La Audiencia revisará los certificados de estudios de 76 etarras históricos

La Audiencia Nacional revisará los certificados de estudios que sirvieron a 76 miembros de la banda terrorista ETA para acortar sus condenas de cárcel. El juez Juan Pablo González ha admitido a trámite una denuncia del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) en la que se pone de manifiesto la supuesta falsedad de los certificados de Selectividad y del curso de acceso a la Universidad para mayores de 25 años presentados por los etarras para iniciar sus estudios universitarios y así redimir hasta la mitad de su pena.

Entre los terroristas denunciados por Covite están dirigentes históricos de la banda como Francisco Múgica Garmendia Pakito, Ignacio de Juana Chaos o Ignacio Arakama Mendia, Macario. También figuran militantes con decenas de asesinatos a sus espaldas y condenados a miles de años de cárcel como Domingo Troitiño Arranz, Inmaculada Noble o Inés del Río, beneficiados por la derogación de la llamada doctrina Parot, que contabilizaba los beneficios penitenciarios sobre el total de la condena y no sobre el máximo de cumplimiento efectivo de 30 años. Fuentes de la Audiencia Nacional apuntan la posibilidad de que esta investigación, de prosperar, obligue a revisar los cómputos de cumplimiento de algunos de esos terroristas.

El juez González requiere a la Universidad del País Vasco y a la delegación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Bergara (Gipuzkoa) que entreguen los certificados de las vías de acceso a la universidad de los 76 denunciados por Covite. También reclama las actas de examen de Selectividad y curso de acceso a la universidad para mayores de 25 años, firmadas por el tribunal.

El magistrado también reclama a la Guardia Civil un informe sobre la supuesta falsedad de estas vías de acceso a los estudios superiores, así como sobre la pertenencia de los 76 etarras al frente de cárceles de la banda.

Covite aportó en su denuncia pruebas de que esos documentos habían sido falseados, por ejemplo, utilizando DNI con números correlativos, duplicando los números de identificación o estableciendo que cursaron los exámenes de acceso hasta diez años después de haber comenzado los estudios. En otros casos, ni siquiera constan las vías de acceso.

Los beneficios penitenciarios por redenciones por estudios, se añadía en la denuncia, han podido suponer para los presos de ETA descuentos cercanos a la mitad de la condena. Covite puso el ejemplo del etarra José Ignacio Gaztañaga Bidaurreta, que según la documentación aportada redujo su pena de prisión doce años a raíz de los beneficios obtenidos del trabajo y los estudios.