La ley educativa que necesita España

Al contrario que Zapatero –que paralizó en un mes la Ley de Calidad de la Educación (LOCE), sin esperar a ver sus resultados–, el Gobierno de Mariano Rajoy ha promovido con la LOMCE una reforma parcial de la LOE, de la que seguirán vigentes el 57% de sus artículos. Una reforma que incorpora a la LOE las buenas prácticas de aquellos países de nuestro entorno que han mejorado la calidad de la educación en los últimos años: simplificación del currículo, refuerzo de contenidos instrumentales, opciones flexibles, evaluaciones censales y externas con transparencia de los resultados, mayor autonomía de centros, rendición de cuentas e incentivo del esfuerzo.

Se refuerza la Formación Profesional con la nueva FP Básica y la permeabilidad entre esta, la media y la superior, con pasarelas hacia el bachillerato y la Universidad, de forma que ninguna decisión de ningún alumno sea irreversible.

En primaria se estudiarán los aspectos fundamentales de la Geografía, de la Historia, de la Cultura, de las Ciencias Naturales y de las Ciencias Sociales, frente al conocimiento del medio comarcal, impulsado por las leyes socialistas e inconcebible en un mundo globalizado.

La LOMCE va a promover la equidad y la atención a los alumnos con dificultades específicas de aprendizaje (TDAH, dislexia, etcétera). Se podrán establecer Planes de Centros Prioritarios para apoyar a los que escolarizan a alumnos en desventaja social. Se refuerza la figura del director y los profesores serán considerados autoridad pública.

La LOMCE impulsará el derecho de elección de las familias, cuyo papel en la educación se reconoce expresamente, con la posibilidad de convocar concursos públicos para la creación de centros concertados sobre suelo dotacional, como han hecho ya muchos municipios de Madrid, incluyendo Parla (PSOE) y Rivas (IU).

A pesar de que el Preámbulo de la LOE menciona muchas propuestas de la nueva Ley (evaluaciones, flexibilidad, autonomía de centros, rendición de cuentas, información pública y transparente, homogeneidad del sistema educativo,…), se ha opuesto a la LOMCE, un rechazo radical y excluyente por grupos políticos que van desde el PSOE a Amaiur, pasando por IU y los nacionalistas. Todos firmaron el 17 de Julio un pacto para derogar la LOMCE al comienzo de la próxima legislatura, un hecho sin precedentes en nuestra democracia.

La educación no debe ser, como piensan algunos, un coto reservado a la izquierda política y pedagógica, donde toda iniciativa de otros ámbitos políticos o de la sociedad civil es sistemáticamente rechazada y denigrada. La educación es la garantía del futuro de nuestros jóvenes y del bienestar de una nación y, por eso, con las legítimas discrepancias, todos debemos contribuir a su mejora.

Luis Peral Guerra es el portavoz de Educación del PP en el Senado