Ciudadanos frena a sus críticos en los tribunales

Ciudadanos ha ganado dos juicios en 15 días a antiguos afiliados y cargos orgánicos que recurrieron su expulsión del partido. La formación que dirige Albert Rivera ha expulsado a más de 1.800 personas desde que decidió expandirse por toda España a finales de 2014, según los datos de su Secretaría de Organización. Desde entonces, el partido se enfrenta a la difícil digestión de los distintos orígenes e intereses de los recién llegados. A las expulsiones por no cumplir con el reglamento interno o la política de pactos establecida por la Ejecutiva les han sucedido las demandas de los afectados (en su mayoría, no aceptadas a trámite) y dos juicios. EL PAÍS ha accedido a sendas sentencias favorables al partido que condenan al pago de las costas a los demandantes.

Decenas de perfiles en redes sociales han alentado en los últimos meses la presentación de demandas contra Ciudadanos, con el objetivo declarado de hacer coincidir las sentencias con la campaña electoral del 26-J, según comprobó este diario. Además, estas cuentas intentaron viralizar y convertir en tendencia en Twitter la etiqueta #juicioaciudadanos y distribuyeron fotografías de los dos miembros de la dirección del partido que tuvieron que testificar en el primero de los juicios. Por ahora, sin embargo, solo se han juzgado dos demandas, en Tenerife y Badajoz, y en ambos casos se ha impuesto la posición de Ciudadanos.

"La justicia da la razón a nuestros estatutos y a las acciones disciplinarias que toma el partido", aseguró Fran Hervías, secretario de Organización de Ciudadanos, integrante de su Ejecutiva y responsable de su expansión nacional.

Ciudadanos apostó por una agresiva estrategia de implantación nacional que incluyó absorber uno a uno a los integrantes de partidos previamente disueltos; sumar a excargos de otras formaciones; y atraer a recién llegados a la política para completar las listas que presentó a las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015. Como consecuencia, tiene casi 100 diputados autonómicos y más de 1.000 concejales, así como un buen puñado de afiliados y exafiliados críticos que disienten de la labor de la dirección y se han agrupado en una plataforma para hacer oír su voz.