Lamela investiga la protección de los Mossos a los políticos que organizaron el referéndum ilegal

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha ordenado una serie de actuaciones para investigar las supuestas labores de protección de los Mossos d’Esquadra a los políticos que prepararon y organizaron el referéndum ilegal de autodeterminación de Cataluña del pasado 1 de octubre. En una resolución dictada el pasado jueves, Lamela reclama a la policía autónoma catalana que le remita el “acta de creación” de la llamada “comisión TIC” para la “seguridad y protección” de los miembros del Gobierno regional, autoridades de otras instituciones y otras personalidades. Con ello, explica la juez, “se puede conocer quién ordenó y cómo se gestó la actuación de vigilancia a políticos relacionados con la preparación del referéndum” que sirvió de pretexto a la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre siguiente.

La magistrada ordena a los Mossos que informen si en septiembre y octubre la “comisión TIC” recibió el encargo de aplicar las medidas de seguridad –vigilancias- a “determinadas personas”, y cuáles de éstas fueron incorporadas al plan operativo de protección, denominado Ágora.

Esta actuación de la juez fue solicitada en un escrito remitido por el ex comisario mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y la intendente del cuerpo en el barrio barcelonés del Eixample Teresa Laplana. Ambos policías están imputados por sedición en la Audiencia Nacional. A Laplana se la investiga por la actuación del cuerpo durante los incidentes del 20 y 21 de septiembre ante la Consejería de Economía de la Generalitat, donde se desarrollaba la Operación Anubis de la Guardia Civil contra los preparativos del referéndum. Trapero deberá responder por supuestamente poner a la policía autonómica, de la que era máximo responsable operativo, al servicio del proceso independentista contra las resoluciones del Tribunal Constitucional y de la justicia ordinaria.

La magistrada ha citado el próximo 14 de febrero como testigo al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, principal encargado del dispositivo del Ministerio del Interior para dar cumplimiento a las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para impedir la celebración de la consulta del 1 de octubre. La actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil para tratar de cerrar por la fuerza los colegios electorales desembocó en incidentes. En algunos centros de votación, agentes de los Mossos se encararon e incluso llegaron a enfrentarse con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

La juez Lamela, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, lleva la investigación sobre la labor de los Mossos durante el proceso independentista después de que el juez del Supremo Pablo Llarena reclamara para sí la causa por rebelión, sedición y malversación sobre los políticos y líderes sociales catalanes que fijaron y siguieron el itinerario hacia la secesión, que terminó con la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la intervención de la autonomía catalana por parte del Gobierno central.

La magistrada pide también a la Fiscalía Superior de Cataluña y a las fiscalías provinciales que le remitan copia de todos los informes y escritos presentados por los Mossos en cumplimiento de las instrucciones judiciales dictadas contra el referéndum del 1 de octubre. En la resolución reclama a la división de Asuntos Internos de los Mossos información sobre el estado de la investigación abierta a los agentes que en la jornada de la consulta se enfrentaron a los miembros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, de lo que quedó constancia en varios vídeos incorporados a la causa. Finalmente, la magistrada solicita a la policía autonómica el contenido de la intervención del entonces consejero de Interior, Joaquim Forn, ahora en prisión, el 14 de septiembre.