Sanidad exige a La Rioja que siga atendiendo a los pacientes vascos

El conflicto sanitario entre los Gobiernos de La Rioja, del PP, y Euskadi, del PSE, no se movió ayer un ápice, con ambos Ejecutivos enrocados en sus respectivas posturas aunque, al menos de palabra, abiertos a negociar. 5.000 vecinos de la Rioja Alavesa seguían ayer sin poder acudir al médico especialista en el Hospital San Pedro de Logroño, una situación que comenzó el 9 de septiembre por decisión unilateral de La Rioja, y tienen que desplazarse hasta Vitoria, considerablemente más lejos. Con todo, se registró una diferencia: el Gobierno vasco logró ayer el apoyo del Ministerio de Sanidad, con cuyo secretario general, Alfonso Jiménez, se reunió el viceconsejero Jesús María Fernández para analizar la situación.

Al término de la cita, el ministerio hizo suya la petición del Gobierno vasco de que La Rioja siga atendiendo "con normalidad" a todos los pacientes vascos que viven en las zonas limítrofes de la Rioja Alavesa mientras ambos Ejecutivos negocian un convenio bilateral. Esta es la misma solución que se ha empleado entre Cataluña y Aragón y la que ya están negociando La Rioja y Navarra. Fernández mostró ayer su "desconcierto" porque a los navarros no se les haya exigido una cuantía económica como a los vascos.

Jiménez remitió ayer por carta a ambos Ejecutivos su recomendación en este sentido, mientras que los vecinos de la Rioja Alavesa convocaban una protesta para mañana. El popular Rubén Garrido, alcalde de Oyón, uno de los municipios afectados, aseguró que comenzaría una huelga de hambre el próximo jueves si el conflicto no se soluciona.

Jiménez afeó la decisión de La Rioja de dejar de prestar la atención sanitaria no urgente a los pacientes de zonas limítrofes por considerar que "incumple el principio de cooperación entre administraciones sanitarias" que recoge la Ley de Cohesión Sanitaria. El Gobierno vasco apunta que si todas las comunidades tomaran una decisión como La Rioja se verían afectados 100.000 pacientes.

Sin mencionar las exigencias del presidente riojano, Pedro Sanz, que reclamó a Euskadi siete millones de euros por seguir atendiendo a enfermos vascos, el ministerio instó a formalizar una situación que se ha prolongado varios años sin convenios que la regulasen. Euskadi rechaza contraprestaciones económicas y asegura que las cifras riojanas están "infladas", en palabras del consejero vasco de Sanidad, Rafael Bengoa. Las cifras que maneja Euskadi rondan los 4,5 millones de euros.

"Hemos favorecido ese abuso [la derivación de pacientes de zonas limítrofes vascas] y eso ha impedido al Gobierno vasco tomar decisiones", insistió ayer Sanz. El ministerio aseguró que en estos casos se puede usar el fondo de cohesión sanitaria, empleado en casos de pacientes desplazados porque su comunidad no tiene medios para tratar su dolencia.