Inhabilitado 10 años un juez por cerrar un caso en el que se acusaba a un amigo suyo

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 10 años de inhabilitación por un delito de prevaricación al magistrado Fernando Presencia Crespo, juez decano de Talavera de la Reina (Toledo), por archivar unas diligencias abiertas por el atropello a un peatón y la posterior fuga del conductor. Presencia ya estaba suspendido de manera provisional.

 La sentencia, que confirma también la condena a una multa de 3.600 euros impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, considera probado que, siendo titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Talavera de la Reina, el magistrado dictó un auto de sobreseimiento de la investigación abierta por un supuesto delito de omisión del deber de socorro y transformó en falta por imprudencia leve, no en delito, las lesiones derivadas del atropello para “favorecer” al conductor denunciado, que era amigo suyo.

Según la Sala de lo Penal hay varios elementos que reflejan que el magistrado se “desvió” de la ley: no hizo una investigación real de los hechos, su contenido fue contrario a lo que la instrucción sugería y no existen argumentos jurídicos que pudieran prestar “un mínimo soporte” al contenido de su resolución.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Pablo Llarena, afirma que entre el juez y el encausado existe una amistad que Presencia ha negado y que esa amistad no surgió después de la decisión de archivar el caso, sino que ya existía en el momento en que dictó esos autos. La sala ha examinado los pasos del magistrado en su investigación y destaca que se limitó a tomar declaración al conductor denunciado, lo que sugiere “que quien dirige la investigación ha abandonado el compromiso de querer averiguar lo verdaderamente acontecido”. Según el Supremo, Presencia renunció a tomar declaración como testigo a un transeúnte que vio el accidente y lo denunció, y tampoco citó a la propia víctima ni reclamó el atestado policial.

Esta es la primera condena firme que recae sobre el juez Presencia, que la semana pasada fue condenado por el tribunal superior de Castilla-La Mancha por el mismo delito (prevaricación) y a la misma pena (10 años de inhabilitación) por un caso muy parecido: archivar la causa abierta contra un amigo suyo que estaba siendo investigado por estafa.