El Gobierno buscará la inhabilitación de Junqueras cuando active el referéndum

Oriol Junqueras solo se mostró dispuesto a coordinar y controlar los preparativos del referéndum del 1 de octubre tras forzar un cambio en el Govern. Buscaba consejeros comprometidos a asumir la responsabilidad de modo colegiado. El Gobierno central, sin embargo, no va a entrar en esa lógica y acechará personalmente al vicepresidente de la Generalitat en cuanto estampe su firma en alguna medida relacionada con la consulta, aseguran fuentes de La Moncloa. Confían en que el Tribunal Constitucional le inhabilite y acabe con su carrera política.

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Nada se espera en el Gobierno de Rajoy del actual presidente catalán. No le conceden a Carles Puigdemont la oportunidad de que aplique algún freno o moderación a su gestión en estos próximos y decisivos meses antes del 1 de octubre. Comprueban a diario que está absolutamente decidido a llevar a la Generalitat de Cataluña a ese choque institucional de imprevisibles consecuencias. Y constatan, tras la remodelación la semana pasada de su gabinete, que ahora Puigdemont sí cree disponer de un Gobierno a su medida y claramente independentista. Rajoy entiende que es imposible establecer algún diálogo con Puigdemont, así lo concluyó hace meses y no va a facilitar ningún gesto o contacto que se preste a equívocos, aseguran fuentes del Gobierno.

Amortizado Puigdemont, el PDeCAT y el nacionalismo moderado, en el centro de la diana está Junqueras, más incluso que ERC. Y se observan y analizan en esa clave todos sus movimientos, sobre todo tras los ajustes en el Gobierno catalán y el teórico fracaso de la compra de las urnas. Junqueras exigió a Puigdemont la depuración de los consellers menos radicales y la solidaridad de todo el Govern en los siguientes pasos como condición para asumir el mando total del proceso hacia el referéndum. Fuentes conocedoras de la negociación aseguran que rechazó la exigencia que le planteó el presidente de relevar al consejero de Justicia, Carles Mundó, de ERC, a cambio de la sustitución de tres consejeros del PDeCAT. Asumió el proceso pero este martes, en la primera reunión del nuevo equipo, no se aprobó la compra de las urnas como se había anunciado y Junqueras, que ha asumido esa competencia, no firmó nada.

En el Gobierno no creen que esa inhibición sea casual. Le dan la máxima importancia. Resaltan que tras la reforma de la ley del Tribunal Constitucional y sus recientes sentencias sobre la ilegalidad de las actuaciones preparatorias de actos ilegales no hay responsabilidades colegiadas y si la Generalitat no cumple sus obligaciones las actuaciones se dirigirán contra el conseller que haya firmado la compra de urnas, la ley del referéndum o la ley de transitoriedad jurídica. Y ese tendría que ser Junqueras.

Cuando Rajoy encomendó a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el asunto catalán y la llamada Operación Diálogo, en La Moncloa se pensó que el interlocutor válido debía ser Junqueras. Se abrieron más vías y se emprendieron conversaciones con diversos sectores de la sociedad catalana pero con la vista en que la referencia de futuro, tras unas hipotéticas elecciones autonómicas, debía ser el actual vicepresidente. Si Junqueras estampa su firma en un acuerdo recurrible por el Constitucional y es inhabilitado habrá sentenciado al mismo tiempo sus opciones de ser presidente de Cataluña.

Las encuestas oficiales del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y otros sondeos estudiados en La Moncloa reflejan ese hundimiento del PDeCAT y reafirman que el votante nacionalista se decanta hacia ERC, el independentismo original.