El Tribunal de Cuentas acelera los trámites para que Mas pague los gastos del 9-N

El Tribunal de Cuentas ha acelerado los trámites para que el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y otros exmiembros del Ejecutivo catalán paguen los gastos que ocasionó la consulta independentista del 9-N antes del próximo 1 de octubre, fecha en que está prevista la celebración de otro referéndum secesionista en Cataluña.

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La consejera del Tribunal de Cuentas Margarita Mariscal de Gante ha iniciado los trámites para exigir responsabilidad contable derivada de los gastos con dinero público que ocasionó la consulta del 9-N a Mas, a la exvicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega; al exportavoz del Gobierno catalán Francesc Homs, y a la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau.

Mariscal de Gante es quien propone a la comisión de gobierno del tribunal el nombramiento de un instructor que debe ahora dilucidar en qué partida se produjeron las anomalías y qué parte de estas cantidades es susceptible de ser devuelta al erario público. La intención de este órgano es que las diligencias estén terminadas antes del próximo 1 de octubre. 

Los trámites tienen relación con la denuncia que interpusieron tres asociaciones —Sociedad Civil Catalana, Acción Cívica y Cultural y Abogados Catalanes por la Constitución— contras estos dirigentes en la que señalan que destinaron indebidamente 5,1 millones de euros para el desarrollo del citado proceso consultivo.

En esta denuncia, las tres asociaciones ven siete motivos para exigir responsabilidad a estos dirigentes por el desvío de dinero público con destino a la consulta del 9-N. El tribunal tendrá que identificar las partidas gastadas por cada uno de los investigados y exigirles este dinero.

Un primer análisis de la denuncia apunta a que efectivamente se gastaron fondos públicos fraudulentamente. Una vez que se individualicen las cantidades que tienen que pagar, se les requerirá a cada uno para que las abonen. Si no lo hacen, el tribunal embargará de inmediato cuentas y bienes de los afectados para resarcir al erario público el dinero gastado indebidamente en la consulta.