Los Gobiernos de la Unión podrán pedir a los proveedores que retengan datos privados

El efecto de los atentados del 11 de septiembre, que se ha traducido en muchos casos en recortes de las libertades individuales de los ciudadanos, ha vivido hoy en Bruselas un nuevo episodio. El Pleno del Parlamento Europeo ha respaldado la posibilidad de que los Gobiernos de la UE puedan aprobar leyes para pedir a los proveedores de comunicaciones electrónicas que retengan "durante un plazo limitado" datos de sus clientes, si lo justifican motivos de seguridad nacional.

La Eurocámara se ha pronunciado sobre una directiva europea sobre tratamiento de datos personales y protección de la intimidad en las comunicaciones electrónicas. El eurodiputado encargado del informe parlamentario, el radical italiano Marco Cappato había pedido incluir en el texto que estas medidas deben ser de carácter "absolutamente excepcional". Sin embargo, finalmente se ha aprobado una enmienda alternativa, que precisa que para obligar a retener datos los países deben aprobar "medidas legislativas", "proporcionada y apropiada en una sociedad democrática".

La enmienda ha sido ya acordada con el Consejo de Ministros de la UE, que es el que tiene que dar su visto bueno definitivo a la directiva, con lo que la nueva norma podrá aprobarse rápidamente, sin un largo proceso de "conciliación" entre el Parlamento y el Consejo.

Limitadas las libertades

El ponente ha lamentado el resultado de las discusiones, por entender que suponen una restricción de las libertades individuales a favor de los Estados. Además, esto podría suponer grandes costes para las empresas del sector, operadoras de telefonía y proveedores de Internet.

La parte más polémica de la enmienda, relativa a la facultad de los países de adoptar leyes para obligar a conservar los datos, se aprobó por 351 votos a favor y 133 en contra, y recibió el voto de los eurodiputados españoles del PPE y del PSE.

La Eurocámara se pronunció también sobre el uso de cookies que registran el paso de un usuario por una página web, y coincide con el Consejo en que deben autorizarse "bajo ciertas condiciones", puesto que son útiles, pero los ciudadanos deben poder rechazarlos. En cuanto a la recepción de mensajes no deseados (spamming), la Eurocámara respalda a los Quince, y se exigirá el consentimiento previo del usuario (opt-in) para recibir mensajes no solicitados con fines de venta directa.

Respecto a la inclusión de datos en guías públicas, el Parlamento acepta la posición del Consejo de que los abonados puedan decidir si figuran en la misma y puedan solicitar su exclusión de forma gratuita.