La movilidad, a la mesa del Consejo de Ministros

El pasado mes de abril, la Dirección General de Tráfico (DGT) hacía público un nuevo sistema de clasificación de los vehículos en virtud del cual estos se catalogaban en función de los niveles de contaminación que emiten. La clasificación se hace visible mediante distintivos que se adherirán en los vehículos, desde aquellos que no generan emisiones hasta los que por antigüedad o combustible más producen.

La medida, en sí misma, parece razonable. Como ya ocurre en otros ámbitos, la transparencia e información de los productos de consumo deben ser cada vez mayores en nuestra sociedad. Lo que ya parece más extraño es el entorno de su puesta en marcha. Se entiende que la medida es una herramienta para una determinada política estratégica. La pregunta es: ¿qué política? ¿dónde queremos llegar o hacia dónde queremos ir?, ¿qué objetivos y directrices nos trazamos como país para la contaminación que la movilidad general produce?

Algo similar ocurre con los megacamiones o las bicicletas. El uso de los primeros se acaba de regular. Pero, ¿qué estrategia tenemos con ellos? ¿es el modelo de transporte de mercancías? ¿se desea su evolución o simplemente se atiende a la presión de determinados colectivos? Y, respecto a las segundas, ¿adoptamos decisiones de infraestructuras ? ¿las protegemos? ¿bonificamos su uso en el desplazamiento laboral? En este último caso, resulta llamativo que se haya elaborado un Plan Estratégico de la Bicicleta por la propia sociedad civil, sin liderazgo ni participación alguna de ningún Gobierno en sus diferentes niveles.

A todo lo anterior se une un nivel de siniestralidad vial estancado. Es cierto que su reducción no es fácil, porque los índices de siniestralidad son ya muy bajos. Pero es que hay que seguir avanzando como sociedad. Y los métodos tradicionales, centrados en la fiscalización del conductor, parecen necesitar de decisiones más complejas y transversales que implican a más actores y agentes que el de la propia vigilancia de las vías.

El resumen de todo lo anterior es que el tráfico, como concepto que gestiona una unidad administrativa, la DGT, debe dar paso a un concepto superior: la política de movilidad. Es algo más que gestionar o fiscalizar el desplazamiento de los vehículos de motor. Es preciso tomar decisiones como Estado sobre nuestra movilidad, en sus diferentes modos y alternativas, y presentarlas a la sociedad como una política integral y cohesionada. Decisiones que marquen a ciudadanos, empresas e instituciones una dirección como país y con ella, un camino que deben emprender en los próximos años. El mayor o menor peso del vehículo privado, de la bicicleta, la fiscalidad del automóvil (a todos los niveles), las decisiones de construcción, mantenimiento o uso de infraestructuras, de las vías verdes o el peso de las áreas peatonales urbanas deben fijarse como estrategia plurianual y transversal en el Estado.

Y todo esto, como bien conocen los que trabajan en política y administración pública, solo se consigue de un modo: con un órgano político al más alto nivel. Comienza a ser urgente, si queremos planificar algo el futuro de nuestro modo de desplazarnos, la creación de una Secretaría de Estado de Movilidad. Para los que no conocen el funcionamiento del aparato del Estado una Secretaría de Estado supone sentar a un responsable los miércoles ante el vicepresidente del Gobierno con el resto de Secretarios y subsecretarios de todos los Ministerios. Es el denominado "pre Consejo de Ministros". Es ahí donde puede decidirse una política de Estado, porque es ahí, en esos miércoles, donde se juntan en la misma mesa los más altos responsables de todos los Ministerios. Solo si la Movilidad tiene allí un apellido y una silla, será una política. Imposible si no la tiene.

Es el momento de hablar de ello. Porque ahora debe hablarse de políticas. Porque no es un tema de izquierdas, derechas, partidos nuevos o partidos viejos. Porque es un tema estructural que solo si se centra como debate nos permitirá diseñar modelos explicables y responsables a nuestros hijos en un futuro. Ahora que todos hacen promesas de políticas públicas, ahora es el momento. Nunca una Secretaría de Estado se apellidó "de Movilidad" y se sentó un miércoles en la Moncloa. ¿algún partido se compromete? Animo, es el momento.

Ramón Ledesma es exsubdirector de Normativa de la DGT durante la etapa de Pere Navarro y actual asesor de la consultoría PONS Seguridad Vial.