El Gobierno no ve aún delito de rebelión en Puigdemont

No será el Gobierno quien se ponga en primera línea a catalogar posibles delitos en los que haya incurrido o pueda incurrir el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, ha optado por restringir al máximo la iniciativa del poder ejecutivo al dejar en manos de jueces y fiscales las acciones necesarias para impedir que se celebre el referéndum independentista del 1-O.

La hipótesis de imputar a Puigdemont el delito de rebelión, si proclama la independencia de Cataluña, no está en la estrategia del Gobierno. “Por lo ocurrido hasta ahora, no creo que el señor Puigdemont pueda ser acusado de rebelión aunque eso corresponde a jueces y fiscales y son ellos quienes deben hacer esas consideraciones”, apuntó el ministro a EL PAÍS.

Máxima prudencia

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, había realizado horas antes todo tipo de consideraciones respecto a la posibilidad de que el gobernante catalán pudiera ser imputado por un delito que llevara consigo la privación de libertad. La fiscalía no ha considerado “oportuno” pedir la detención de Puigdemont aunque esa posibilidad “está abierta”, reconoció Maza en el programa Más de Uno de Onda Cero.

La fiscalía considera que el president ha incurrido ya en presuntos delitos de prevaricación, desobediencia y malversación en sus acciones para preparar el referéndum ilegal del 1 de octubre, en contra de la prohibición expresa del Tribunal Constitucional. Por ello se podría pedir la detención del jefe del Gobierno catalán, pero “eso no quiere decir que se pida o no”, matizó el fiscal general.

Sobre Puigdemont pesa ya una querella por delitos de prevaricación, malversación y desobediencia que seguirán su curso. Fuentes del Gobierno aseguran que se quiere actuar con máxima prudencia, centrarse en explicar que el referéndum del 1-O no puede celebrarse y dejar los asuntos penales a los fiscales y los jueces.Los eurodiputados del grupo popular están inmersos en una campaña de explicación a sus colegas. Una declaración de independencia “por la fuerza” por parte de las autoridades catalanas supondría la salida inmediata de Cataluña de la Unión Europea, insisten.

El vicepresidente primero del Grupo Popular Europeo, Esteban González Pons, quiso hacer ayer un recordatorio: “Tras el Brexit, Europa sabe que se la juega en Cataluña”.

La actividad del portavoz de los eurodiputados españoles está siendo muy intensa en Bruselas para tratar de contrarrestar la comprensión que pudiera tener en el Parlamento Europeo, en la Comisión Europea y en todas las instancias comunitarias la versión de los independentistas catalanes. No ahorró dramatismo en sus consideraciones, realizadas en un encuentro informativo en la sede del Europarlamento y la Comisión Europea en Madrid, sobre las consecuencias de las intenciones del Gobierno catalán de tratar de realizar la consulta ilegal.

“Una Cataluña independiente por la fuerza saldría de la unión transfronteriza y tendría que levantar barreras físicas y económicas terrestres, marítimas y aéreas con el resto de las fronteras dentro de España y fuera”. Así, advirtió González Pons, “habría que levantar frontera con pinchos entre Vinaroz y Alcanar”, en referencia a dos poblaciones colindantes pertenecientes a Castellón y Tarragona, respectivamente.