otros cinco hombres. Además, el cabecilla de la red, Teófilo L. M., la usó para lograr nuevas víctimas, según la investigación. La menor de edad estaba bajo el paraguas de la Generalitat, que tenía su guarda y custodia (una forma de protección más limitada que la tutela). La síndica de greuges [defensora del pueblo], Esther Giménez-Salinas, también ha anunciado la apertura de una investigación.

La consejera catalana de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, ha solicitado este miércoles comparecer en el Parlament, después de que el caso, que se inició en 2021 con una denuncia de la propia víctima, regresase a la primera línea informativa. La investigación culminó en abril del año pasado, con 16 detenidos, y ahora la Fiscalía ha solicitado 107 años de cárcel para el presunto líder de la trama, en una de las tres piezas separadas en las que se divide la investigación, tal y como avanzó Ser Catalunya.

El departamento de la Generalitat ha abierto el expediente para conocer la actuación interna de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAiA) después de que un educador social denunciase de que la institución permitió que la víctima se fuese a vivir con un adulto. “Se escapó con un chico de 25 años cuando ella tenía 15 años [Ahora tiene 17]. La DGAiA lo aceptó. Ella iba al instituto y les pareció correcto, pero no ocurre habitualmente”, explicó el martes Daniel Segura, que estaba destinado en un centro en L’Hospitalet de Llobregat, donde vivía la niña. Eso sucedió después de que la madre, que no tenía la custodia, falleciera, según contó.

Antes de eso, el entorno al cargo de la menor, que fue violada desde los 12 años, ya sabía de los problemas que padecía. “Sufría acoso escolar en el instituto y tenía mucha necesidad de recibir afecto de cualquier tipo. Detectamos que eso era un indicador de riesgo”, añadió Segura, que indicó que las agresiones sexuales se prolongaron dos años, hasta que se percataron de la situación. Ante las sospechas, los educadores revisaron su móvil y descubrieron indicios de que estaba siendo agredida y eso llevó a la denuncia ante los Mossos.

En total, los Mossos detuvieron a 16 “depredadores sexuales” en abril del año pasado, según informaron en una rueda de prensa. El supuesto cabecilla, Teófilo L.M., llevaba a las víctimas a un piso en el distrito de Ciutat Vella de Barcelona, donde además de cometerse las agresiones sexuales, también se grababan, y se distribuían las imágenes, según la Fiscalía. La gravedad del caso ha hecho que la titular de Derechos Sociales pidiera comparecer para explicar los mecanismos de prevención, protección y atención a la infancia de la DGAIA, según ha informado el Departamento a través de una nota de prensa.

La Generalitat, sin embargo, saca pecho de su actuación en el caso. “Fue gracias a la intervención del personal educativo del centro, que detectó indicios de abusos y activó los protocolos pertinentes, que pudo tramitarse la denuncia y llevar a cabo las detenciones”, agrega la nota.

La síndica de greuges también ha anunciado la apertura de una investigación para esclarecer lo ocurrido. Para ello, pedirá información al Departamento de Derechos Sociales e Inclusión, al de Educación y también al de Salud. La intención es “conocer las circunstancias alrededor de los hechos tan graves que se denuncian y las medidas tomadas una vez se detectaron los abusos”, reza un comunicado difundido a los medios de comunicación, así como la atención que “está recibiendo hoy en día”.

La defensora del pueblo catalán añade que ya en noviembre de 2023 alertó en un informe de las “carencias estructurales del sistema de protección a la infancia”, en el que ya señalaba la “sobrerrepresentación de adolescentes” en el sistema, que suponen el 63% de los menores de edad tutelados. Ese informe también señalaba que existía un riesgo más elevado de explotación sexual entre los adolescentes que residen en centros de la DGAiA y pedía que se tomasen medidas.

Tres causas

La investigación de los Mossos d’Esquadra sobre la red de pederastia se alargó durante casi tres años: desde que la menor denunció hasta que se destapó uno de los mayores entramados de pederastia en Cataluña. La causa está en manos del juzgado de instrucción 7 de Barcelona, que en la actualidad mantiene tres piezas separadas.

Por ahora, la Fiscalía solo ha finalizado su escrito de calificación en una de ellas, en las que el investigado es el supuesto cabecilla, y solicita 107 años de cárcel por los abusos cometidos contra la menor de 12 años. Además, existe una segunda con 11 hombres investigados (también el cabecilla) todos ellos por las agresiones cometidas contra la menor de 12 años, en la que además consta otra víctima, en este caso un niño. En la tercera pieza constan 6 hombres investigados (también el presunto cabecilla), vinculados al menos a otras cinco víctimas más. Además, para cinco de ellos se han abierto piezas independientes en otros juzgados por tenencia de pornografía infantil, no vinculados con este caso. El supuesto líder y otro de los implicados están en prisión preventiva desde abril de 2024.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico016-online@igualdad.gob.esy por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Rebeca Carranco
Reportera especializada en temas de seguridad y sucesos. Ha trabajado en las redacciones de Madrid, Málaga y Girona, y actualmente desempeña su trabajo en Barcelona. Como colaboradora, ha contado con secciones en la SER, TV3 y en Catalunya Ràdio. Ha sido premiada por la Asociación de Dones Periodistes por su tratamiento de la violencia machista.
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_