El color político de los impuestos

Los impuestos también tienen ideología. La competencia tributaria de las comunidades autónomas ha avanzado en los últimos años y los Gobiernos regionales han aprovechado para ejercerla. Han impregnado la fiscalidad autonómica de un barniz político.

El principal tributo en el sistema fiscal español es el impuesto sobre la renta (IRPF). Las comunidades tienen cedido el 50%. Las Administraciones gobernadas por el PP han legislado para rebajar el gravamen máximo del impuesto por debajo del tramo estatal, lo que ha favorecido a las rentas más elevadas. Asimismo han aprobado deducciones y ayudas para familias numerosas y gastos escolares, decisiones que apuntalan su doctrina política liberal.

Madrid es el paradigma. Se ha convertido en un paraíso fiscal dentro de España. Es la comunidad con los impuestos más bajos. Madrid tiene el tipo máximo del IRPF más bajo  entre todas las comunidades, en el 44,5% frente al 49% de Andalucía y Asturias. Aragón, Baleares, Castilla y León y Galicia, todas gobernadas por el PP, también han limitado el gravamen máximo. Así un contribuyente con una renta media de 30.000 euros tendría que pagar en Madrid unos 4.932 euros frente a los 5.205 que debería abonar en Andalucía o Cataluña. Las Administraciones gobernadas por los socialistas han considerado durante la crisis que había que repartir los sacrificios y han tendido a subir más los impuestos para las rentas más altas.

La asimetría fiscal también se refleja en el impuesto sobre Patrimonio —Madrid es el único territorio donde está exento—, en el de Sucesiones o Donaciones. También en los impuestos vinculados al ladrillo como el de Actos Jurídicos Documentados y Transmisiones Patrimoniales (AJD y TPO), donde las comunidades donde el PP ha gobernado durante varias legislaturas tienden a tenerlos más bajos que el resto.