“Nada puede justificar una demora en la atención de nueve meses”

Las explicaciones de la Junta de Castilla y León no han convencido al Defensor del Pueblo en el caso de la muerte de Luis Canabal. El hombre falleció el 20 de febrero de 2013 tras la rotura de una arteria de la que estaba en lista de espera para operarse desde el 10 de mayo de 2012. “Tiempos de demora razonable no son, en sí, un elemento necesariamente reprochable. Por el contrario, nada puede justificar demoras en la atención, como en el caso concreto planteado (superior a nueve meses), y menos aún el fallecimiento de pacientes incluidos en lista de espera, como consecuencia, precisamente, de procesos que motivaron dicha inclusión”, indica la adjunta segunda al defensor del Pueblo, Concepció Ferrer i Casals.

Con estas palabras quita la razón a las explicaciones dadas por el consejero de Salud de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado. Este adujo que la gravedad del aneurisma [dilatación] de aorta del paciente no justificaba que se le operara urgentemente, y que “el paciente estuvo programado para una semana de mediados de enero de 2013, si bien, desgraciadamente, tuvo que ser desprogramado para incluir a dos pacientes urgentes”. “Desde entonces no se pudo volver a programar la intervención en los turnos quirúrgicos disponibles, por tener que operar a pacientes más prioritarios que él”.

En sus conclusiones, el Defensor del Pueblo hace una “recomendación” a la consejería “para que se adopten las medidas para reducir la extraordinaria demora existente”. Y se formula “una sugerencia para iniciar de oficio una reclamación patrimonial”.

Esto, de hecho, ya lo ha hecho Laura Canabal, la hermana del fallecido, en abril, pero la Junta tiene seis meses para contestar y aún no lo ha hecho, afirma su abogado, Javier de la Peña, de Lex Abogacía. La respuesta del Defensor del Pueblo es “muy a tener en cuenta” de cara a los futuros procesos, aunque no tenga en sí misma “poder ejecutivo”, advierte el abogado.

Laura Canabal y su abogado consideran que parte del valor de la reclamación que han puesto es que ya ha habido anuncios de “cambios en la gestión” de la lista de espera. Aún así, han reclamado una indemnización de 136.000 euros. Si la Junta no contesta, se acudirá a los tribunales.