El Constitucional suspende la ley de acción exterior catalana

La ley catalana de Acción Exterior quedó ayer suspendida como consecuencia de la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional de un recurso del Gobierno, que considera que la Generalitat invade competencias de la Administración central. Pese a la suspensión de la norma la Generalitat dejó claro ayer que continuará su labor en política exterior amparándose en el Estatuto de Autonomía.

El recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno el pasado 6 de marzo pedía al Alto Tribunal la suspensión cautelar de la norma mientras dirime sobre su encaje en la Constitución. La norma catalana, aprobada el pasado noviembre, define las lineas de actuación internacional de la Generalitat, sus estructuras organizativas y los mecanismos de gestión y planificación.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha recurrido 17 artículos de la ley con el argumento de que la Constitución reserva al Estado la competencia exclusiva en materia de relaciones internacionales y que compete al Gobierno de la nación dirigir la política exterior.

El consejero catalán de Presidencia, Francesc Homs, aseguró ayer que la actuación del Gobierno atenta “contra el ejercicio de las competencias propias, reconocidas a través del Estatuto de Autonomía, del Parlamento catalán en relación con la ley de Acción Exterior”.

Según Homs, la ley recurrida por el Gobierno se “adecua absolutamente” a la ley, a la Constitución y al Estatuto. También consideró que el recurso no afectará al funcionamiento de las delegaciones que la Generalitat tiene en el exterior. El Gobierno catalán ya dispone de cinco delegaciones —Nueva York, París, Berlín, Londres y Bruselas— y, en cuestión de semanas, prevé abrir las nuevas de Viena y Roma, cuyos decretos de creación también impugnó el Gobierno central.

Esquerra Republicana, socia de CiU en Cataluña, apoya la línea de actuación de la Generalitat en este sentido. El diputado Jordi Solé alegó que “el Gobierno obliga a Cataluña a hacer política exterior propia” porque Cataluña forma parte de un Estado que “no representa bien sus intereses”.

El diputado de ERC Jordi Solé también ha cargado contra el recurso del Gobierno y ha asegurado que con estas actuaciones “el Gobierno obliga a Cataluña a hacer política exterior propia”. En opinión del diputado republicano el Gobierno “confunde” la diplomacia tradicional con el concepto de “diplomacia pública” que la Generalitat fomenta a través de sus delegaciones y de entes como DiploCat.