La Fiscalía insiste en mantener en prisión a los líderes de la ANC y Òmnium

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha insistido este jueves en mantener en prisión a los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, encarcelados desde el pasado 16 de octubre por un supuesto delito de sedición. El ministerio público se ha opuesto al recurso planteado por la defensa de ambos líderes independentistas contra el auto de la juez Carmen Lamela por el que ambos ingresaron en la cárcel madrileña de Soto del Real por su papel en los altercados que el 20 y 21 de septiembre trataron de impedir la operación Anubis de la Guardia Civil contra los preparativos del referéndum ilegal de autodeterminación del pasado 1 de octubre.

Esos días más de 40.000 personas, convocadas a través de las redes sociales por ANC y Òmnium, se agolparon ante la Consejería de Economía de la Generalitat para protestar por las detenciones de 11 altos cargos que supuestamente se encargaban de la logística del referéndum ilegal. Los altercados que se produjeron en esas protestas dificultaron, sin llegar a impedirla, la labor de la comisión judicial. Ese día, la secretaria del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona tuvo que salir de la Consejería de Economía de la Generalitat, en el paseo de Gracia, por una azotea y posteriormente mezclarse con la gente que salía de un teatro contiguo, mientras los más exaltados destrozaban tres todoterrenos de la Guardia Civil, causando daños cifrados en 135.600 euros.

Según la juez, Cuixart y Sànchez se mantuvieron al frente de las protestas durante todo el día, llevaron la iniciativa en la “pretendida negociación” con la Guardia Civil, alentaron y dirigieron a los congregados ante la Consejería de Economía, les incitaron a permanecer en el lugar y les “impartieron órdenes” sobre cómo actuar en cada momento.

La defensa de Jordi Sànchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana(ANC), recurrió el pasado viernes la decisión de la juez Lamela de enviarle a prisión provisional por un supuesto delito de sedición. El abogado de Sànchez, el penalista Jordi Pina, consideraba en su recurso que la magistrada ha privado de libertad a su cliente a partir de “sospechas o intuiciones carentes de cualquier base indiciaria” sobre un posible riesgo de reiteración delictiva o de destrucción de pruebas.